Gallardón: «El Estado tiene todos los recursos necesarios para impedir el desafío»

-¿Cómo interpreta el anuncio de referéndum de Artur Mas?

-Es un grave error, porque fractura la sociedad catalana, crea en una parte de ella unas expectativas que no se pueden cumplir, e introduce una tensión general, a la que el resto de España no es ajena. Es preciso rectificar antes de ahondar en ese daño. Nada de esto es necesario. Los problemas de los catalanes admiten otras soluciones. Lo que necesitan, igual que todos los españoles, son certidumbres, y no una huida hacia un callejón sin salida.

-¿Es legal esta consulta? ¿Cataluña puede realizarla?

-El presidente del Gobierno, la vicepresidenta, el líder del principal partido de la oposición y yo mismo hemos sido muy claros: es inconstitucional y no se va a realizar.

-¿Pero hay algún margen legal para que Artur Mas pueda llevar a cabo una consulta de este tipo?

-Ninguna Comunidad Autónoma puede celebrar una consulta sobre una materia que afecte a la soberanía nacional. El artículo primero de la Constitución es elocuente: «La soberanía nacional reside en el pueblo español». Por eso, la potestad exclusiva para convocar un referéndum sobre decisiones políticas de especial trascendencia corresponde a su único órgano de representación, el Parlamento, tal y como establece el artículo 92 de la Constitución. Y el artículo 149.1 32ª también es muy claro: el Estado tiene competencia exclusiva en materia de consultas populares vía referéndum.

-¿Podría pedir el presidente de la Generalitat la aplicación del artículo 150.2 de la Constitución ?

-Se trata de una solicitud jurídicamente inviable. La soberanía nacional es por naturaleza indelegable e intransferible, y ese artículo de la Constitución al que se refiere solo permite la delegación de «facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación».

-¿Cómo puede el Gobierno detener la consulta?

-La democracia española y el Estado de Derecho que la vertebra tienen a su alcance todos los recursos jurídicos y políticos necesarios para impedir que prospere cualquier desafío a la soberanía nacional.

- En el hipotético caso de que Mas siga adelante con su desafío soberanista, ¿qué puede hacer el Ejecutivo?

-Insisto en que el Estado de Derecho, y no solo el Ejecutivo, tienen todos los recursos necesarios. Empezando por el hecho de que, como dijo ayer la vicepresidenta del Gobierno, el Gobierno de España es también el Gobierno de los catalanes, y no nos vamos a desentender de su bienestar y su necesidad de seguridad jurídica, institucional y política. Vamos a trabajar para que esta iniciativa irresponsable tenga las menores consecuencias negativas posibles para los ciudadanos catalanes.

-Vamos a suponer que aún así se instalan las urnas para votar...

-Confío en que el llamamiento hecho por el presidente del Gobierno sea atendido, y que cada cual cumpla con las responsabilidades que tiene atribuidas, que empiezan por cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. A las cuales, por cierto, debe su cargo el presidente de la Generalitat.

-¿Puede Artur Mas incurrir en algún delito?

-Cualquier ciudadano puede incurrir en un delito dependiendo cuál sea su conducta. La ley es igual para todos. Nadie queda fuera de su alcance.

-¿Cabe el diálogo o la negociación con Cataluña?

-Creo que el presidente del Gobierno ha sido muy claro desde que asumió su responsabilidad: se puede hablar y negociar cualquier aspecto que Cataluña considere que se puede mejorar, exactamente igual que con el resto de las comunidades autónomas, siempre que se trate, evidentemente, de asuntos que puedan ser negociados. El Gobierno no puede disponer de la soberanía nacional, no le pertenece, es de los españoles, y por tanto sobre esto no puede negociar.

-¿Debería tener el Gobierno más presencia en esa Comunidad Autónoma?

-No es una cuestión de Gobierno, sino de Estado, y el Estado somos todos, incluyendo todas sus Administraciones, también las autonómicas. Quiero recordar, por ejemplo, que el presidente de la Generalitat es el representante ordinario del Estado en Cataluña, y esa condición le obliga. La Constitución define cuál es el marco competencial de las Comunidades Autónomas y los estatutos lo desarrollan.

-¿Le preocupa que haya quien cuestione la unidad e historia de España en este momento?

-Me preocupa que haya familias divididas en Cataluña, rupturas que han sido provocadas por sus representantes políticos. Y me preocupa también que ese sentimiento de ruptura llegue a asentarse entre el resto de los españoles, que por despecho no quieran seguir creciendo y conviviendo con Cataluña. Pero lo que la historia nos muestra de verdad es que, pese a todos los problemas, siempre hemos seguido adelante juntos.

-Si el TC se hubiera pronunciado ya sobre la declaración soberanista, ¿cree que estaríamos ante este mismo escenario?

-No puedo valorarlo, eso depende de quienes han impulsado esa iniciativa imprudente. El Estado de Derecho hace lo que tiene que hacer y cuando tiene que hacerlo.

-¿Habría alguna forma de agilizar resoluciones judiciales que afectan a temas de Estado, como es el caso?

-Insisto: yo confío plenamente en el Estado de Derecho, el Poder Judicial y en todos los órganos constitucionales. Hacen siempre lo que tienen que hacer.