El Gobierno inicia la enajenación de 15.135 inmuebles públicos sin uso

Fincas rústicas, oficinas, viviendas, solares, garajes locales comerciales edificios industriales y hasta trasteros hasta sumar 15.135 inmuebles tienen titularidad pública pero se encuentran a día de hoy sin uso, con los consiguientes gastos en mantenimiento e impuestos para el Estado. Es uno de los dispendios públicos a los que la reforma de las Administraciones Públicas ha empezado a poner fin, según explicó ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría .

La número dos del Ejecutivo adelantó que hasta 129 medidas –la venta de edificos entre ellas– del total de 218 anunciadas se han puesto en marcha desde que a finales del pasado junio echó a andar esta reorganización. Poco más de dos meses, con verano de por medio, que han servido para iniciar la ejecución de más de la mitad del programa comprometido.

El reto ahora es ir iniciando la ejecución del resto de medidas, algunas de las cuales dependen de otras admisnitarciones como las comunidades autónomas. No obstante, la vicepresidenta del Ejecutivo no dudó en cuáles son los próximos pasos a dar. «En este mes definiremos todas las medidas para extinguir fusionar o reorganizar los 57 organismos , entidades públicas de carácter estatal sobre los que el informe nos obliga a actuar», apuntó durante la reunión de la Comisión para la Reforma de las Admisnitraciones Públicas que presidió ayer en La Moncloa. «Este mes tiene que ser clave para iniciar y culminar, si es posible, este proceso», urgió.

Ayuda de la OCDE

Soraya Sáenz de Santamaría presidió ayer la reunión de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) ofreciendo sólo un adelanto del primer informe trimestral que la Administración General del Estado hará público el 20 de este mismo mes. Un informe que se convertirá en un índice de seguimiento de la ejecución de la reforma, con publicación periódica al igual que otros indicadores económicos. La vicepresidenta ha resaltado la «voluntad decicida y firme» del Gobierno para que «este informe se convierta en un plan completo de actuación» por lo que ha pedido a la Comisión trabajar «con la misma intensidad» que en la detección de las medidas de reforma.

Culminar esta reorganización es un proceso largo y complejo que requiere de un fuerte grado de constancia y compromiso y el Gobierno está decicido a poner toda la carne en el asador para que finalice con éxito y evitar que se quede en una declaración de intenciones. Por ello, ha solicitado a la OCDE que realice un informe sobre la implementación y resultados de la reforma. Se trata, ha explicado Sáenz de Santamaría , de obtener apoyo «en el seguimiento y la ejecución» del proceso ya que la OCDE «se encargará de ayudarnos y espolearnos» para «evitar caer en la autocomplacencia».

Así, durante los próximos meses observadores de este organismo internacional se personarán en los distintos ministerios para observar la marcha del proceso. Junto a ellos, también visitarán la Administración española observadores de terceros países que han pedido al Gobierno español asesoramiento sobre esta reforma, aunque Sáenz de Santamaría no ha querido detallar de qué países se trata. «Tenemos que dar máxima prioridad y máxima atención a estas misiones», ha pedido la número dos del Ejecutivo a los miembros de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas. El Gobierno confía en ahorrar 37.000 millones de euros hasta 2015, con esta reorganización.