Dos de los padres de las niñas desnudadas con IA en Almendralejo: «Destruir la salud mental de mi hija les ha salido por solo 1.200 euros»

El padre recuerda aquel momento con una mezcla de incredulidad y rabia. «Pensé que sería un montaje burdo, una broma cruel», cuenta. Pero cuando vio una de las fotografías entendió que la habían manipulado con herramientas digitales. «Habían usado su cara y su cuerpo y la habían convertido en otra cosa», lamenta. Lo que más le dolió, dice, fue verla pedir perdón. «Me decía: '¡Papá, te juro que yo no he hecho nada!'». Pedro y su esposa pasaron esa noche intentando frenar la difusión. Llamaron a otros padres, al colegio y a la Policía. «Fue como intentar recoger agua con las manos», recuerda. «Sabíamos que cuanto más se compartía, más difícil sería detenerlo». Desde aquel día, la vida familiar cambió por completo. «De golpe tu hija es víctima de algo que ni siquiera existe físicamente, pero el sufrimiento es real. Hizo falta mucho apoyo psicológico, no solo para ella, también para nosotros».

Este miércoles se ha sabido que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha resuelto el caso, tras la denuncia de 21 de las familias afectadas, al sancionar a uno de los menores que difundió las imágenes falsas. Aunque la resolución no contiene el nombre de las víctimas ni del sancionado, desde la AEPD confirman a ABC que el caso está directamente relacionado con el escándalo de Almendralejo. La multa ha sido de 2.000 euros, pero en la resolución se indica que «los padres del menor abonaron el 5 de abril de 2025 la cuantía de 1.200 euros», reducida de los 2.000 por «reconocer la responsabilidad» y realizar un pronto pago de manera voluntaria. No obstante ClothOff, la aplicación utilizada para realizar los montajes, así como las plataformas con las que se difundieron, han quedado exentas de responsabilidades en la resolución de la AEPD. Cabe destacar que es la primera vez que una agencia europea sanciona económicamente la difusión de esta clase de contenido.

Ahora Pedro, pese a agradecer que las autoridades hayan actuado en el caso de su hija, admite que la cuantía es «insuficiente». «Destruir la salud mental de mi hija les ha salido por solo 1.200 euros», dice a ABC. Sobre todo porque en un pueblo pequeño, todo se magnifica y «ella ya no es la misma». «Antes era una niña abierta, confiada, con muchas ganas de hacer cosas. Ahora tiene miedo de mirar el móvil, de salir, de encontrarse con alguien que haya visto las imágenes», lamenta Pedro.

No todos los padres piensan como Pedro. Miriam Al Adib, una de las madres de las niñas afectadas, asegura que se siente satisfecha con el resultado del proceso. «Todo está bien como está», repite con serenidad en conversación con ABC, convencida de que la resolución del caso ha sido justa y necesaria.

Explica que nunca quisieron hacer daño a las familias de los menores implicados, sino «buscar justicia y una sentencia con nombres y apellidos, que reconociera que lo que ocurrió fue un delito de pornografía infantil». «Nuestro objetivo era dignificar a nuestras hijas», afirma. «Durante meses, mucha gente nos veía como un grupo de madres histéricas, y se ha demostrado que no era así».

Miriam sostiene que lo que las movía era el deseo de que sus hijas no cargaran con secuelas en el futuro y que un caso tan grave no pasara inadvertido. «Si se pasaban por alto estos hechos, el mensaje que se mandaba era peligroso», explica. Por eso considera que el proceso judicial ha sido importante, no solo para las familias, sino también para el país, y recuerda que «el delito de 'deepfake' está tipificado como pornografía infantil gracias a lo que ocurrió en Almendralejo».

Durante el proceso, ella formó parte del comité de cincuenta expertos del Ministerio de Juventud e Infancia que elaboró el informe en el que se basó la nueva legislación sobre el uso de imágenes falsas. «Con eso, lo considero terminado», dice. «Hemos llegado a una sentencia sin juicio, y eso también es digno. No queríamos hacer sangre, solo justicia».

Insiste en que el propósito de las familias nunca fue castigar a los chicos, sino que aprendieran de lo sucedido. «Queremos que esos niños se eduquen, no que paguen dinero», subraya. «Yo no querría que un hijo mío tuviera una sentencia de este tipo en su currículum».

Miriam cree que el caso de Almendralejo ha sido un ejemplo para el resto del mundo. «Se ha sanado la herida. Mi hija no tiene secuelas y los niños que provocaron esto en el pueblo no van de chulitos», asegura. «Un silencio no era la respuesta; hacía falta una respuesta ejemplar, una sentencia ejemplar. Y la hemos tenido. De esto se puede salir».