Un tercio de las familias más vulnerables renuncia a gafas o audífonos para sortear la crisis

En la práctica, tres de cada diez hogares en España (31,5%) no cuentan con un presupuesto que garantice unas condiciones de vida dignas. Una conclusión derivada de la nueva metodología de análisis de la realidad económica que ha empleado FOESSA para este informe, el Presupuesto de Referencia para unas Condiciones de Vida Dignas (PRCVD).

Según Ubrich, «el PRCVD establece el presupuesto mínimo que necesita una familia para vivir con dignidad en un contexto concreto. La intención es adaptar dicho presupuesto a las características específicas de cada tipo de hogar, de forma que la pobreza no se defina de manera abstracta, atendiendo únicamente a los ingresos, sino de una forma concreta, en relación con las necesidades de los hogares».

Noticia Relacionada

Cáritas denuncia que la alta inflación lleva a las familias «a una situación de desborde»

José Ramón Navarro-Pareja

La entidad atendió en 2021 a 1,2 millones de personas en sus programas de Acogida y Asistencia un 20% más que antes de las pandemia

De acuerdo a esta metodología de análisis, un total de seis millones de familias en España, el 31,5% de los hogares, tendrían unos ingresos que no les permitirían unas condiciones de vida digna, es decir, que viven con ingresos inferiores al presupuesto de referencia. De esta forma, el indicador presentado por Cáritas arroja un porcentaje muy superior a otros índices, como la tasa de pobreza relativa (20,7%) y a la tasa AROPE (25,3%), calculadas por el INE para el año 2019.

«Los hogares con graves dificultades para satisfacer sus necesidades básicas se encuentran, sobre todo, entre los que viven en alquiler, hogares con presencia de niños y niñas en edad de estudiar, personas con discapacidad o situación de dependencia, la existencia de deudas, la ausencia de ingresos estables y el desempleo de alguno o todos los miembros activos del hogar. Es crucial, además, considerar la brecha de género y el conjunto de dificultades añadidas que soportan los hogares encabezados por una mujer sola con la responsabilidad exclusiva de la crianza de los niños», ha explicado Ubrich.

Las partidas de gastos esenciales —vivienda, alimentación y transporte—, los capítulos del gasto a los que las familias están dedicando la mayor parte de sus ingresos, son precisamente los más afectados por la subida de los precios. Así la inflación correspondiente a los gastos en vivienda y suministros (agua, luz, gas) alcanzaba en junio de 2022 el 19%, al igual que la partida de transporte. Por su parte, el crecimiento de los precios de la alimentación superaba el 13%.

Si antes de la crisis de la inflación, los hogares con ingresos inferiores a 1.500 euros mensuales destinaban a estas tres partidas 61 euros de cada cien euros que ingresaban, al terminar el año estarán dedicando 80 de cada cien. Un porcentaje similar, el 80%, al destinado a estos gastos por familias en peor situación —con ingresos menores a los 1.000 euros— que ahora apenas tienen margen para otro tipo de gastos.

De esta forma, siete de cada diez hogares vulnerables se han visto obligados a renunciar o reducir sustancialmente sus gastos en ropa y calzado y casi la mitad han recortado el presupuesto familiar en alimentación (3 millones de hogares), hasta el punto de que una cuarta parte de ellos no puede llevar la dieta especial que necesita por cuestiones médicas. También, un 18% de hogares con niños ha dejado de usar el comedor escolar por no poder costearlo, lo que supone casi medio millón de hogares con niños a cargo.

La luz o el gas son gastos ineludibles, sobre todo, si el hogar integra menores de edad o personas dependientes. No obstante, seis de cada diez hogares han reducido el consumo de electricidad, agua o calefacción, y un 22% ha pedido ayudas para pagar sus suministros.

Pese a los riesgos evidentes para la salud, una tercera parte de los hogares con graves dificultades, renunció a comprar un accesorio sociosanitario que necesitaba (prótesis, gafas, audífonos), y el 14% dejó de comprar algún medicamento por cuestiones económicas.

«Es incuestionable que estas estrategias no son inocuas en la vida de las personas y familias que las tienen que activar. No son decisiones, sino imposiciones marcadas por la privación, estrategias de supervivencia con consecuencias negativas directas», ha precisado Ubrich.

El de Yolanda es un ejemplo de esta situación. Tiene 47 años y vive en Valencia junto a su marido y dos de sus cuatro hijos, de 11 y 7 años, porque los más mayores ya se han independizado. Está en paro, después de soportar un ERTE durante la pandemia y su marido, trasportista, está de baja tras una operación en la pierna.

«Estamos luchando porque estamos en un piso de alquiler social y hay un fondo buitre que nos quiere echar», explica Yolanda, que precisa que la mayor parte de sus ingresos van destinados a la vivienda, la comida y los suministros. «Yo soy de las antiguas. Cuando cobro, primero pago todo lo que tengo que pagar. Pago mi piso, mis cosas e internet porque mis hijos lo utilizan para estudiar no por capricho. Y lo que queda es para comer. Yo no le quiero deber nada a nadie», explica.

«Primero lo básico. El mes pasado pude llevarlos al cine. Mi hija tiene siete años y nunca había ido al cine. Es triste», lamenta Yolanda, que confía que la situación sea temporal. «Por el día es como si llevaras una máscara. Tus hijos te ven bien y feliz pero cuando tus hijos se duermen, tú te derrumbas. Entonces lloras y piensas cómo vas a salir», confiesa esta madre de familia.

Más desesperada es la situación de Paz. Vive en Granada, tiene 54 años y los efectos secundarios de la quimio y radioterápia —«me dieron mucha», dice— que le aplicaron por un cáncer que sufrió hace un tiempo le impiden trabajar desde entonces. «Antes trabajaba con personas mayores y en la limpieza, pero ahora no me puedo mover», nos explica.

Sus únicos ingresos son una pensión de viudedad de 550 euros y la mayor parte, 450, van directos al alquiler. «Con el pago al casero, la luz, el agua y una bombona de butano que compro al mes, se acaba mi pensión». La Cáritas parroquial le facilita cada quince días un lote de alimentos. También en la Cruz Roja, aunque se tiene que desplazar hasta «la otra punta de la ciudad». Para ahorrar, va a pie hasta la sede y vuelve, ya cargada con las bolsas, en autobús. «Al menos ando la mitad del trayecto», nos explica.

Su hijo trabaja de camarero en Holanda y de vez en cuando le envía 100 euros. «Él también está pasándolo mal, no me atrevo ni a preguntarle», nos dice. Cuando tiene ese extra, «o mi hermana me da 10 euros», sale a comprar. Pero, «al pollo no te puedes acercar, ni al cerdo y ya no me acuerdo del sabor que tenía el pescado», explica, para añadir que el único pescado que come desde hace tiempo «son las latas de atún que me dan en Cáritas».

Como denuncia el informe presentado este jueves, Paz ha tenido que renunciar a comprarse unas gafas nuevas. «Desde la pandemia, cuando había que ponérselas con la mascarilla, las tengo como aplastadas y medio rotas. Estuve preguntado por una montura y por la más barata me pidieron una barbaridad, me estoy quedando sin vista».

Paz también ha buscado estrategias para reducir al máximo su consumo de energía. «No enciendo la luz en todo el día, por la noche ceno con el resplandor de la televisión y lavo muchas cosas a mano para poner la lavadora cada quince días», explica. A pesar de su situación, Paz tiene poca confianza en que mejore a corto plazo. «A ver si nos suben algo la pensión y me sobran por lo menos 100 euros al mes para poder comer», confiesa.