Los varapalos judiciales al proceso independentista catalán
Tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional han condenado en varias ocasiones distintas medidas secesionistas
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1234567El Estatuto, cuestionado por el TC
Montilla y Mas en el Parlamento catalán en 2010 tras aprobar una medida de defensa del Estatuto frente al TC - efe El Tribunal Constitucional se posicionó en 2010 respecto al Estatuto de Autonomía catalán y afirmó, ante posibles propuestas separatistas, que «la Constitución no conoce otra que la nación española». La resolución contó con 881 páginas y supuso la resolución de un recurso presentado por el Partido Popular en el año 2006.
Otras materias que se habían tratado en el Estatuto de Cataluña también fueron abordadas por el Constitucional. En relación al deber de conocer la lengua catalana este Alto Tribunal afirmó que este «no es jurídicamente exigible con carácter generalizado», mientras que la creación de un Consejo de Justicia de Cataluña fue calificada por el TC como un «evidente exceso», al considerar que el único órgano de gobierno del Poder Judicial es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El Tribunal Supremo y la inmersión lingüística
El Tribunal Supremo anuló varios artículos en materia lingüística - efe El Tribunal Supremo anuló en 2012 varios artículos de un decreto de la Generalitat en materia de educación lingüística. Según el Alto Tribunal, algunos aspectos de esta medida excluían el uso normal del castellano e imponían la lengua catalana a la comunidad educativa.
Concretamente, el TS tumbó una serie de medidas como que el catalán debía ser la lengua de expresión en las actividades de las escuelas, la separación de alumnos en función de la lengua o la obligación de los centros educativos a aprobar un proyecto educativo para conseguir la normalización del catalán en todos los ámbitos docentes y administrativos.
El Supremo defendió de esta forma el uso del castellano en Cataluña, al rechazar que «quede reducido en su uso al de objeto de estudio de una asignatura más, sin que se haga efectiva su utilización como lengua docente y vehicular en la enseñanza».
El TS tumbó unas oposiciones «en catalán»
Sala del Tribunal Supremo, que anuló unas oposiciones en Cataluña por la obligatoriedad del catalán - isabel permuy Pocos meses después, el Tribunal Supremo también anuló unas oposiciones convocadas por la Generalitat porque estas exigían el conocimiento de la lengua catalana para unos puestos de funcionario que podían ser destinados fuera de Cataluña.
La sentencia llegó tras un recurso del Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local que, antes de pasar por el Supremo, había sido desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Según el fallo del TS, exigir una prueba de catalán para superar estas oposiciones carecía de «justificación razonable» y creaba una situación de «injustificada desigualdad con respecto a las personas de otras regiones que se presentaban al proceso.
Los rótulos en castellano, defendidos por el Constitucional
Rótulos en Castellano de un establecimiento en Barcelona - ines baucells Hace dos años el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional un artículo de la Ley 3/1993 del Estatuto del Consumidor de Cataluña. Esta normativa se encargaba de las sanciones de las infracciones contra los derechos de los consumidores entre 1993 y 2010 y fue el promotor de iniciativas como la obligatoriedad de los establecimientos a atender o rotular en catalán.
A pesar de que esta normativa fue sustituida en agosto de 2010 por la Ley 22/2010 del Código de Consumo de Cataluña, la sentencia del Constitucional permitió que también quedaran anulados procesos sancionadores que se abrieron al amparo de esta ley.
Frances Homs, portavoz de la Generalitat, afirmó que los miembros del TC «se han pronunciado sobre una cosa que ya no existía. Es como si el médico hace un diagnóstico y da unos resultados de una persona que está muerta».
El fiscal superior de Cataluña dimitió tras apoyar la consulta
Rodríguez Sol dimitió tras sus polémicas declaraciones sobre Cataluña - ines baucells Martín Rodríguez Sol dimitió como fiscal superior de Cataluña en marzo de 2013, días después de realizar unas declaraciones en las que afirmaba que apoyaba la posibilidad de convocar una consulta soberanista en Cataluña. «Al pueblo hay que darle la posibilidad de expresar lo que quiere; en general a cualquier pueblo», afirmó Rodríguez Sol.
Eduardo Torres-Dulce, fiscal general del Estado, abrió un expediente al fiscal superior de Cataluña, quién finalmente dimitió pocos días después de haber realizado sus controvertidas palabras.
Pocos meses más tarde, Rodríguez Sol recibió el Premio Justicia de Cataluña 2013 de manos del presidente de la Generalitat, Artur Mas. En su discurso, tras recoger su galardón, afirmó: «Las leyes nunca pueden ser cadenas para impedir soñar, deben ser caminos de paz y que nos permitan llegar allí donde queremos llegar».
La «lealtad constitucional» de Cataluña
Rajoy (d), Pio García-Escudero (2d)Pérez de los Cobos (2i), y Lesmes (i) en la toma de posesión de Enríquez - efe El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, reclamó a Cataluña «lealtad constitucional» ante el desafío secesionista, entendiendo por ésta «la aceptación sin reservas de todas las reglas que integran la Constitución».
Pérez de los Cobos afirmó en la toma de posesión del nuevo magistrado Ricardo Enríquez que: «Todos los poderes públicos, en el ejercicio de sus funciones, deben abstenerse de adoptar decisiones o realizar actos que perjudiquen el interés general».
El TC anuló la declaración soberanista del Parlamento catalán
Miembros del TC, que se posicionó el pasado marzo en contra de la declaración soberanista del «Parlament» - efe Ocurrió durante el pasado mes de marzo. El Tribunal Constitucional resolvió por unanimidad que la declaración soberanista que llevó a cabo el Parlamento catalán en enero del año pasado era inconstitucional. Las razones esgrimidas por el Alto Tribunal se centraban en que «en el marco de la Constitución una comunidad autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España».
Los artículos que vulneraba la declaración del «Parlament», que afirmaba que «el pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano», eran el 1.2 y 2 de la Constitución y los artículos 1 y 2.4 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
En cuanto a las referencias al derecho a decidir de tal decreto, el Alto Tribunal entendió que éste «solo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional».
