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Miércoles, 01-10-08
La ministra de Defensa, Carme Chacón, solemnizó ayer el anuncio de los cambios que se van a producir en la aplicación de la Ley de la Carrera Militar, adelantados por ABC en su edición de ayer, aprovechando su comparecencia en la Comisión de Defensa del Senado. Unas modificaciones que tratan de frenar los «perjuicios» que ella misma reconoce que se han cometido con esta Ley y que, según sus palabras en la Cámara Alta, intenta buscar «el bien de todos».
El Gobierno, después de asistir impertérrito a las protestas de los oficiales que en el último mes se han sucedido, tanto de los procedentes de la Escala Superior como los de la de Oficiales, mostró ayer su predisposición a «subsanar» estos errores. A la ministra le correspondió entonar un «mea culpa», pero también reconoció que el «efecto indeseado» producido por la Ley no estaba en «la voluntad del legislador».
«Escuchar de primera mano»
Las dos modificaciones importantes para paliar el malestar de los oficiales han surgido de los contactos mantenidos por la ministra Carme Chacón con los mandos militares. «Quise escuchar de primera mano cuales eran sus dudas», señaló la ministra, situando este intercambio de opiniones en las reuniones de los Consejos Generales de los tres Ejércitos. Fruto de estos encuentros han sido las soluciones que se han propuesto y que, en el caso de la Armada, han sido planteadas por este Ejército.
En el caso de los oficiales de la Escala Superior, como ya adelantó ABC, el Gobierno tratará de frenar el malestar introduciendo en el proyecto de Ley de Presupuestos una disposición por la que se autoriza al Ejecutivo a ampliar la plantilla de oficiales del ciclo 2008-2009. Con ello se pretende, según Chacón, que, antes de la integración, «puedan ascender aquellos oficiales superiores que podrían verse perjudicados por la ley en el momento de la integración». La ministra cifró el perjuicio de la Ley en medio centenar de oficiales superiores, «básicamente de la Armada».
Para los oficiales de la Escala de Oficiales, la ministra reconoció que «estamos estudiando la manera de que se les reconozca la formación equivalente a la de grado en el futuro sistema de formación universitaria procedente de la aplicación de los acuerdos de Bolonia». Estos oficiales tendrán un periodo de formación total de cuatro años (tres de formación inicial más otro del curso de adaptación, al que se le quiere dar el valor académico que no tenía).
Al margen de estas dos medidas de choque con las que tratarán de frenar el malestar que se ha extendido por los cuarteles, la ministra de Defensa se comprometió a seguir «trabajando para poner en marcha iniciativas que mejoren no sólo la formación y preparación de nuestros militares, sino sus expectativas de carrera militar y profesional».
Pero no fue este el único anuncio que realizó Chacón relacionado con las enseñanzas militares, sino que aportó nuevos datos sobre la tramitación de su intención de crear un sistema de centros universitarios. La puesta en marcha se realizará en colaboración con las universidades de Zaragoza, Cartagena y Vigo. El Real Decreto de creación de los centros ya ha superado los informes internos de los Ministerios de Economía y Hacienda, Administraciones Públicas y Ciencia e Innovación. Actualmente está pendiente de su remisión al Consejo de Estado, estando prevista su aprobación para el próximo mes de noviembre.
Derechos y deberes
Al igual que hiciera en su comparecencia en el Congreso, Chacón se refirió a dos de las reivindicaciones más importantes que realizan los militares y que incluso justificaron la celebración de la primera manifestación de la historia de los militares. Es el caso del régimen de derechos y deberes de los militares. La ministra afirmó que esta actualización se llevará a cabo «tras un intenso intercambio de ideas».
En relación a la segunda petición, como son las Reales Ordenanzas, la ministra de Defensa anunció que el Consejo de Ministros aprobará próximamente el decreto que actualiza el código deontológico de las Fuerzas Armadas. Finalmente, también anunció Chacón una serie de modificaciones en las leyes disciplinarias militares, «para hacerlas concordar con la nueva realidad social que vivimos».
