La UE crea un crimen similar al ecocidio: «Directivos y administraciones se lo van a pensar mejor antes de actuar»

En los últimos años, la idea de crear un delito que persiga las acciones más graves contra la naturaleza ha ido ganando terreno. La idea es evitar que desastres como el del vertido minero de Aznalcóllar, que por poco arrasa de zinc, cadmio y arsénico las preciadas marismas de Doñana, queden sin castigo. O el vertido en el Golfo de México de la DeepWater Horizon, o el desastre de Bhopal, entre otros ejemplos. Todos ellos se han encontrado ante la dificultad de condenar a los responsables de estas grandes catástrofes ambientales.

Por eso, la directiva aprobada este martes con 499 votos a favor, 100 en contra y 23 abstenciones prevé aumentar las penas para los delitos que causen la destrucción o daños generalizados, irreversibles o duraderos a un ecosistema ya sea en tierra, agua o aire. En el texto, la Unión Europea asegura que este «delito cualificado» es equiparable al ecocidio.

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«Según este acuerdo, quienes contaminan pagarán», afirmó el ponente Antonius Manders (del Partido Popular Europeo), que explicó que la nueva legislación permitirá procesar a los directivos de las empresas responsables de la contaminación, así como a la propia empresa. «La introducción del deber de diligencia hace que ya no haya dónde esconderse tras permisos o lagunas legislativas».

La directiva amplía las acciones castigadas con cárcel. Los vertidos procedentes de buques, la introducción o comercialización de especies invasoras, el agotamiento de los recursos hídricos, las talas ilegales o la construcción de edificaciones que dañen el medioambiente figuran en la lista, que será previsiblemente ratificada por el Consejo Europeo este mes de marzo. Después, los Estados miembros tendrán dos años para implementar la directiva en sus códigos penales.

«Muchos ataques medioambientales que hoy no están cubiertos por el derecho penal podrían estarlo mañana, como los vertidos de petróleo o de productos tóxicos como los PFAS [los llamados 'químicos eternos' por su persistencia en el medio] esparcidos en el medio ambiente con total impunidad», valoró la eurodiputada ecologista Marie Toussaint, quien también calificó el texto como «una de las legislaciones más ambiciosas del mundo» en materia medioambiental.

Los delitos contra el medio ambiente cometidos por personas y representantes de empresas se castigarían con penas de cárcel en función de la duración, la gravedad o la reversibilidad de los daños. Los delitos cualificados podrían ser castigados con ocho años de prisión; que se ampliarán a diez si han causado la muerte de alguna persona. El resto de los delitos podrán ser castigados con hasta cinco años de cárcel.

Todos los infractores estarán obligados a restablecer el entorno dañado, además de enfrentarse a multas. Para las empresas, estas sanciones económicas representarán entre el 3 y el 5% de su facturación mundial anual o, alternativamente, 24 o 40 millones de euros, según la naturaleza del delito. Los Estados miembros podrán decidir si persiguen delitos penales que no hayan tenido lugar en su territorio.

Maite Mompó, de la asociación Stop Ecocidio, considera que la nueva legislación cambiará las reglas del juego. «Al introducir el concepto cambias la concienciación de la sociedad. Cuando entre en vigor, los directivos de las empresas y los responsables de las administraciones que dan permisos se lo van a pensar mejor porque pueden incurrir en un grave delito».

Porque el objetivo es prevenir, asegura. «Lo ideal es que no se produzca el daño, y en el caso del ecocidio el daño puede ser irreversible», explica. Si has extinguido una especie, ejemplifica, esta no se recuperará. «Es un paradigma nuevo de como hay que relacionarse con el medio ambiente».