Sanidad ultima un informe para actuar contra las comunidades que no practiquen abortos en la pública, pese al récord de 2024

Ya el pasado julio, el secretario de Estado, Javier Padilla, envió una misiva a las regiones en la que les avisaba de que tomaría medidas legales contra «aquellas comunidades que no estén garantizando este derecho».

Aun así, el número de abortos practicados en los centros sanitarios españoles volvió a alcanzar un récord en 2024, según los datos presentados este miércoles por Mónica García. En concreto, se llevaron a cabo 106.172, un 3% más que en 2023, cuando por primera vez se superó la barrera de los 100.000.

Cierto es que la mayoría de las intervenciones tuvieron lugar en centros privados, el 78%, pero en muchos de esos casos se trata de pacientes que son derivadas desde la sanidad pública, por lo que el coste lo asume la autonomía, pues no todas las regiones cuentan con suficientes profesionales que quieran llevar a cabo estos procedimientos en el sistema sanitario público. De hecho, la mayoría de las mujeres que abortaron (77.000) pidieron información en centros públicos.

«Sabemos que muchas comunidades siguen sin cumplir su parte», ha justificado la ministra, que ha reconocido que el año pasado aumentó el número de abortos que se llevaron a cabo en centros públicos. «Vamos en la dirección correcta, pero no es suficiente». Y ha mencionado únicamente el caso de la Comunidad de Madrid, pese a que hay territorios en los que los porcentajes de estas intervenciones en la pública son inferiores, entre ellos Ceuta y Melilla, dependientes del ministerio, donde ninguno de los abortos tuvo lugar en un centro público. Además, en estas ciudades autónomas las mujeres son derivadas a Andalucía para poder abortar.

El 49 por ciento de las mujeres que abortaron el año pasado no usaban métodos anticonceptivos. Las intervenciones aumentaron en todos los tramos de edad salvo en los de 20 a 24 años y de 25 a 29 años. Las mayores subidas se dieron entre las de 35 a 39 años y las de 30 a 34 años y en el 94,62% de los casos fue por decisión voluntaria de la mujer. En los centros públicos fue mayoritario el uso del método quirúrgico, mientras que en los públicos predominaron los farmacológicos.

La ministra de Sanidad también ha arremetido contra la iniciativa aprobada este martes por el Ayuntamiento de Madrid sobre dar información sobre el síndrome posaborto a las mujeres que vayan a someterse a este procedimiento. García ha asegurado que no hay evidencia científica que sostenga este trastorno. «Un síndrome que no existe como un diagnóstico clínico», ha dicho y ha tachado la medida de «violencia camuflada por parte de Vox y PP». «No hay ninguna diferencia entre lo que propusieron y el acoso a las puertas de las clínicas a las mujeres que van a abortar», ha criticado.