¿Por qué es tan exageradamente cara la luz en España?

Bruselas lleva tiempo advirtiendo de que en nuestro país pagamos una de las facturas más caras del continente y a pesar de ello su importe va en aumento año tras año. Según el último informe de Eurostat, España es el país con mayor coste de distribución eléctrica de la UE, con 6 céntimos por kilovatio a la hora frente al medio céntimo que se paga por este concepto en países como el Reino Unido o Bulgaria.

Sin razón aparente la luz se ha encarecido más del 70% en la última década. Pero, ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Qué ha pasado en nuestro país con el precio de la luz?

¿Qué se incluye en el recibo de la luz?

En la factura de la luz aparecen tres conceptos: consumo, potencia contratada e impuestos. En concreto los impuestos (un 21% de IVA y un 4,864% de impuesto especial sobre la electricidad) suponen más de una cuarta parte de la factura.

Pero ese es el último capítulo. Primero hay que generar esa electricidad y segundo, hay que hacerla llegar a los hogares.

La primera parte de lo que se paga en la factura son los costes liberalizados, es decir lo que cuesta generar esa energía, que puede tener distintos orígenes -nuclear, fotovoltaica, eólica... Su precio final y común a toda la energía eléctrica, independientemente de su origen, se decide en la famosa subasta CESUR y supone un 44% de lo que pagamos.

El segundo bloque son los costes regulados o peajes, que están en manos del Gobierno y suponen el 56% de la factura. Aquí se incluyen los costes de distribución y transporte de esa energía hasta nuestros hogares y otros conceptos más complejos, como las subvenciones a las renovables, o el famoso déficit de tarifa.

¿Quién decide a cuánto va la luz?

El precio de la energía eléctrica (en concreto de la TUR, Tarifa de Último Recurso) se decide en la subasta Cesur (Contratos de Energía para el Suministro de Último Recurso), un complejo mecanismo que se hizo popular hace unas semanas, cuando fue anulado por el Gobierno.

En esta subasta concurren minoristas y mayoristas (mayoritariamente eléctricas y organismos de inversión) y se negocia el precio que se va a pagar por la luz en los tres meses siguientes. Si se hubiera dado por buena esta última, el precio de la luz se hubiera disparado un 11%, algo que el Gobierno tachó de «burda manipulación» por parte de las eléctricas.

Desde las organizaciones de consumidores siempre se ha apuntado que estas subastas son opacas y poco garantistas del libre mercado. Dicho de otro modo, se considera que se puede aumentar el precio tanto como se quiera y que en realidad nadie sabe bien qué factores están afectando al alza o a la baja el precio de la luz.

Uno de los argumentos más utilizados es que las cinco eléctricas - fundamentalmente Iberdrola, Gas Natural y Endesa- son juez y parte de la subasta. Son productoras de energía y a la vez son distribuidoras. Entonces deciden a qué precio se venden a sí mismas la luz.

En segundo lugar, Competencia lleva años denunciando las prácticas oligopolísticas de este sector. Considera que el precio de la energía se pacta (siempre al alza) en los despachos de las grandes eléctricas. Y en realidad Competencia no puede enfrentarse a esta práctica ya que los enormes beneficios que se pueden generar pactando precios compensan cualquier posible sanción, por elevada que sea.

Por último, se considera que existen barreras de entrada para nuevas empresas en este mercado, que garantizan la supervivencia de ese oligopolio. El resultado: la luz siempre va al alza.

El déficit de Tarifa

Durante años los sucesivos Gobiernos han ofrecido la energía a un precio menor que el costaba generarla. Puesto que el dinero que pagaban los consumidores no llegaba para pagar esos costes, se ha acumulado una deuda con las compañías eléctricas que se conoce como "déficit de tarifa"

El problema ahora es que ese sobrecoste van a tener que pagarlo directa o indirectamente los consumidores y con intereses. A día de hoy el déficit de tarifa supera los 26.000 millones de euros y solo el año pasado se generaron otros 3.600 en intereses. Una deuda pendiente que equivale al 3% del PIB y que nadie sabe bien cómo va a llegar a pagarse.

Las primas a las renovables

Para muchos las culpables de que esa deuda creciera de forma desproporcionada son las subvenciones a las renovables. Estas primas representaron en 2013 alrededor de 9.322 millones de euros. El problema se ilustra bien en una frase reciente del ministro de Industria : "El precio medio de producir un megavatio es de 50 euros. Si lo produce la energía eólica son 90 euros y si es la fotovoltaica, 450 euros".

Para equilibrar ese desfase el Gobierno, impulsado desde Europa, subvencionaba generosamente este sector desde 2005, por considerar que es menos dañino con el medioambiente y aprovecha recursos naturales en los que nuestro país es rico, como la luz solar o la fuerza del agua.

La reforma energética del actual Gobierno, pretende que gran parte de ese dinero deje de ir a las renovables y se dedique a sufragar el insostenible déficit de tarifa.

Sin embargo, desde el sector de las renovables se argumenta que en realidad esas ayudas se compensan con su presencia en la subasta eléctrica, abaratando el precio final de la energía. «Cuanta más energía renovable hay, menos demanda hay que casar», afirmaba Luis Crespo, de Protermosolar en declaraciones a ABC.

Cuatro millones de hogares

En nuestro país hay cerca de cuatro millones de hogares que no pueden hacer frente al mínimo de energía necesario para satisfacer sus necesidades básicas, como no pasar frío en invierno o poder ducharse con agua caliente. Familias para las que ese incremento del 70% es un problema que lamentablemente sólo puede resolverse apagando la luz.