Ruz continúa la causa para juzgar al expresidente y al exdirector de CCM

En un auto en el que el magistrado transforma las diligencias en procedimiento abreviado, trámite equivalente al procesamiento, el juez da el paso previo para sentar en el banquillo de los acusados a los dos máximos responsables de la entidad y archiva la causa contra otros siete exdirectivos en cuya actuación no se han encontrado indicios de delito.

En su auto, en el que describe todas las operaciones y los perjuicios económicos causados en la caja castellano-manchega, que el Banco de España cuantificó en 253,8 millones de euros, Ruz considera indiciariamente acreditada la existencia de una serie de operaciones de captación del crédito en los que se constata «una notoria desproporción entre los riesgos concedidos y su probabilidad de recuperación».

Las operaciones analizadas son créditos concedidos en 2007 y 2008 a las sociedades Grupo Luis Portillo (59 millones), Renovalia (56,3 millones de euros de deuda por pérdidas de 54,6 millones), Naropa-Fermoselle (9,9 millones), Grupo Lábaro (9,3 millones), Whiteness y Promogedesa (15,3 millones), así como Grupo T-Solar, Residencial Picón, Sersan Integral y Simcar Proyectos.

Los imputados, que con su actuación causaron «un perjuicio económico» a la entidad, según Ruz, llevaron a cabo prácticas orientadas a falsear la «imagen fiel contable y de riesgos» de la entidad como consecuencia de «la ocultación de la morosidad y el nivel de concentración de riesgos».

El auto describe que Ortega, «siguiendo instrucciones» de Hernández Moltó, «máximo responsable del cumplimiento de las directrices impuestas por el Banco de España a la entidad para que sus cuentas reflejaran la imagen de la misma», elaboró y presentó «una cuenta de resultados con beneficios» a pesar de que ambos eran «conscientes» que tenía «pérdidas».

No obstante, el juez subraya que la investigación, que ha analizado el patrimonio de los imputados, no ha podido determinar la existencia de «connivencia» por parte de los beneficiarios de los créditos ni que aportaran alguna «compesación económica como contraprestación a supuestos tratos de favor».

En concreto, los peritos del Banco de España apuntaron que en la práctica totalidad de las «operaciones» analizadas se realizaron préstamos «sin observar las reglas de la práxis habitual bancaria».