Una quincena de colegios católicos pasan a ser públicos por la falta de financiación de la concertada

Una cantidad, que resulta «abrumadora», según han reconocido a ABC fuentes del Episcopado y que «conviene poner sobre la mesa para dar valor a este modelo de educación», añaden. «Hay muchos más argumentos a favor de la concertada, pero hasta no se ven estos datos no se es consciente de la enorme necesidad de este servicio que viene suplir donde el Estado no llega», explican.

Esta cifra se presenta cada año y se extrae a partir de los datos oficiales facilitados por el Ministerio de Educación y las homólogas consejerías de las comunidades autónomas. A partir ello, y con datos provisionales publicados por el ministerio en marzo de este año ha podido cifrar que el coste medio de una plaza escolar en la escuela pública es de 6.441, 89 euros al año (lo que supone una inversión cercana a las 35.700 millones para más de cinco millones y medio de alumnos). Por otra parte, la inversión en cada uno de los más de 2,7 millones de alumnos de la concertada, ascendió a 3.513,32 euros (con gasto público total de algo más de 7.281 millones).

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De esta forma, un alumno de la concertada le cuesta 2.928,56 euros menos al Estado al año que en la escuela pública. Esa cifra, multiplicada por los 1.487.637 alumnos que en 2021 asistieron a los niveles concertados de la escuela católica, arroja la cantidad de 4.356 millones de euros que los centros de la Iglesia ahorraron en 2021 al Estado. «Son 461 millones más que el año anterior, cuando la cifra fue de 3.895», señaló en la rueda de prensa la directora de la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal, Ester Martín.

En su memoria, el Episcopado explica que esta enseñanza católica es «una formación de calidad, con buenos resultados académicos, de gran demanda por parte de los padres». Y añade que «supone un importante ahorro al Estado por la eficiencia en la gestión del gasto en los centros y la baja dotación de los conciertos en comparación con la enseñanza pública».

De esta forma, los obispos se suman a la reivindicación que, desde hace años, realiza Escuelas Católicas, la entidad que representa a más de dos mil colegios confesionales españoles. Para su secretario general adjunto, Luis Centeno, la «enseñanza concertada católica cumple un servicio público y social esencial para la sociedad, con una vocación de servicio y con una financiación claramente insuficiente». Una infrafinanciación que, apunta, se lleva arrastrando desde hace más de tres décadas, y que «es preciso abordar con la administración en algún momento», añade Centeno.

La reivindicación episcopal se produce en medio de la reactivación del eterno debate sobre el modelo educativo tras la aprobación y aplicación de la ley Celaá, que de nuevo ahoga a los centros concertados. La octava ley educativa de la democracia elimina el criterio de «demanda social» como requisito para acceder a un concierto, por lo que la decisión de nuevos centros concertados, o la continuidad de los existentes, queda en manos exclusivamente del Estado, sin tener en cuenta las peticiones de las familias.

Además, la infrafinanciación también pone en riesgo la continuidad de algunos centros concertados. En la práctica, «los centros tienen que hacer frente a esta diferencia, con ingresos extraordinarios que no cubre el concierto y que salen de las arcas de la entidad titular, del pequeño remanente de alguna actividades y de los donativos voluntarios de las familias», explica Centeno.

Cuando esto no es posible, algunos centros concertados se han visto obligados a cerrar, sobre todo en pequeñas poblaciones, donde les es imposible competir con los beneficios que ofrece la escuela pública, como las subvenciones al transporte escolar o el comedor. Incluso, en Cataluña, la Generalitat ha habilitado la vía para que los centros concertados que no puedan afrontar los gastos, pasen a ser de titularidad pública. Ya son una quincena los que han pasado a manos de la Generalitat.

«Sorprende como a colegios que se les ha negado la posibilidad de aumentar el concierto y se les ha ahogado hasta casi el cierre, en el momento en que pasan a ser públicos, la Generalitat inyecta varios millones en la remodelación, aumenta la plantilla del profesorado y hace algunos cambios», explica Centeno.

A la Administración «le sale muy rentable quedarse con un colegio ya en funcionamiento, porque invierte uno o dos millones en remozarlo, frente a la inversión mucho más alta que le supondría construir uno nuevo», añade el representante de Escuelas Católicas. El País Vasco busca una solución similar con su nueva ley educativa.