Intervención obligada

El «sistema financiero más sólido de la comunidad internacional», como lo definió Rodríguez Zapatero hace sólo seis meses, dio ayer sus primeras muestras de debilidad. La intervención de la Caja de Castilla-La Mancha, primera operación de relevancia que se produce en España desde el «caso Banesto», en diciembre de 1993, revela que no hay fronteras capaces de poner a salvo a las entidades bancarias del alcance de una crisis de dimensiones globales. El intento desesperado de salvar de la quema a la CCM con una fusión con Unicaja, patrocinada y bendecida desde los gobiernos de las comunidades castellano-manchega y andaluza, no ha podido evitar que la entidad que hasta ahora presidía Hernández Moltó sea intervenida. Cuestionada durante semanas y expuesta a un demoledor debate público, la Caja de Castilla-La Mancha ha registrado una retirada de depósitos que, por desconfianza, ha resultado letal para su frágil solidez financiera.

De forma automática, la intervención del Banco de España pone en funcionamiento el Fondo de Garantía de Depósitos, que cubre hasta 100.000 euros las cantidades de quienes hoy, cuando las oficinas de la entidad vuelvan a abrir sus puertas, han de responder con responsabilidad para evitar que la CCM termine sin fondos en sus arcas. En este sentido, la convocatoria de un Consejo de Ministros de carácter extraordinario permitió ayer a Pedro Solbes lanzar ayer un mensaje de tranquilidad a la opinión pública, además de anunciar que no hay riesgo de que se produzca una situación similar -aunque «nadie es inmune a largo plazo», dijo- y que el Tesoro avalará hasta con 9.000 millones la operación. A partir de ahora, la labor del Banco de España es la de analizar las posibilidades reales de sacar a flote una entidad que ni siquiera de la mano de Unicaja ha sido capaz de sobrevivir. Llega ahora el momento de sanear en lo posible las cuentas de la compañía o, llegado el caso, de liquidarla. No hay más opciones tras una intervención que hay que entender como el paso previo -también imprescindible- para inyectarle fondos públicos. Por último, el consejo de administración de la Caja de Castilla-La Mancha, con su presidente a la cabeza, tendrán que rendir cuentas sobre su gestión, denunciada en los últimos meses por los extremos riesgos asumidos en la concesión de créditos. Si la CCM consigue salvarse, tendrá que ser subastada, nunca entregada, limpia de polvo y paja, a la entidad que pretendía crecer a su costa y, de paso, tapar un agujero de dimensiones económicas y con derivadas políticas.

Con la intervención de la Caja de Castilla-La Mancha, el Banco de España abre el melón de un sistema financiero que no ha podido mantenerse al margen de una crisis de dimensiones internacionales y en el que conviven buenos y malos gestores. El órgano que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha actuado con buen criterio, quizá espoleado tras la precipitada y reciente salida de José Viñals, para mantener la imagen rigurosa de la que goza el sistema financiero español. Que haya sido una entidad dependiente del poder regional la primera en ser sometida a una intervención pública debería servir, en cualquier caso, para examinar los modos y maneras con que son gestionadas unas compañías situadas entre el riesgo financiero y la voluntad política.