La reforma de la Administración permitirá ahorrar 8.000 millones de euros

La reforma de las administraciones ha partido, como ha explicado Rajoy, de la necesidad de racionalizar el gasto público, pero también del compromiso político para emprender un cambio que se considera histórico en la Administración y la Función Pública. De hecho, algunas propuestas podrían requerir cambios en estatutos de autonomía , y la vicepresidenta Santamaría ya advirtió de que haría falta mucha generosidad por parte de todos y «altura de miras».

La Comisión abrió un buzón de participación ciudadana, en el que se recibieron 2.239 sugerencias sobre duplicidades y simplificación administrativa . En el informe, de unos 2.000 páginas, se plantean 217 propuestas, más de la mitad destinadas a eliminar duplicidades con las Comunidades Autónomas y dentro del Estado. Unas 40 se refieren a la eliminación de trabas y a la simplificación de procedimientos.

El marco de referencia de la reforma es la ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Junto a esa norma, la ley de Transparencia es otra de las bases de la reforma de la Administración.

La racionalización de la Administración es uno de los ejes de la reforma. El Gobierno ya ha aprobado otras medidas dirigidas a reducir las entidades y empresas públicas y que afectan al régimen legal aplicable a los directivos de empresas y organismos públicos. Ahora se trata de clarificar el marco normativo que regula la organización del sector público en España . Se pondrá la lupa en los entes que con similares características existen en las Comunidades y las Entidades Locales, y se impulsará un marco básico común que ponga orden en la dispersión actual.

La eliminación de duplicidades con las comunidades autónomas es otro de los objetivos principales, junto a la mejora de la eficiencia. Se trata de «poder seguir prestando el mismo servicio, con igual o mejor calidad, a menor coste» . Se reforzarán los mecanismos de planificación conjunta o de gestión integrada en los ámbitos en los que, pese a no detectarse duplicidades, concurren competencias sectoriales y territoriales. Así, se prevé la conexión de bases de datos y los registros públicos estatales y autonómicos, así como la puesta en práctica de la «ventanilla única» para el ciudadano y el acceso de éste a toda la información de que disponga la Administración sobre él a través de internet.