La viña que salvó el pueblo pero se juega la cosecha

El impacto en la viña ha sido desigual. En concellos como Vilamartín de Valdeorras parece que se ha salvado bastante, sobre todo en las zonas más próximas al río. En otros, como Larouco, la destrucción es casi total. «Es demasiado pronto para estimar los daños», explica Santi Pérez, técnico de la DO Valdeorras. Por lo pronto, han abierto un censo para que tanto bodegas como viticultores puedan ir incorporando las fincas perdidas por unos fuegos que han calcinado más de 30.000 hectáreas, en el fuego más dañino de la historia de Galicia.

«Aquí va a haber tres tipos de pérdidas», enumera Javier García, productor y propietario de Bodegas Sampayolo: «en la que se va a perder solo la cosecha del año; la que está perdida y en la que vamos a intentar que no se pierda la planta; y en la que se va a perder una cosa y otra». Con más de veinte años de experiencia, García mira con tristeza las laderas dañadas de Santa María de Mones, la parroquia de su familia. Algunas de las cepas perdidas «son centenarias», y no sabe si se podrán recuperar a medio plazo.

Pio González es la tercera generación que se dedica a la producción de vino. Varias de sus parcelas de Fontei muestran las hojas amarillas y consumidas, aunque las uvas mantienen un buen color y tamaño. Fueron golpeadas por el ardiente aire del incendio. Pero es una apariencia engañosa. «Estas uvas no se pueden aprovechar, porque saben a humo, tienen el humo dentro». Todo su empeño, y el de su hijo David, es regar la tierra para salvar la planta. Y va a exigirles varios años: «Vamos a tener que podar abajo, y eso nos hará perder dos o tres años de cosecha, como mínimo. O sea, que son cuatro años perdidos» hasta volver a obtener un rendimiento.

Lucía Carballeira es enóloga de A Terriña, una bodega del grupo Méndez Rojo. Una de sus fincas, en Carballal, en el concello de Petín, ardió el jueves de la pasada semana. Cuando volvió a verla quedó en shock. Ahora, al igual que Pío, aplica técnicas conocidas para que no se pierda la cepa. «Estamos regando con algas en raíz para que la planta sobreviva, si puede, porque perderlas da pavor». Ella, al igual que otros tantos productores, están a la espera de los peritos de los seguros para que iniciar una vendimia que es forzosa. «La vid es de los pocos frutales que no tira la fruta cuando está madura, así que hay que sacarla, ya que, de lo contrario, la planta sigue consumiendo recursos».

Quiere ser optimista y pensar que se pueden salvar. Otra cosa es la cosecha de este año. La amenaza del 'smoke taste' está ahí. El riesgo es que «el aroma a humo en principio no se detecte» en el mosto «pero que a lo largo de la elaboración, junto con otras moléculas, se vaya soltando, con lo cual te ha matado el vino». Existen técnicas para sortear esta posible incidencia, como «meter un carbón, que es una cosa muy estricta», pero no es inocuo: «se lleva lo malo y también lo bueno» del vino.

En la DO recuerdan que hay experiencias de otros territorios vitivinícolas donde también hubo incendios. «Existen protocolos que incluyen menos maceraciones, menos tiempos con la piel, separar pronto los mostos limpios para evitar los olores y luego entra la enología, que es una ciencia preparada para esto», sostiene Santi Pérez, «yo estaría tranquilo».

El infierno del fuego se aleja, con la cabecera de los incendios escalando hacia la provincia de Lugo. El temor de los productores no está en la tierra, sino en el cielo. Se prevén lluvias en los próximos días. Si son moderadas, podrán enfriar los suelos, oxigenar la tierra y lavar la fruta para que la pruina se desprenda de la ceniza y el humo impregnados. Si, por el contrario, son muy fuertes, puede haber arrastres de ceniza del monte hacia las viñas, y que se presente un nuevo problema. «Hay que ir partido a partido», aconseja el técnico de la DO, «quedan dos meses de vendimia y no sabemos cómo van a venir». El pasado año se recogieron 8,7 millones de kilos de uva, y para esta campaña el Consejo Regulador había incorporado 50 hectáreas más. Hasta que remate la recolecta «no sabremos de qué volumen es la merma».

En las fincas que han sobrevivido, la pauta es bastante parecida. Se han consumido las dos o tres primeras filas de vid y el resto resistió. Para Javier García no tiene nada de sorprendente, porque es la respuesta que da un monte ordenado y trabajado, reflejo de la vida en el entorno rural. El problema, dice, es que «no nos dejan». Señala a Santa María de Mones y denuncia en voz alta. «Cuando aquí había tres vacas, y dos cerdos, y cuatro ovejas, esto no ardía, no pasaba nada, no hacían falta bomberos. Pero es que no nos dejan tener nada», al haber «llevado al extremo» los controles burocráticos.

«Ahora, para tener vacas, necesitas un establo, un veterinario, un registro de a qué hora hace deposiciones, qué pienso come, a qué hora sale a pastar, un sistema de protección animal, una analítica y sacrificarla en un matadero a 50 kilómetros de aquí». Tal cúmulo de exigencias, muchas de ellas procedentes de normativa comunitaria, lleva a la gente de las pequeñas aldeas y parroquias «a desesperarse». La última fue el registro obligatorio de gallinas y las inspecciones a las que se somete a sus propietarios. «Al final pasas y compras en el Eroski».

Está convencido de que todo forma parte «de un problema estructural», en el que la vida en el mundo rural no se entiende desde las instituciones y organismos. «No interesamos porque no se nos puede controlar, y la manera de acabar con nosotros es la burocracia. Nos hace más daño una página del BOE que mil incendiarios», manifiesta con convicción, «no es normal que yo, como bodeguero, mueva más papeles que tierra y uvas».

No es una reflexión aislada. José Ramón Rodríguez, de la bodega Joaquín Rebolledo, es igualmente crítico. «Los funcionarios tienen que cumplir la legislación, pero si está mal hecha, al final la pagamos los ciudadanos». Pone un ejemplo. «Iniciamos un expediente para cambiar de uso forestal a agricola en una finca de tres hectáreas, que ahora tiene pinos quemados». Lo primero es pasar por caja, «porque los queremos cuidar las cosas tenemos que pagar. Al mes me lo denegaron, porque ahora la normativa de la UE dice que todo lo que pase de 10.000 metros necesita un expediente, un informe medioambiental». Un perito forestal tardó un mes en redactarlo.

«El funcionario del servicio de Montes de la Xunta lo miró por encima y dijo que era sencillo, porque no estaba afectado por Red Natura, ni Patrimonio, ni Confederación Hidrográfica, pero que los plazos son los que son, y mínimo es un año de espera». Tampoco podía cortar los pinos, porque se exponía a que los guardias forestales lo pudieran multar, al no estar aprobado el expediente. Pero ahora esos pinos están quemados, y las restricciones son más severas. «Como no me dejen talar, yo ya no sé qué hago».

No es solo el monte, es también su actividad vitivinícola. «Tengo que rendir cuentas a nueve entidades distintas», se queja Javier García, «el Ministerio de Transición Ecológica, el Consejo Regulador, el Ministerio de Industria, Ecoembes, el Ministerio de Sanidad, los de Calidad Alimentaria, la Agencia Tributaria...». Él, y otros productores, tienen el tamaño suficiente para poder asumir toda esta carga administrativa. «Pero ni José Ramón ni yo somos el perfil de lo que hay aquí». El rural tiene unas dimensiones que ni Madrid ni Bruselas entienden. Lo micro se escapa a las redes de la normativa comunitaria. «¿Y cómo acaban con nosotros? Pues con tal cantidad de trabas administrativas y burocráticas que destrocen su modo de vida».

«Los incendios no necesitan ni siquiera una manguera, solamente hace falta que nos dejaran vivir en nuestro medio», insiste una y otra vez el bodeguero de Sampayolo, «hace 40 años venían cien personas con lanzallamas y el monte no ardía; ahora con un mechero quemas todo el rural, porque no hay nadie». José Ramón Rodríguez pide «buscar soluciones, y no culpables».

El mundo rural quiere seguir existiendo tal y como ha sido siempre. Si le dejan, se siente capaz de combatir incendios y lo que venga. «No existe la España vaciada», apostilla Santi Pérez, «porque esto no está vacío, aquí hay gente, hay vecinos. Lo que existe es la España abandonada».