Morosidad y subvenciones, «desde ya»

Reforma de la ley de Subvenciones

Tras observar las deficiencias en la actual normativa, en el informe se propone reformar la ley para reforzar la transparencia en la concesión y la competitividad en la selección de proyectos , financiando gastos estrictamente necesarios. Se buscará una mejor utilización de las distintas bases de datos de subvenciones de las distintas Administraciones, para asegurar la interconexión automática de las diferentes bases autonómicas o locales con la Base de Datos nacional de Subvenciones. Habrá interconexión de la Base de Datos Nacional de subvenciones con las bases de datos tributarias. Además, se flexibilizarán los trámites administrativos.

Ley de deuda comercial (morosidad)

La situación persistente de morosidad de las Administraciones Públicas ha supuesto que hayan incumplido el plazo legal de 30 días para el pago a sus proveedores, y han aumentado así su deuda comercial. El informe sostiene que un incremento en el período medio de pago a proveedores, y por tanto de su deuda comercial, pone en riesgo la sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas, al mismo tiempo que dificulta el cumplimiento en el medio plazo de sus objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública.

Por esto, la Comisión para la reforma de la Administración plantea la conveniencia de aprobar una nueva regulación para integrar el control de la deuda comercial en el principio de sostenibilidad financiera , así como introducir el concepto de período medio de pago a proveedores con el fin de controlar la deuda comercial

Ley de Impulso de la Factura Electrónica y creación del Registro Contable

La Ley será aplicable a todas las Administraciones, incluidas las entidades institucionales, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, e incluye actuaciones dirigidas a los proveedores y a las Administraciones Públicas.

Con esta iniciativa se pretende agilizar los procedimientos de pago al proveedor mediante el uso de la factura electrónica en el sector público y también en el sector privado, profundizando en las iniciativas europeas en este sentido. Se implantará la obligación de presentación en un registro administrativo de las facturas expedidas por los proveedores a cualquier Administración Pública y se creará un punto general de entrada de facturas electrónicas para que los proveedores puedan presentarlas y se tramiten electrónicamente.

Ley del Procedimiento Administrativo

La agilización en el procedimiento administrativo y la simplificación de los trámites es uno de los objetivos que se plantea en el informe para la reforma de la Administración. El presidente del Gobierno sostiene que una economía competitiva exige unas Administraciones públicas modernas , transparentes y ágiles, volcadas al servicio de los ciudadanos y las empresas, y equiparables a los sistemas más eficaces de nuestro entorno.

Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

La ley en vigor data de 1992 y recoge la concepción constitucional de distribución de competencias. Regula el procedimiento administrativo común y fija las garantías mínimas de los ciudadanos respecto a la actividad administrativa. La reforma que se plantea está en consonancia con ese cambio de «cultura» de la gestión pública que anunciaban Rajoy y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría , en las administraciones.

Lo que cuesta la luz, el el teléfono y una notificación postal

El presidente del Gobierno planteó otras modificaciones que se llevarán a cabo a la mayor brevedad. Por ejemplo, cambiará la metodología en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para lograr las contrataciones más ventajosas. Así, un Ministerio ya no va a presupuestar en luz o teléfono lo que gastó el año pasado menos lo que debe recortar, sino que deberá gastar haciendo una gestión óptima según el tamaño de las instalaciones y el número de empleados. Es el «presupuesto de base cero».

En el capítulo de las duplicidades de las Comunidades, Rajoy subrayó que el Ministerio de Exteriores ofrecerá que las oficinas autonómicas se instalen en las embajadas y consulados, lo que redundaría en el principio de unidad de acción exterior del Estado. «Se ahorraría mucho dinero a los ciudadanos de nuestro país».

Otra propuesta es ser mucho más rigurosos a la hora de fundar nuevas empresas públicas . Habrá un cambio legal que defina mejor qué tipo de organismos públicas se pueden crear, qué finalidad especial justifica su creación y con qué recursos van a funcionar. Además, se simplificarán los procedimientos de evaluación ambiental, se implantará una ventanilla única para el comercio exterior, se simplificarán los trámites para abrir un empresas y se creará un servicio general de notificaciones electrónicas. Un comentario que Rajoy añadió para que se vea su significado: una notificación postal cuesta 2,55 euros; una notificación electrónica se queda en 0,19 euros.