Parón social en Cataluña en contra de la política de la Generalitat

En pleno ecuador de las movilizaciones, el sector del taxi amenaza con infartar en horas punta la principal arteria de entrada de tráfico a la capital catalana. Un caos garantizado para la ciudadanía. La guinda a la 'semana horribilis' para la Generalitat la ponen los letrados de la Administración con una protesta estatal indefinida que arranca hoy y amenaza con colapsar aún más los juzgados (puede comportar la suspensión de hasta 10.000 juicios en toda España). Piden que Justicia cumpla el acuerdo cerrado en abril y mejore sus condiciones salariales.

Reivindicaciones sectoriales al margen, un denominador común justifica el alzamiento social en el ámbito sanitario y educativo: la inconcreción presupuestaria actual que impide cerrar las mejoras básicas necesarias que reclaman los afectados. Los médicos piden como principio básico para seguir negociando reducir la ratio de pacientes para aliviar la sobrecarga laboral (piden que se fije en un tope de 28 visitas por facultativo tal y como acordaron en 2018 con la Generalitat para desbloquear las protestas de aquel momento) y que aumente el tiempo de dedicación a cada visita. Exigen también mejoras laborales y que se reduzcan los tiempos de espera. Según los últimos datos facilitados por la Generalitat, solo el 35 por ciento de los pacientes tienen acceso a una visita presencial a las 48 horas; el 52 por ciento acceden a ella a los cinco días, y el 72 por ciento a los diez. Tras la pandemia la cifra de pacientes por facultativo ha llegado a superar las 60 visitas diarias.

Centros de salud, ambulatorios y hospitales de la red sanitaria pública y concertada catalana funcionarán desde hoy y hasta mañana a medio gas. Solo se garantizan el cien por cien de las urgencias, UCIs, unidades de neonatología y tratamientos oncológicos. También se atenderá con normalidad la actividad quirúrgica inaplazable. El paro, convocado por el sindicato Metges de Catalunya, cuenta también con el apoyo del sindicato de enfermería Satse y de la Intersindical. Esta última central, con escasa representación, estrenó ayer las protestas con escaso seguimiento.

«Los médicos se queman. Hay fuga de profesionales y marchan los mejores»

Francisco Castro

Médicos de Urgencias

Los sindicatos médicos y la Consejería de Salud negociaron anoche 'in extremis' para lograr un acuerdo pero ni tan solo se rozó. Los facultativos piden concreción en medidas que les permitan mejorar sus condiciones de trabajo y poner fin a la sobrecarga asistencial, pero el Govern «solo da evasivas y respuestas inconcretas», según indicaron a ABC fuentes de Metges de Catalunya. La Generalitat les prometió una inversión de 1.000 millones pero solo ha concretado poco más de 400 en el reciente convenio que cerró con la concertada.

Francisco Castro, médico de 53 años, lleva 20 trabajando en la sanidad pública. Actualmente, ejerce en el Servicio de Urgencias del Parque Sanitario Sant Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat (Barcelona). En sus más de dos décadas de ejercicio, Castro ha visto cómo mermaba la calidad asistencial como consecuencia de la infrafinanciación del sector. «Los médicos se queman. Hay fuga de profesionales y se marchan los mejores», denuncia el facultativo. Un efecto de la actual precarización son, a su juicio, «las listas de espera no solo en cirugía sino en pruebas diagnósticas y en consultas externas». «Cada año que pasa somos menos médicos para hacer la misma tarea. Mi poder adquisitivo se ha reducido notablemente», afirma. Una vía para enmendar la situación es, según apunta a ABC, «negociar un convenio con mejoras negociadas solo con los médicos». «Debemos movilizarnos porque no podemos más. Estamos hartos de maltrato laboral», concluye.

«Estamos trabajando con unas condiciones laborales peores que hace once años»

Ismael Robles

Profesor de instituto

A pie de aula, los profesores, convocados por el sindicato mayoritario Ustec-STES, CC. OO., UGT, Intersindical, Profesores de Secundaria (Aspepc), CGT y USOC, exigen también medidas urgentes para revertir los recortes y la falta de inversión endémica. Sus reivindicaciones se centran, entre otras cosas, en renegociar el calendario escolar, que desde este verano establece la vuelta una semana antes a las aulas tras las vacaciones estivales, blindar el mes de julio como no lectivo, y fijar un mínimo de días para la preparación del inicio del curso escolar. También reclaman mejoras retributivas, que se invierta un 6 por ciento del PIB en educación.

Ismael Robles, profesor en la educación pública desde 2018, indica «la segregación escolar, el abandono prematuro y la pérdida de calidad educativa» como las principales razones que llevan a la movilización. Advierte, asimismo, del trasvase de alumnos de la pública a la concertada por esta situación. El docente, de 33 años y que trabaja en el instituto Llobregat, de l'Hospitalet (Barcelona), apunta la sobrecarga laboral como una de las razones para la huelga y advierte de que solo revirtiendo los recortes de 2012 y asegurando «una política educativa con perspectiva de servicio público» puede desencallarse el conflicto. «Estamos trabajando con unas condiciones peores que hace once años», denuncia. Durante el paro, los servicios mínimos garantizan la asistencia de un profesor por cada tres aulas.

La protesta convocada en el sector del taxi, liderada por Élite Taxi y el Sindicato del Taxi de Cataluña, tiene una reivindicación nuclear: que las VTC sigan los precios regulados por el Instituto Metropolitano del Taxi (IMET). Prevén cortar hoy la Gran Via de les Corts Catalanes con 5.000 vehículos.

«Llevamos años trabajando mañana y tarde a coste cero. Estamos quemados»

Lourdes Escoda

Letrada de la Administración

Por su parte, la protesta, a nivel estatal de los letrados de la Administración añadirá más tensión a la jornada con el aplazamiento de juicios agendados. Lourdes Escoda, miembro de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales. (UPSJ), denuncia en declaraciones a ABC el incumplimiento por parte del Ministerio de Justicia del «acuerdo alcanzado en abril, donde se nos reconoció una adecuación salarial, adaptada a las nuevas funciones y responsabilidades que una ley del 2009 nos atribuyó».

Escoda advierte de que la protesta puede hacer que se suspendan hasta 10.000 juicios en toda España. Lourdes Escoda, que ayer participó en la manifestación de arrancada de las protestas en Madrid, es letrada de la Administración desde hace 28 años. «Son años, sí. Aguantando estos últimos trece con las nuevas funciones, quedándonos mañana y tarde a coste cero. Estamos quemados». La profesional denuncia la elevada carga laboral que tienen que soportar. «Tenemos una carga brutal. Vamos sobrepasados, todos nos llevamos el trabajo a casa, estamos mañana y tarde».