Okupas en el patio de una escuela: «El primer día de clases los encontramos instalados en la caseta del conserje»

La vivienda okupada, que casualmente se encuentra en el mismo barrio en el que reside el líder de ERC, Oriol Junqueras, es la antigua casa del conserje de la escuela, que llevaba años tapiada y que, según han precisado a este diario fuentes del Consistorio, «está destinada a acoger la sede de la Asociación de Madres y Padres (AFA) de la escuela según el actual proyecto de reforma del centro».

La okupación, por parte de una pareja joven y tres menores -un bebé de 12 meses y dos niños de 5 y 7 años- se produjo el pasado día 4 de septiembre, poco antes de que empezara el curso escolar tras la vuelta de las vacaciones de verano, según precisan las citadas fuentes municipales.

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Los padres del centro se encontraron el primer día de clases con que sus hijos tenían unos «inesperados» compañeros de patio. «Llegamos tras las vacaciones y vimos que en el patio de la escuela de nuestros hijos había okupas instalados y eso, obviamente, no nos gustó nada», señala en declaraciones a este diario una madre del centro que prefiere mantener el anonimato. Su hija, que cursa segundo de Educación Primaria, y otros muchos niños del colegio no han podido, según denuncia en declaraciones a ABC, «utilizar hasta hace poco la zona de las instalaciones exteriores que linda con la caseta, porque la cerraron, en un principio, en espera de encontrar una salida a la situación».

Hace unos días, el Ayuntamiento, que ha estado en todo momento en contacto con la dirección del centro, inhabilitó las escaleras que acceden desde la caseta al patio de modo que la entrada a la instalación okupada solo es posible desde la otra puerta que da a la calle, y abrió a los alumnos la zona del recinto escolar que estaba restringida.

«No es normal lo que está pasando. Es verdad que no malmeten, pero no es aceptable de ninguna manera que estén», dice Manuel, otro padre de la escuela. «A nadie le gusta esta situación. Hay malestar y el Ayuntamiento debe encontrar una solución urgente», asegura.

Otra madre del colegio señala que las familias «no hemos sido especialmente beligerantes con la situación porque hay tres menores, entre ellos un bebé, pero eso no significa que no deba resolverse el problema. Nos consta que el Ayuntamiento está buscando una salida a la familia. Esperamos que la encuentre».

Los padres reconocen el creciente malestar por la situación, que se suma a la preocupación que tienen desde hace años por la okupación de una vivienda entera, justo al lado del centro, una casa de titularidad privada catalogada que antiguamente era una residencia de ancianos . «Los okupas de la caseta de la escuela son una familia con niños, un perfil muy diferente al de los de la casa de abajo, donde sí ha tenido que intervenir la policía varias veces porque muchos son toxicómanos y son conflictivos», coindicen los padres.

La propietaria de un establecimiento del barrio confirma lo que dicen los padres. «Son perfiles diferentes, está claro. Los de la casa de abajo son muy conflictivos y todos lo sabemos. Lo que no entendemos es que el Ayuntamiento no haya movido un dedo hasta ahora que se ha okupado una caseta de su propiedad», precisa la empleada. Asegura que un matrimonio joven se acerca habitualmente a la caseta okupada de la escuela a «traer agua a la pareja», ya que el Ayuntamiento les cortó los suministros, según apunta.

«No sé como pueden vivir en estas condiciones, sobre todo por los niños. Son muy jóvenes deberían ponerse a trabajar como todo el mundo para sacar adelante a sus hijos y no esperar que les resuelva la vida el Ayuntamiento», coinciden muchos de los vecinos consultados.

Desde la calle puede apreciarse una pequeña piscina hinchable en la que, según apuntan las familias, «los okupas llenan de agua de garrafa y bañan a sus pequeños». Este diario habla también con Jan, el cabeza de familia instalado en la escuela. El joven denuncia la falta se sensibilidad del Ayuntamiento con la «delicada» situación que atraviesa su familia y pide a los vecinos «compresión» con su problema. «Nos van a echar sin importarles que nos quedemos en la calle. Nos dejaron sin agua ni electricidad pese a saber que tenemos un bebé y dos niños. Les hemos pedido que nos faciliten una vivienda de protección oficial pero nos han dicho que hay cola», dice el joven que, ante un desalojo que augura inminente ha trasladado a su pareja y a sus hijos a casa de su suegra.

Fuentes del Consistorio, que dirige el socialista Miguel Comino, admiten a ABC que hay malestar entre la comunidad educativa y aseguran que, junto a los Servicios Sociales y a los responsables de la escuela, están buscando una solución al problema. El tema ha sido debatido en una moción municipal.

«Cuando se tuvo constancia de la okupación, el Ayuntamiento empezó de inmediato el procedimiento administrativo para recuperar la posesión del inmueble, de titularidad municipal», aseguran a este diario portavoces del Ayuntamiento que, según apuntan, «se muestra comprensivo con la preocupación de la comunidad educativa, con la que está en contacto».

Añade, asimismo que «el Consistorio comunicó a la Dirección General de Atención a la Infancia (Dgaia) de la Generalitat la situación de los menores de la casa okupada. El caso también se trata en los servicios sociales municipales». Este diario ha intentado contactar con la dirección del centro escolar pero ésta le ha remitido al Ayuntamiento.

Las citadas fuentes municipales recuerdan que «esta casa se encuentra incluida en el proyecto de reforma de la escuela Sant Jordi, con el objetivo de destinar su uso a la AFA del centro». «Ahora, a raíz de la ocupación, se ha cerrado el acceso de la casa a la escuela. Sólo se puede acceder y salir de la casa desde la calle», aclaran a este diario.

La pareja okupa solicitó escolarizar a sus hijos en el centro, pero como estaban fuera del periodo de matrícula, les asignaron otro centro próximo. El Ayuntamiento asegura que se limitó a cumplir el procedimiento establecido en los casos de matrícula viva. «La Oficina Municipal de Escolarización ha asignado a los menores a un centro de Sant Vicenç dels Horts, que no es el colegio Sant Jordi. Para ello, se ha seguido el procedimiento habitual cuando la solicitud de matrícula llega fuera del plazo de preinscripción (la familia pidió matrícula el 6 de septiembre)», señala el Consistorio.

«La solicitud la estudia la comisión de garantías de admisión, formada por inspección de Educación de la Generalitat, que preside, así como por la técnica de Educación del Ayuntamiento y representantes de Primaria y Secundaria, Servicios Sociales, y la trabajadora social de los Servicios Educativos del Baix Llobregat. Tras analizar el caso, la comisión termina asignando el centro a los menores», arguyen las fuentes municipales. Familias y vecinos de la zona exigen una solución urgente al problema. Ayuntamiento y Generalitat trabajan de la mano para conseguirla, aunque avanzan que «no será inminente».