Los jueces piden al Gobierno explicar los motivos del indulto a Sáenz

El portavoz, José Luis Ramírez, ha mostrado el desacuerdo de su asociación con la Ley de Indulto, que data de 1870 y otorga al Ejecutivo «una facultad que puede interferir» en decisiones ajustadas a Derecho. En su opinión, no parece «razonable» la concesión en el caso de Sáenz cuando en otros supuestos se otorga de manera «muy restrictiva» . A su juicio, se trata de una norma «cuestionable» por la que, «sin motivación y sin conocer las razones, una persona condenada deja de serlo». «La discrecionalidad puede convertirse en arbitrariedad», ha añadido.

El portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, José Luis Armengol, ha advertido por su parte al Ejecutivo en funciones de que, con el indulto, «se ha puesto el listón muy alto» . Ha destacado que se trata de una situación en la que, dentro de un sistema de división de poderes ha existido «una inmersión del Ejecutivo respecto a lo que ha dicho el judicial», en referencia al dictamen negativo emitido por el Tribunal Supremo sobre el caso de Alfredo Sáenz. «Esperemos que se aplique con el mismo criterio a cualquier tipo de persona» , ha agregado Armengol en declaraciones a Europa Press. Por su parte, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, ha recordado que el indulto es «una medida unilateral y un derecho de gracia que sólo le corresponde aplicar al Gobierno» y que ha adoptado c on «el criterio en contra» del Tribunal Supremo y después de que la Audiencia Provincial de Barcelona dictara su condena. «Nosotros no podemos hacer una valoración ni positiva ni negativa. El ordenamiento jurídico reconoce al Gobierno la potestad de conmutar una pena en determinadas circunstancias y en este caso se trata de una persona con una trayectoria importante dentro del mundo financiero y empresarial», ha dicho Llarena.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes conceder el indulto a Alfredo Sáenz de la condena a tres meses de prisión e inhabilitación por un delito de acusación falsa cometido en 1994 contra unos acreedores de Banesto cuando era presidente de la entidad.