Los 27 tratan de desbloquear la enquistada negociación sobre el acuerdo pesquero

Cerca de dos años después de que la Comisión Europea (CE) propusiera una drástica reforma, las negociaciones están en su recta final, pues el objetivo es concluirlas antes de que acabe junio. Para ello hace falta un pacto entre el Consejo de ministros de la UE (representantes de los Gobiernos) y la Eurocámara, y precisamente por este motivo, los titulares de Pesca intentarán alcanzar una nueva posición común.

El Consejo ya cerró una postura en febrero, pero difiere de la reforma que pretende el Parlamento Europeo (PE), que defiende tesis más ecologistas. En general, el Gobierno español prefiere el acuerdo de febrero, pero está dispuesto a ser flexible siempre que las nuevas condiciones «sean aceptables para su flota», porque ve prioritario conseguir un acuerdo rápido sobre la reforma durante este semestre, con Irlanda presidiendo la UE, según ha declarado el secretario general de Pesca, Carlos Domínguez.

Más allá de las explicaciones sobre las enmarañadas negociaciones europeas, los puntos más polémicos de la reforma siguen siendo el veto a los descartes (capturas no deseadas de peces que después, muertos son arrojados al mar) y el objetivo de alcanzar unos rendimientos máximos sostenibles (RMS) de existencias marinas.

En descartes, las medidas impuestas a los pescadores consisten en la descarga obligatoria de todas las capturas en los puertos. El Parlamento Europeo propone una tolerancia del 0% en descartes; el Consejo acordó que fuera del 7%, pero en la última propuesta que circula de la presidencia irlandesa de la UE y que examinarán los ministros se aceptaría un 5 %.

El descarte ha sido popularizado entre el público ajeno al sector por la campaña Niunpezporlaborda.org, que esta semana ha cumplido un año en España, con la reivindicación de que acabe el desperdicio que supone esa práctica, a la que el pescador se ve obligado muchas veces por el rígido sistema de cuotas de capturas de la UE.

En cuanto a los RMS o índices de mortalidad por pesca a niveles que permitan recuperar las poblaciones en 2020, el PE pide objetivos concretos en 2015, y en los grupos técnicos de los últimos días España y otros países han solicitado más aclaraciones. Una parte de la reforma sobre la que parece haber consenso es la relacionada con la organización del mercado, aunque no han transcendido los términos del compromiso, si bien este aspecto es muy importante por lo que pueda afectar al etiquetado el pescado y del marisco.

En cuanto a las temporadas pesqueras, la del atún rojo del Mediterráneo y del Atlántico ya está en marcha para las almadrabas y este mes comenzará para el cerco. España tiene una cuota superior a las 2.500 toneladas de atún rojo y esta semana el Gobierno ha anunciado que repartirá un cupo de 93 toneladas extra entre barcos que capturaban este pescado de forma accidental y que no disponen de cupo individual, como los de Canarias, de anzuelo del Mediterráneo o curricán del Atlántico.

Respecto a los precios, fuentes de la Federación Nacional de Cofradías Pesqueras, aseguran que desde Navidad hasta ahora han evolucionado «fatal», sobre todo en el Cantábrico, mientras que en el Mediterráneo van mal, pero «aguantan el tirón».

El sector de la acuicultura tampoco es ajeno a la crisis, según los últimos datos sobre precios de la patronal Apromar, que indican que en 2012 la cotización en primera venta de dorada fue de 4,31 euros/kilo (-13,8% respecto a 2011) y la de rodaballo 6,79 euros/kilo (-25,7%); por el contrario la de lubina se situó en 5,42 % (+2,8 %).