Sumar pedirá en el Congreso incluir en la Ley de Memoria a víctimas del Patronato de la Mujer hasta 1985

Además, en la iniciativa que se debatirá en la Comisión de Igualdad y a la que ha tenido acceso Europa Press, el socio minoritario del Gobierno plantea la necesidad de que el Defensor del Pueblo abra una investigación sobre los abusos que tuvieron lugar en estos centros en los que fueron recluidas contra su voluntad para «impedir su explotación, apartarlas del vicio y educarlas con arreglo a las enseñanzas de la religión católica».

Durante más de 40 años, el Patronato -o 'las monjas', como se conocía popularmente a esta institución- fue la institución más longeva de la dictadura, una de las piezas «indispensables para ejercer el control social» de las mujeres. Según Sumar, «se encargó del disciplinamiento de los cuerpos y las mentes de las mujeres que no se adecuaban al modelo único de buena mujer impuesto por el franquismo«.

En sus centros, repartidos por todo el país, se recluyó a miles de mujeres de entre 16 y 25 años, que, según sus propios relatos, fueron sometidas a un «trato vejatorio, obligadas a trabajar sin remuneración y en condiciones deplorables».

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Muchas de ellas dieron a luz bajo la tutela del Estado -de hecho, recalaron allí por haberse quedado embarazadas sin estar casadas o como consecuencia de violaciones- y fueron presionadas para dar a sus criaturas en adopción o les dijeron que habían nacido muertas. «Su desaparición no conllevó ningún tipo de reparación a las víctimas ni rendición de cuentas por parte de las gestoras. Es de justicia que se establezcan los mecanismos de reparación para aquellas mujeres que sufrieron el yugo de franquismo a través también del Patronato de Protección a la Mujer», argumenta el grupo plurinacional.

Por todo ello, Sumar quiere que el Congreso condene la actuación del Patronato, manifieste su solidaridad con las víctimas y encomiende al Defensor del Pueblo que cree una comisión independiente con personas expertas para elaborar un informe de los abusos cometidos en su seno con el objetivo de «contribuir a la determinación de los hechos y responsabilidades». La idea es que remita sus conclusiones al Gobierno y a las Cortes para que adopten las medidas de reparación que se recojan en sus conclusiones.

En paralelo, el grupo parlamentario que preside Yolanda Díaz emplaza al Ejecutivo de coalición a aprobar un proyecto de ley de para reformar la Ley de Memoria de manera que incluya como víctimas de la represión franquista a las jóvenes recluidas en el Patronato, con el fin de que sean «reparadas y dignificadas».

En concreto, aboga por que se les conceda el derecho a «reparaciones económicas» y se les garantice acceso a los recursos médicos y psicoterapéuticos que necesiten las que sufrieran menoscabo de su salud física o mental «como consecuencia de su injusta detención y privación de libertad». Asimismo, solicita que se articulen mecanismos específicos para reparar a las que estuvieron bajo tutela del Patronato hasta 1985, fecha que excede el ámbito temporal recogido en la Ley de Memoria Democrática, sólo llega hasta la aprobación de la Constitución.