Magdalena Álvarez recurre la «arbitraria» fianza de 29 millones que le impuso Alaya

En su recurso, al que ha tenido acceso Efe, el abogado de Álvarez dice que esa «pretendida confabulación» asumida de manera «arbitraria» parece apuntar «a más altas instancias de responsabilidad política de las que encarnaba mi representada, lo que hubiera de obligar a la magistrada a elevar la causa a más altas instancias judiciales».

El abogado Horacio Oliva recurre la fianza civil de 29 millones de euros y afirma que la juez de los ERE parte de «un prejuicio sobre la responsabilidad penal de mi representada que atenta contra la garantía esencial de la inocencia y que además supone un desbordamiento manifiesto del papel que el sistema jurídico impone al juez instructor».

A su juicio, de lo investigado hasta ahora no se deducen indicios de criminalidad suficientes para «imponer una medida de tan grave alcance» y el auto de Alaya «no llega en ningún momento a determinar qué concreta intervención delictiva se atribuye» a la exministra y exconsejera andaluza de Hacienda.

El recurso elevado a la Audiencia de Sevilla, de 53 folios, reprocha a Alaya haber hecho un «juicio anticipado de culpabilidad» que despierta «serias dudas» sobre su imparcialidad como instructora del caso de los ERE.

Entre otros, Oliva asegura que el ámbito de funciones de Magdalena Álvarez como consejera de Hacienda «no comportaba la aprobación de resolución alguna relacionada con la gestión, fiscalización o ejecución del gasto público».

«No se puede reprochar a Magdalena Álvarez, sin incurrir en arbitrariedad, que haya diseñado un procedimiento ilegal de concesión de ayudas sociolaborales -porque no tenía la competencia ni herramientas para ello- ni que haya permitido el desvío de fondos públicos, puesto que no le correspondía el control o fiscalización de los gastos efectuados en otra consejería», señala el recurso.

Oliva recuerda que el mecanismo de las transferencias de financiación para pagar las ayudas fue aprobado por el Parlamento andaluz, por lo que el razonamiento de la juez lleva a dos «alternativas igualmente descabelladas: o bien los 109 miembros del Parlamento han sido víctimas de un monumental engaño, o bien todos ellos deben ser inmediatamente imputados por delitos de prevaricación y malversación».

Este recurso de Oliva se une al que ya tiene presentado contra la propia imputación de Álvarez en el caso de los ERE, para cuyo debate la Sección Séptima de la Audiencia ha fijado una vista el próximo 23 de abril.