Justicia destina 4 millones de euros para integrar a las minorías religiosas

Durante el debate del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2011, Caamaño ha remarcado que el gasto dedicado a combatir la violencia de género se destinará al mantenimiento de juzgados de Violencia sobre la Mujer, fiscalías especializadas, unidades forenses y asistencia jurídica y psicológica a las víctimas. Asimismo, ha subrayado la inversión en 31, 85 millones de euros en justicia gratuita para auxiliar a los ciudadanos que acrediten insuficiencia de medios económicos. El presupuesto que el Ejecutivo destinará al Ministerio de Justicia asciende a 168, 51 millones de euros, lo cual revela la "voluntad inequívoca" de mantener la inversión en este campo como elemento "imprescindible" para la recuperación económica y que supone una reducción del 6,9% mientras que otros Departamentos Ministeriales han visto rebajar sus partidas en un 16 por ciento. Según ha detallado el ministro, en un contexto de "dificultad económica" las cuentas mantienen "intacto" el Plan de Modernización 2009-2012 para conseguir una Justicia "más ágil, transparente" y eficaz al tiempo que respetan la apuesta por las nuevas tecnologías con una dotación de 115, 42 millones de euros y la construcción, rehabilitación y equipamiento de infraestructuras con 49, 27 millones de euros. "Se realizarán actuaciones de obra nueva en 19 edificios judiciales y se rehabilitarán seis sedes". El gasto de personal se incrementará en un 2, 8 por ciento respecto al ejercicio anterior con la creación de 150 plazas de jueces, 100 de fiscales y 50 de jueces de adscripción territorial. Por su parte, organismos adscritos al Ministerio como el Centro de Estudios Jurídicos recibirá 16, 71 millones de euros mientras que la Agencia Española de Protección de Datos percibirá 14, 44 millones para "atender los retos" que plantea "Internet, los buscadores y las redes sociales".

Durante su intervención en el debate de Presupuestos, el diputado del Grupo Parlamentario Popular Vicente Ferrer ha arremetido contra el Gobierno por el "monumental atasco" que ha llevado a la Administración de Justicia "al borde de un colapso de magnitudes históricas" y ha advertido del escaso número de jueces y magistrados para tramitar y resolver los más de 9 millones de asuntos registrados al año. "Estamos muy por debajo de la medida europea. Tenemos aproximadamente la mitad de los jueces y magistrados que tiene Rumanía y bastantes más pleitos", ha aseverado, incidiendo en el "cuello de botella" formado por la "avalancha" de recursos.

Por ello, el popular ha propuesto doblar el número de jueces y apuntalar la inversión de medios e infraestructuras mientras que ha enfatizado que sus enmiendas "acuden al auxilio de la credibilidad del ministro" ya que se comprometió a invertir 200 millones de euros anuales durante tres años y difícilmente podrá cumplir su palabra. A sus críticas sobre el modo en el que el Gobierno socialista ha "derrochado" y "dilapidado" los recursos, ha respondido el diputado socialista Julio Villarubia quien ha adelantado que su grupo rechazará la enmienda a la totalidad planteada por los populares porque es "pobre" y "carece de contenidos". "No terminan de entender señores de la derecha que la Justicia es política de Estado y es necesaria la colegiación de esfuerzos", ha dicho. Villarubia ha desmentido que el sistema de Justicia esté colapsado tal y como advierte el PP y ha anunciado que su grupo también rechazará las "enmiendas que quedan vivas" formuladas por el resto de formaciones.

Desde el grupo ERC-IU-ICV, el diputado Joan Ridao ha admitido que las cuentas "no son malas del todo" aunque sí ha echado en falta un mayor esfuerzo en la creación de nuevos órganos jurisdiccionales para evitar "la situación de colapso y alta letigiosidad", "una de las más altas de la Unión Europea". Ha presentado un paquete de enmiendas centradas en dar respuesta a la "saturación" de los juzgados, especialmente los mercantiles, ya que "llevan retrasos mucho más allá de una demora razonable". Asimismo, ha formulado una enmienda encaminada a fomentar el uso de las lenguas cooficiales y garantizar el derecho de cada ciudadano a "dirigirse en su lengua propia" al órgano correspondiente y eliminar la "ignorancia de muchos jueces, magistrados y fiscales" que trabajan en estos territorios. Por su parte, el diputado de CiU Josep Sánchez Llibre ha reclamado que los Consejos de Justicia autonómicos sean "una realidad" a lo largo de esta legislatura. "Es una asignatura pendiente y desde nuestro grupo no vamos a cejar en nuestro intento para que este objetivo consiga la complicidad del Grupo Parlamentario Socialista y que este proyecto de ley orgánica pueda ser una realidad en los próximos meses", ha apostillado. Dicho esto, ha querido destacar las enmiendas presentadas en aras a incrementar los gastos de personal y hacer desaparecer las diferencias retributivas del personal cualificado según la comunidad autónoma en la que trabajan. Sanchéz-Llibre también ha advertido del "cuello de botella" reflejado en los juzgados de lo mercantil y, en general, de los "colapsos" y "retrasos" que padecen el conjunto de tribunales, lo cual deriva en "una gran ansiedad de los ciudadanos que aspiran a una justicia ágil, rápida y transparente".