Los rectores responden a los 10 millones a dedo del Gobierno a solo cinco campus: «Es discriminatorio y profundamente injusto»

El hecho de que las ayudas se hayan otorgado directamente o 'a dedo' (se ha justificado «interés público» para ello, extremo que contempla la ley de subvenciones) no ha gustado a los rectores. Hay que tener en cuenta que en España hay 50 universidades públicas, de las que solo se benefician cinco, por no contar con las privadas, cuyo número asciende a 26.

«Hay dos cosas que me causan inquietud: la primera es que la Jaume I sea seleccionada; parecería un intento de tener a la presidenta de la Conferencia de Rectores (CRUE) a favor de la decisión», dice un rector de una universidad pública. Cabe aclarar que la presidenta de la CRUE es Eva Alcón, la rectora de la Jaume I. Este rector continúa: «Al menos a primera vista, no parece que la Universidad Jaume I tenga la suficiente 'masa crítica investigadora' para un proyecto tan potente. De las seleccionadas, en esa materia, me parece que la de Granada sí es indiscutible porque tiene un elenco y una trayectoria investigadora en computación fuera de duda, al contrario de las demás. La segunda cuestión llamativa es que se deja afuera a las grandes politécnicas: Madrid, Barcelona y Valencia. Y que curiosamente, no cuenta con ninguna catalana, ni con la UPV».

Por su parte, Jaume Puy i Llorens, rector de la Universidad de Lérida, señala que «no conoce los detalles» pero basándose en la información publicada por ABC «no parece que esta sea la forma de resolver estos temas». Tal y como publicó este periódico la subvención directa ha sido criticada por otro ministerio, el de Hacienda, que además advirtió que Transformación Digital podría hasta poner en riesgo el cumplimiento de los compromisos europeos. «El documento CID (aprobado por Decisión del Consejo de la UE) en su objetivo 251 dice taxativamente que «las subvenciones se concederán a través de licitaciones competitivas» [...] lo cierto y relevante es el cumplimiento íntegro y taxativo del CID que, en este caso, deja claro que las ayudas se concederán a través de licitaciones competitivas. Existe, por tanto, riesgo cierto de que la Comisión declare incumplido este hito».

«La apreciación que hace el Ministerio de Hacienda creo que es una de las claves de por qué debemos mostrarnos en contra de la decisión ministerial», apunta Joan Guàrdia, rector de la Universidad de Barcelona. «A nadie se les escapa que las subvenciones deben ser de concurrencia competitiva según las recomendaciones de la Unión Europea y más en un ámbito como el de la inteligencia artificial un ámbito de la investigación multidisciplinar donde hay muchas universidades investigando y trabajando y con un amplio recorrido. Este no es un tema de exclusividad de pocas universidades sino que implica al conjunto de centros de investigación. Sin desmerecer la labor de las universidades escogidas, que estamos seguros que es mucha y buena, no son las únicas que dedican parte de su investigación a este tema. Así las cosas, dejar a las otras universidades fuera de las ayudas sin criterios objetivos está fuera de lugar y más en este ámbito como es el universitario», continúa el rector de la UB. «La misma leru (leru.org) trabaja des de hace años de manera cooperativa con todas las universidades que la integramos sobre los aspectos de la IA en el ámbito de la investigación como en el formativo y el legislativo. Parece poco avanzado asignar a unas pocas universidades cuando la organización más importante de universidades europeas apuesta por un trabajo cooperativo».

Rosa Visiedo, rectora de la Universidad CEU San Pablo también se mostró contraria al 'dedazo': «Me parece discriminatorio, tanto para las privadas como para las públicas con las que no se ha contado. El campo de investigación y de aplicación de la IA es tan amplio, multidisciplinar y necesario en estos momentos que no sé si esta limitación tiene mucho sentido». En la misma línea se pronunció José Vicente Saz Pérez, rector de la Universidad de Alcalá: «Me parece profundamente injusto ya que omite lo más importante que es la valoración de la capacidad real de cada institución e impide optar a otras universidades que pueden tener la misma o mayor capacitación para ejecutar los proyectos. Sería una decisión que crearía un gran revuelo en el entorno universitario por ser absolutamente subjetiva».

Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense, dice que «existen otras universidades en el territorio español con relaciones internacionales y proyectos de investigación con otros campus y entidades a nivel mundial. Se trata de una decisión que rompe la igualdad de oportunidades a la hora de poder competir».

ABC preguntó a la Conferencia de Rectores que dijo que no puede «valorar una información sobre un real decreto que «previsiblemente» debería haber llegado al Consejo de Ministros. Cuando se apruebe, Crue podrá realizar una valoración de los hechos».