Sánchez otorga diez millones a dedo a solo cinco universidades públicas para investigar la IA

Según explica la memoria del real decreto a la que ha accedido ABC, el objetivo de la aprobación de esta norma que llega previsiblemente este martes al Consejo de Ministros «es potenciar el talento nacional logrando la retención del mismo y la atracción del talento global en el ámbito de la inteligencia artificial, creando programas interdisciplinares de formación altamente especializados, desarrollados por las entidades públicas más idóneas para ello», defiende la citada memoria. Las universidades beneficiadas son la Universidad Jaume I de Castellón, la Universidad Oviedo, la de Salamanca, la de Granada y la de Santiago de Compostela.

El Gobierno recurre para esta financiación a una de las 'salvedades' de las ley de subvenciones que permite dar ayudas directas sin concurrencia competitiva: la que se destina a aquellas en las que «se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública».

El Ministerio de Transformación Digital se acoge a razones de «interés público» y dice que «ya que los proyectos objeto del presente real decreto están íntimamente ligados a la IA, requieren una complejidad técnica y profesional con la cual solo cuentan las universidades objeto de la subvención». Sin embargo, esta explicación parece no haber convencido al Ministerio de Hacienda que en sus observaciones hechas al real decreto es tajante: «El documento CID (aprobado por Decisión del Consejo de la UE) en su objetivo 251 dice taxativamente que «las subvenciones se concederán a través de licitaciones competitivas» [...] lo cierto y relevante es el cumplimiento íntegro y taxativo del CID que, en este caso, deja claro que las ayudas se concederán a través de licitaciones competitivas. Existe, por tanto, riesgo cierto de que la Comisión declare incumplido este hito», sentencia Hacienda.

Para defender a estas universidades (aparte del Ciber) el ministerio destaca su «idoneidad y singularidad» que se aprecian en varias razones. «Una de ellas es el vínculo que estas entidades tienen con determinados organismos internacionales en materia de inteligencia artificial».

Y continúan: «Otra razón es que estas entidades son referentes en este mismo ámbito a nivel nacional, lo que explica que hayan sido seleccionadas para esa colaboración con organismos internacionales líderes en la materia. Este hecho establece una oportunidad que el Estado considera clave para el interés público, ya que permitirá conseguir una mejor conexión internacional, promoviendo programas educativos y de investigación, y facilitando la transferencia de conocimiento científico, lo que a su vez impide la concurrencia competitiva, ya que estas entidades son las únicas a nivel nacional con vínculos con ADIA Lab Europe y colaboraciones académicas internacionales en el campo de la inteligencia artificial».

Para el Ministerio de Transformación Digital, por tanto, son fundamentales los vínculos de estas entidades beneficiarias con el ADIA Lab Europe (y también con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey). El ADIA Lab Europe, dice la citada memoria, «es un laboratorio independiente líder dedicado a impulsar la investigación fundamental en inteligencia artificial, ciencias de la computación y el procesamiento de datos, con el objetivo de ofrecer soluciones a importantes desafíos sociales como los que abordan estas cinco entidades españolas (cambio climático, la salud pública, la economía digital, la ciberseguridad y la supercomputación, todo ello desde el punto de vista del desarrollo y aplicación de IA)».

Pero, ¿qué es concretamente lo que se quiere conseguir con los proyectos? «Se desea proporcionar un marco de referencia para conseguir un objetivo único: avanzar hacia una IA fiable, explicable, transparente e inclusiva que asegure el cumplimiento de los derechos fundamentales y de la regulación aplicable, así como el respeto a los principios y valores fundamentales, y tenga en cuenta las aspiraciones colectivas de la ciudadanía», continúa la memoria. Los proyectos incluyen el diseño y desarrollo de algoritmos; la investigación de vanguardia; la optimización del rendimiento; la validación y evaluación y la implementación y despliegue.

No es la primera vez que el Ejecutivo es criticado por hacer concesiones directas. Tampoco es la primera vez que se le reprocha por hacerlo en el ámbito de la inteligencia artificial. El Gobierno aprobó a principios del mes de noviembre un real decreto para poner en marcha el «primer entorno controlado de pruebas para comprobar la forma de implementar los requisitos aplicables a los sistemas de inteligencia artificial» previstos en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Dicho reglamento podría ser aprobado a finales de año y tiene como objetivo regular la inteligencia artificial en Europa para «asegurar el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos», así como generar confianza en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial de manera holística en la economía y la sociedad, apuntaba el decreto.

Las entidades que podrán acceder a este entorno de pruebas que aprueba el Gobierno con este decreto es bastante limitado: mínimo ocho y máximo doce. Así lo reprochó, tal como informó ABC, el Consejo de Estado (CE) en su dictamen sobre la norma del Gobierno en la que alude al «carácter muy limitado del número de participantes previsto para la experiencia (entre 8 y 12)», señaló el máximo órgano consultivo del Gobierno. El CE no solo reparó en la escasa participación, también le recordó al Gobierno que hay una norma que debe cumplirse sobre empresas emergentes que establece que para los entornos de prueba tiene que haber igualdad, no discriminación, y que ya los mencionados entornos de prueba provoquen «la mínima distorsión de la competencia en los mercados», entre otros principios.

En definitiva, el CE advirtió al Ejecutivo, entonces en funciones, de que aunque asegure que la norma «no tiene impacto sobre la competencia en el mercado, puesto que de ella no se deriva ninguna ventaja competitiva para las entidades participantes» debe evitar cualquier tipo de agravio comparativo con las entidades que se quedan fuera. Sobre el mismo tema, si bien el Ejecutivo aseguró que la norma no supondría ningún beneficio económico, el CE reprochó que las entidades participantes sí son destinatarias de «un beneficio directo adicional».

En este sentido, el órgano consultivo dijo que «la culminación exitosa de la experiencia por parte de un proveedor dará lugar a la expedición de un documento acreditativo de su participación, junto a un informe de valoración de los resultados obtenidos y a la emisión de un comunicado público en el portal web correspondiente».