Ecocidio: el nuevo crimen ambiental que planea sobre España

El movimiento internacional para introducir esta figura en las legislaciones de todo el mundo está creciendo. El último país en sumarse ha sido Francia , cuyo Gobierno propuso el pasado miércoles crear el delito de ecocidio y castigarlo con penas de hasta 10 años de cárcel y 4,5 millones de multa. El caso español, sin embargo, se encuentra en un estado embrionario. El pasado 21 de diciembre, el Congreso aprobó una proposición no de ley (PNL) en la que instaba al Gobierno a estudiar su posible inclusión en el Código Penal. El Ejecutivo ha decidido recoger el guante lanzado por los diputados, aunque por ahora solo está tanteando el terreno.

Además, la PNL incluía una segunda vertiente: pedían promover el ecocidio a nivel internacional o, más concretamente, promoverlo en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). Este es, precisamente, el núcleo de la campaña que juristas, activistas y diputados de diferentes partes del mundo están persiguiendo: quieren que más de 20 años después de ser rechazado como el quinto delito contra la paz, el ecocidio pueda instaurarse y ser juzgado al mismo nivel que la lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra y la agresión contra estados o territorios. Eso permitiría perseguir la destrucción del medio ambiente en todo el mundo , abrir causas allí donde los tribunales nacionales no lo han hecho y lograr que la destrucción medioambiental nunca prescriba.

«Es un derecho penal de segunda generación», explica el catedrático y subdirector del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional, Adán Nieto. En esa nueva base legal sería posible perseguir el daño en la flora, la fauna, la calidad del aire, del agua y de los suelos. Y, sobre todo, castigar penalmente no solo a personas o estados, sino a actores jurídicos como las empresas . Sin embargo, la concreción legal no es fácil. «No hemos dado con una definición que satisfaga las garantías del derecho penal», reconoce Nieto. Así que, por ahora, el acuerdo es muy básico. «Se trata de daños que son graves, que deben ser persistentes y que deben ser extensos», dice.

Un panel de expertos está trabajando en ello y todo apunta a que este año se presentará la primera definición del término . Entre las figuras implicadas están el exjuez de la CPI Neroni Slade, el abogado Philippe Sands (que participó en los juicios por la guerra de Yugoslavia o el genocidio de Ruanda); el abogado del caso de Chevron, Pablo Fajardo, o Rodrigo Lledó, director de la fundación FIBGAR de Baltasar Garzón. El exjuez o el Papa Francisco son algunas de las figuras que ya han apoyado públicamente la creación de este nuevo delito.

«La definición de ecocidio que se adopte por el grupo de expertos es un punto clave para que pueda prosperar. No hay que olvidar que hay países que no son miembros de la Corte Penal Internacional tales como China, India y los EE.UU. », opina la directora de IIDMA, Ana Barreira. Pero que no formen parte no significa que no les vaya a afectar. Las multinacionales que operen en países miembro podrían verse enjuiciadas. «La inclusión del ecocidio sería una herramienta altamente eficaz para evitar que multinacionales de países ricos no miembros de la CPI operen en países en vías de desarrollo cometiendo daños medioambientales muy graves», explica Ana M. Garrocho, doctora en Derecho y codirectora del Máster en Justicia Criminal de la Universidad Carlos III.

Esta sería la gran diferencia con la situación actual. Hoy, los delitos ambientales se tramitan por la vía civil o administrativa , pero no son un crimen. «A la empresa no la puedes meter en la cárcel», ejemplifica Maite Mompó, directora en España de la Campaña Stop Ecocidio. Todo suele saldarse con el pago de una multa. Los activistas opinan que el principio de «quien contamina, paga» no ha servido de nada. «Pagan y siguen actuando como siempre», dice Mompó. La situación podría cambiar con un delito penal. «Ahí se busca quién ha sido el responsable» . Según defiende, también podría afectar a Estados que faciliten la destrucción de unos recursos naturales considerados patrimonio de la humanidad. Sería el caso de aquellos países que permitan la deforestación de la Amazonía, por ejemplo, o la contaminación o eutrofización de lagunas o albuferas como el Mar Menor.

Cómo cuantificar la magnitud del daño ambiental o buscar una pena adecuada cuando se juzga una persona jurídica es aún un gran reto. «Hay que buscar penas que sirvan, y a la vez reparen a las víctimas de estos delitos. Quedan muchas discusiones técnicas», reconoce Nieto. Otra frontera es la intencionalidad . «Hasta ahora, en el derecho penal internacional, no existe ningún comportamiento imprudente que se castigue», asegura Nieto. Hoy la CPI solo contempla la «responsabilidad del superior por omisión» para los jefes militares que no evitan los delitos de sus fuerzas, explica Garrocho, que entiende que el ecocidio admitirá la modalidad dolosa como forma comisiva general. «Este sería un momento muy oportuno para ampliar también la responsabilidad por imprudencia a los “superiores civiles” en relación con el ecocidio, y por qué no, con respecto a los demás crímenes internacionales», opina la catedrática.

A los retos jurídicos se suman los políticos , aunque el momento es clave. La ola de movimientos medioambientales y climáticos ha impulsado una campaña que existía desde hace años. «Ahora, la sociedad está más concienciada sobre la fragilidad de nuestro planeta», dice Barreira. Pero para que salga adelante serán necesarios muchos actores, opina Nieto. «Yo creo que ahora se está formando toda esta red de actores que llevará de aquí a unos años a que se tipifique» .