El PP obliga al Gobierno a esclarecer la gestión irregular de los puntos violeta que hizo la directora del Instituto de la Mujer

En la Comunidad Valenciana, lugar de residencia antes de saltar a Madrid, esempeñando cargos institucionales y orgánicos en el PSPV-PSOE, antes de convertirse, en 2019, en asesora del Ministerio de Fomento (luego Transportes) que lideraba José Luis Ábalos. Un puesto en el que también coincidió con Koldo García.

El Partido Popular, cuyo líder Alberto Núñez Feijóo ya emplazó al PSOE, una vez salió a luz la noticia, a que «sus altos cargos dejen de lucrarse con el dinero de la violencia de Género», lanza ahora una batería de preguntas escritas al Gobierno en la Cámara Alta para esclarecer la gestión irregular de los puntos violeta por parte de García, los negocios que comparte su pareja, así como sobre los vínculos de la directora del organismo con Ábalos y Koldo García.

En concreto, el PP ha formulado más de una treintena de preguntas parlamentarias a las que el Gobierno está obligado a dar respuesta en un plazo aproximado de un mes. Entre otras cuestiones, los populares preguntan las medidas que se van a tomar al respecto, si la ministra Redondo va a cesar a García -por el momento, la mantiene en el cargo-, si se han usado fondos procedentes de Igualdad para financiar alguno de los mencionados puntos violeta y si, en caso afirmativo, el Ministerio va a exigir el reembolso de los mismos.

Los de Feijóo en el Congreso quieren indagar, además, en si el Instituto de las Mujeres contrató con las empresas Consultoría de Iguadad y Diversidad S. L. e IMBER Consultoría de Igualdad.

El PP pregunta asimismo por la formación académica de la directora del Instituto de la Mujer y sobre cómo es posible que el Ministerio permita que, en su perfil de Linkedin, figure su cargo como directora del organimo, para el cual pone de contacto el link de su empresa que, a su vez, traslada a sus clientes «con los que ha sido beneficiada en contratos». «¿Quién autoriza a publicitar a su mercantil?», se preguntan los populares.

Por último, exigen explicaciones al Ejecutivo respecto a la facturación de la empresa de García, la cual cerró el año 2022 con unos ingresos descomunales (129.000 euros) en comparación con el capital inicial, que fue de 3.000 en febrero de ese mismo año.