El PSOE pide cerrar en falso la explotación de menores tuteladas en Baleares

Los Populares Europeos (EPP), Renew (donde se integra Ciudadanos) y ECR (del que forma parte Vox) han defendido la necesidad de conocer las enmiendas de los partidos tras el 7 de noviembre y hacer un seguimiento posterior para comprobar que las recomendaciones se están aplicando. A los socialistas se les ha reprochado que no quisieran investigar los hechos y quieran ahora dar carpetazo.

No es la primera vez que el PSOE pone trabas a esta investigación de la misión europea. El pasado mes de enero, intentó que esta visita, ya aprobada, se cayera del calendario. Posteriormente, intentó que las madres de dos víctimas de explotación sexual no comparecieran. Además, poco antes del viaje, el presidente del Parlamento autonómico, el socialista Vicenç Thomàs, se negó a ceder una sala a esta comisión del Parlamento Europeo, alegando que el martes había pleno y les invitó a irse a un hotel.

La presidenta Francina Armengol, que también fue citada por la delegación de la UE en abril, se negó a desplazarse al hotel y obligó a los eurodiputados y traductores a acudir a su despacho en el Consolat de Mar.

Durante su visita a las Islas, entre el 11 y el 13 de abril, la misión europea se reunió con autoridades regionales, expertos en explotación sexual infantil, así como familiares de las víctimas y periodistas. La misión estuvo presidida por el eurodiputado alemán Peter Jahr (PPE) e integrada por los eurodiputados Manuel Pizarro (S&D, Portugal), Ramona Strugariu (Renew, Rumanía), Rosa D'Amato (Greens/EFA, Italia) y Kosma Zlotowski (ECR/Polonia). Asimismo, estaban acompañados por los eurodiputados españoles Rosa Estaràs (PPE), Alícia Homs (S&D), Maite Pagazaurtundúa (Renew) y Jorge Buxadé (ECR).

En las conclusiones preliminares, avanzadas por ABC el pasado mes de septiembre, la Comisión indicó en que era «preciso» incrementar los recursos para la protección, mejorar la coordinación entre las instituciones que velan por su seguridad y prevenir las situaciones de riesgo.

El documento recogía 15 conclusiones entre las que se urgía «replantear el sistema de protección de menores tutelados a nivel autonómico, nacional y europeo» y crear en las Islas centros de protección específicos de menores con menores de conducta.

La delegación llegada desde Bruselas planteó mejorar los protocolos de actuación y la coordinación entre las instituciones después de que varios representantes de la Policía y la Guardia Civil reconocieran que era «obtusa» y «mejorable». Asimismo, solicitó crear en Baleares «centros de protección específicos de menores con problemas de conducta» e impulsar «una acción integral por parte de las autoridades competentes».

Desde que estallara el escándalo a principios de 2020, el Gobierno insular, formado por PSOE, Unidas Podemos y los nacionalistas de Més, ha bloqueado cualquier investigación en profundidad sobre las denuncias de casos de menores tutelados víctimas de explotación sexual. Los socios nacionalistas de Armengol apoyaron una comisión de investigación en el Consell de Mallorca, secundando al PP, Ciudadanos y el PI, pero el PSOE y Podemos lograron que mutara en una comisión de expertos que no ha aclarado nada y que ha costado 30.278,73 euros.

La investigación por parte de la Eurocámara surgió en enero de 2021 cuando la eurodiputada balear del PP, Rosa Estaràs, solicitó el envío de una misión para contribuir a esclarecer las circunstancias en las que se habían producido esos casos de explotación a niñas tuteladas. A raíz de esta petición, pidió explicaciones al entonces vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias; al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la consellera de Asuntos Sociales del Govern, Fina Santiago. La escueta respuesta fue que los casos de abusos que se conocen son remitidos a la Justicia.

Estaràs ha avanzado que el Partido Popular presentará una serie de enmiendas «para mejorar el texto» y ha indicado que el Grupo Verde ha presentado un informe paralelo «para defender al Govern balear y al Consell de Mallorca» y ha asegurado que «no es el instrumento adecuado porque lo que persigue la Comisión de Peticiones es trabajar sobre una serie de recomendaciones para que la explotación sexual en Baleares no vuelva a suceder» al tiempo que ha lamentado que el PSOE insista «en cerrar la comisión de petición ya que su único objetivo es dar soluciones a esta grave problemática».

Por su parte, la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundua ha pedido la presencia de consejeros externos que ayuden a los menores como figuras de confianza, durante la presentación del informe de la misión del Parlamento Europeo por el caso de las menores explotadas sexualmente en Baleares. Ha defendido que «mostrar los hechos, en nuestro caso, nunca fue para criticar y tener rédito político y el informe del Parlamento debe ser completo y riguroso».