La luz ha subido un 60% en España desde 2008

El aumento de la tarifa eléctrica para uso industrial ha sido del 27% desde 2008, el quinto más alto en la UE, siempre según los datos de Eurostat, que comenzó un nuevo método de cálculo a partir de 2007, por lo que los datos no son exactamente comparables con los de los años anteriores.

En cualquier caso, el aumento del recibo de la luz para consumo doméstico supera el 70% si se tomara como referencia junio de 2006, cuando el Gobierno eliminó el límite de subida del 2% anual establecido en 2002 por el Ministerio de Economía, cuyo objetivo era crear un marco estable y contener la inflación.

El sector arrastra desde principios de la década un déficit de tarifa -desfase entre el coste real de la electricidad y lo que efectivamente paga el consumidor final- que se acentuó a partir del año 2005 y que en la actualidad supera los 26.000 millones de euros.

Este déficit lo financian en primera instancia las eléctricas tradicionales. Posteriormente, esa deuda contraída con el sector se tituliza, las eléctricas recuperan las cantidades adelantadas y el pago del principal y los intereses, a 15 años, se asume por parte de los consumidores a través del recibo de la luz.

La actual tarifa de último recurso (TUR), que a partir de enero de 2014 se denominará precio voluntario al pequeño consumidor, está formada por dos elementos, los peajes y el coste de la energía, que representan alrededor de la mitad de la factura cada uno, y a los que se suman los impuestos.

Los peajes son fijados por el Gobierno y retribuyen lo que cuesta transportar y distribuir la energía eléctrica, las primas que se pagan a las renovables, el sobrecoste que supone generarla en sistemas extrapeninsulares y la financiación del déficit de tarifa.

La otra parte del recibo, el coste de la energía, se establece en la subasta Cesur, que tiene carácter trimestral, y en ella intervienen los agentes del mercado. La última se celebró el pasado 19 de diciembre y se saldó con una subida del 25,6% , lo que se iba a traducir en un incremento del 10,5% en el recibo final, alza que desde el Gobierno se consideró inasumible y anuló la puja.