La valoración del riesgo de las víctimas de violencia machista, asignatura del Gobierno saliente

El porcentaje de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas que habían interpuesto denuncia previa ha ido creciendo en los últimos cuatro años. En 2020, 8 de las 50 víctimas mortales de la violencia de género habían denunciado a su presunto agresor (un 16%), mientras que en 2021 esta cifra se elevo a 10 de las 49 asesinadas (20,4%).

Aunque los números más críticos se dieron el año pasado, cuando el 40% de las víctimas mortales de esta lacra (20 de las 49) habían denunciado previamente a su presunto agresor. En lo que va de 2023, 4 de las 20 asesinadas habían denunciado.

Los datos de 2022 llevaron a Igualdad y a Interior a analizar los posibles errores existentes en el sistema VioGén, a través del cual los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad valoran el riesgo de las víctimas a sufrir nueva violencia o a ser asesinadas. En este sentido, se decidió instalar dispositivos de control telemático para los agresores de violencia de género potencialmente letales para la mujer o sus hijos y trabajar en el contacto con el entorno de la víctima para una mejor detección y prevención.

No ha sido la única reunión que estos departamentos han mantenido en esta legislatura a raíz de los casos de violencia de género. La acumulación de casos en diciembre del año pasado llevó a Igualdad a convocar por primera vez un gabinete de crisis, en el que, además de los dos Ministerios, han participado todos los actores implicados en la lucha contra esta lacra.

Después de este hubo uno más, apenas un mes más tarde, y se estableció que se convocarían estos gabinetes siempre que un mes superara las cinco asesinadas. Con estas reuniones también se activó un estudio para determinar la posibilidad de que se pueda informar a las mujeres que denuncien sobre los antecedentes de su pareja en materia de violencia de género si los tienen.

En los cuatro años de legislatura, las víctimas mortales de la violencia machista se han mantenido en las mismas cifras: 50 en 2020 y 49 en 2021 y 2022. En lo que va de 2023 son 20 las confirmadas. En cuanto a menores que han sido asesinados por esta lacra, 2021 fue uno de los más negros históricamente, con siete menores asesinados.

La violencia vicaria -la que ejerce el hombre sobre los hijos para hacer daño a la madre- dejó también tres víctimas mortales en 2022. Una, en Gandía, la de un padre condenado por maltrato y sin régimen de visitas, que mató a su hijo de 11 años aprovechando que había ido a su casa a celebrar su cumpleaños. La segunda, la de un padre que mató a su hijo en un hotel antes de darse a la fuga y quitarse la vida.

Pero además de estas cifras, Igualdad comenzó el año pasado a contabilizar los feminicidios que ocurren en el país, es decir, los crímenes contra mujeres por el hecho de serlo fuera del ámbito de la pareja o expareja. Esta medida convierte a España en el primer país de Europa en recoger esta información. El Ministerio registra con este método los asesinatos a mujeres en el ámbito familiar, sexuales y social.

En el primer año contabilizado, 2022, se han registrado 34 feminicidios fuera del ámbito de la pareja o expareja, de los cuales, un 61% han sido feminicidios familiares, un 26,5% sociales (conocidos, vecinos u otra persona) y un 11,8% sexuales.

En cuanto a gestión, el Ministerio de Igualdad cierra esta legislatura habiendo manejado cifras presupuestarias récord para invertir en la lucha contra la violencia de género y habiendo cerrado la renovación del Pacto de Estado contra esta lacra, aprobado en 2017 y que caducaba este año.

Más de 451 millones recibió el departamento que dirige Irene Montero para su actividad en 2021, 270 más que la partida anterior, y de ello, 180 millones estaban destinados a la lucha contra la violencia de género. Estas cifras volvieron a crecer en 2022, superando el presupuesto de Igualdad por primera vez los 500 millones de euros y la cuantía destinada a acabar con la violencia machista los 200 millones.

En 2023, las partidas para el equipo de Montero alcanzaron de nuevo un récord: 573 millones para el departamento, de los cuales, el 46% (261 millones de euros) se invertirán en políticas para prevenir las violencias machistas. A ellos, hay que sumar 59 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de forma que la cifra final para esta materia se eleva a 320 millones.

Entre los principales retos que se puso la ministra en estos años está la de renovar el Pacto de Estado contra esta lacra antes de que caducara tras cinco años de vigencia. Igualdad logró el compromiso de todas los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, para poner en marcha esta renovación en noviembre de 2021 y aprobó el documento oficial en octubre del año pasado, junto a las comunidades autónomas.

El objetivo de esta renovación, según han explicado desde el Ministerio, es poner en marcha aquellas medidas que no se han conseguido en estos cinco años y revisar aquellas que no están funcionando como se esperaba o que hay que actualizar tras el paso del tiempo o adaptar a las peticiones de los organismos internacionales.

Algunas de las que se han puesto en marcha, en este sentido, es la ampliación del servicio de información y atención 016 a todas las víctimas de violencia machista y no solo a aquellas que la sufren por su pareja o expareja. También ha aprobado una Estrategia Estatal contra las violencias machistas 2022-2025, con medidas en todos los ámbitos -seguridad, educación o sanidad- para poner en marcha en los próximos años.

Además, se acordó con las autonomías un catálogo que establece actuaciones para mejorar el conocimiento y seguimiento sobre peligrosidad y probabilidad de reincidencia de agresores condenados, la ejecución de talleres de sensibilización; o la consolidación, refuerzo y seguimiento de dichos cursos entre ellos.