El Estado debe abonar más de 120 millones a los afectados por la AP-41

Los adjudicatarios de las autopistas resultaron, en su mayoría, los grandes bancos y constructoras de este país. Con ellos negocia Fomento el rescate desde hace varios meses. Esta semana, ABC informaba que el ministerio que dirige Ana Pastor había hecho una última oferta a las concesionarias: el Estado sería el único accionista de la nueva sociedad pública y, a cambio, aplicaría una quita del 50 por ciento de la deuda total de las autopistas (unos 3.800 millones de euros más 1.200 que irían para el pago por expropiaciones). Una propuesta que ahora tienen que estudiar los responsables de las concesionarias en quiebra.

Paralelo a este diálogo, hay un conflicto latente desde hace una década, cuando se empezaron a construir estas autopistas. Tiene que ver con los propietarios expropiados, muchos de los cuales aún no han cobrado las indemnizaciones pertinentes por haberles arrebatado sus tierras. «Se habla mucho de la negociación entre el Estado y las empresas, pero nadie dice cuándo van a pagar a los expropiados», se quejaba este miércoles a este periódico Alberto De Lucas, abogado de unos 150 perjudicados por la construcción de la AP-41.

Como ya informaba ABC hace unos meses, al declararse en quiebra la concesionaria de la AP-41 , la justicia había declarado responsable subsidiario al Estado. Es decir, el que debía pagar a los más de 1.200 propietarios afectados por esta autopista. Calculó entonces Fausto Sánchez Cano, otro de los abogados que representan a cientos de expropiados por la AP-41, que el total de lo abonado sería en torno a 120 millones de euros. También contó a este periódico a finales de enero que sus clientes ya habían empezado a cobrar sus indemnizaciones.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la justicia dicta sentencia caso por caso y, de momento, no todos los afectados han tenido la misma suerte. En este sentido, Alberto De Lucas recuerda que pese a que el Estado tiene dos meses para pagar desde que se publica el fallo del tribunal, hay casos en lo que este plazo ya se ha superado y los afectados no han visto el dinero. Y recordando, claro, que contra las sentencias dictadas ya no caben recurso alguno. Por supuesto, comentó De Lucas, los afectados reclaman el total de lo que les corresponde, «sin ningún tipo de quita».

Otra de las cuestiones fundamentales es la paradoja de que mientras el Estado le quiere perdonar la mitad de la deuda a las concesionarias, muchos de los expropiados aún no han cobrado diez años después de que les quitaran sus propiedades. De Lucas habla de la «absoluta inmoralidad» de la propuesta de Fomento, ya que las empresas fueron a los concursos de las autopistas «voluntariamente», pero a los expropiados les arrebataron sus tierras «de forma obligatoria». Acerca de la creación de una sociedad pública, el abogado se resigna: «hay pocas alternativas porque la autopista solo vale para lo que vale, no se puede aprovechar para nada más».

Cómo se reestructurarán las autopistas de peaje en quiebra es una incógnita, cuándo cobrarán todos los expropiados por la AP-41 es otra... lo que sí está claro es el tráfico de estas carreteras. Paupérrimo y bajando se podría definir. El martes se hicieron públicos los datos de los dos primeros meses del año y la AP-41 ha perdido un 52 por ciento de su tráfico respecto al mismo período del año anterior. Tan solo 643 vehículos diarios de media circularon por esta autopista. Los datos de las otras tres carreteras de peaje que tocan Castilla-La Mancha no son mucho mejores. Por la AP-36 circulan 1.506 coches, perdiendo un 0,92 por ciento de su tráfico; por la R-4, 2.791 vehículos menos, un 11,6 por ciento menos; y por la R-2, 4.104 coches, un 9,92 menos.

Por otra parte, Ecologistas en Acción también se refirió en un comunicado a la idea del Estado de rescatar estas carreteras. Lo relacionó con los llamados «papeles de Bárcenas», en referencia al extesorero del PP. «Muchos de los dirigentes políticos de las empresas constructoras y de los responsables políticos que aprobaron estos proyectos figuran en los apuntes del extesorero», dicen. Para la organización se trata de «un caso de manual en cuanto a la socialización de las pérdidas».