El Senado aprueba la ley Sinde

Los populares consiguieron arrancar de los socialistas un compromiso para que los jueces vigilen todo el procedimiento legal antes de que la Comisión de la Propiedad Intelectual decida cerrar una página web, endureciendo los requisitos que la ministra Sinde introdujo en el texto aprobado por el Gobierno. El juez se encargará de comprobar si el cierre de la página vulnera los derechos fundamentales. Estos cambios se han aprobado en forma de enmiendas, las dos pactadas entre socialistas, populares y los nacionalistas catalanes de CiU.

Ambas formaciones políticas, en el debate que ha tenido lugar esta mañana tanto del texto completo como del articulado, se refirieron al pacto, pero fue el PP el que más sacó pecho sobre su paternidad. El portavoz, Jose María Chiquillo, aseguró en una dura intervención que la ley «ha pasado de ser un virus informático a una herramienta de control judicial» y que el «PP tenía la responsabilidad de no aprobar una ley que no ofreciera un equilibrio entre los derechos individuales y el derecho colectivo a la cultura. No podíamos permitir que saliera adelante una ley sin plenas garantías judiciales». Chiquillo no dudó en afirmar que la primera redacción de la ley Sinde era «arbitraria» y que «pisoteaba» los derechos de los usuarios. Además, acusó a Sinde de no tener «nada claros» estos cambios.

Finalmente, el portavoz popular anunció que si el Gobierno llega al poder cambiará la ley Sinde. «Reelaboraremos una nueva norma que traiga ideas, aires frescos a internet» y advirtió que este pacto «no es un cheque en blanco, es un mal menor a un texto que es manifiestamente mejorable. Seremos vigilantes para que no se criminalice a los internautas».

Al margen de la posición del PP y PSOE, los senadores del Grupo Mixto, como el del PSM, Pere Sampol, advirtió que estas dos enmiendas «no solucionan el problema, según los productores y creadores». En esta misma linea se pronunció el senador del BNG, José Manuel Perez Bouza, que afirmó que se ha optado «por un parche que no contenta a nadie. No entendemos que se mantenga una Comisión Ministerial, que suena más a censura y a control que a otra cosa»; y el portavoz de la Entesa Catalana de Progreso, Jordi Guillot, que entiende que el pacto para desbloquear la ley ha puesto en «crisis el diálogo abierto por Álex de la Iglesia» y que solo ha servido para «salvar la cara» al Gobierno con una redundancia, al aplicar una normativa europea.

A pesar de su apoyo al conjunto de la Ley de Economía Sostenible, el PP criticó que este texto se haya convertido en «un conjunto de ocurrencias, un cajón de sastre donde cabe prácticamente todo» y aseguró que lo único que han tratado es de «minimizar los daños causados». Por su parte, el PSOE mostró su confianza de que el acuerdo alcanzado con el PP se pueda trasladar a otros ámbitos políticos y que devuelven al Congreso «una ley mejor de la que nos llegó».