El PSOE lanza una ofensiva en Bruselas contra el plan de Doñana

Incluye la organización de una visita de diputados europeos a la zona y la petición de reuniones urgentes con los miembros de la Comisión

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La socialista Iratxe García, junto a Ursula von der Leyen, en una imagen de archivo EP

Corresponsal en Bruselas

14/04/2023
Actualizado a las 10:16h.

El grupo socialista español en el Parlamento Europeo ha decidido usar todos los mecanismos a su alcance para intentar oponerse a la nueva legislación sobre riegos en la zona del parque de Doñana, incluyendo la organización de una visita de diputados europeos ... a la zona y la petición de reuniones urgentes con los miembros de la Comisión con competencias en el tema con la petición expresa de intervengan los responsables de Medio Ambiente. Por ahora, el Ejecutivo comunitario no oculta sus reticencias ante una medida que considera que puede tener «efectos adversos» para los objetivos de conservación medioambiental, pero no suele entrar abiertamente en ninguna polémica sobre una legislación determinada hasta que esta no haya sido aprobada formalmente. Y en todo caso, en estos casos el interlocutor de Bruselas es siempre el Gobierno central, nunca los niveles inferiores de la Administración, por lo que todas las medidas que pueda adoptar la Unión Europea recaerían sobre él.

Los responsables de la delegación española del PSOE han empezado por movilizar al grupo socialdemócrata de la Eurocámara, cuya portavoz es precisamente la española Iratxe García, que ha publicado en redes sociales un mensaje denunciando que «el Partido Popular y Vox» han «decidido poner en riesgo la supervivencia de Doñana» y que por ello van a organizar una visita con diputados de todos los países y de todos los grupos que quieran participar «para que conozcan la realidad de la zona». No hay fechas todavía para este viaje que no podría hacerse en nombre de la institución, pero en fuentes socialistas prevén que sea «lo antes posible».

Además, Iratxe García ha pedido una reunión urgente con el vicepresidente de la Comisión, encargado del Pacto verde, Frans Timmermans (socialista holandés) y el Comisario de Medio Ambiente, el ecologista lituano Virginijus Sinkevičius, para tratar de involucrarlos en este debate.

Es muy poco probable, por no decir, imposible que la Comisión decidiera imponer medidas cautelares, a pesar de que las cuestiones de medio ambiente son de su competencia. Sin embargo en cuanto la legislación andaluza haya sido aprobada formalmente verificará si está o no de acuerdo con la decisión de la justicia europea de junio de 2021 en la que declaraba que España había incumplido la obligación de aplicar la normativa europea del agua y que «no estaba evitando el deterioro de los hábitats protegidos en varios espacios incluidos en Natura 2000 en Doñana».

La Comisión ha recordado que no se opone a la actividad económica en zonas protegidas, pero esta debe ser «compatible con los objetivos» de conservación. Dado que ya hay un procedimiento de infracción sobre este tema, una vez concluya el proceso legislativo en Andalucía, si la Comisión cree que el resultado no cumple con la legislación europea, podría denunciar a España ente el Tribunal de Luxemburgo, que a su vez sería el encargado de determinar si es así y decidir si impone sanciones a España.