El Gobierno bloquea su propia reforma del Reglamento del Congreso para mantener el tapón legislativo

Un anuncio que escondía un compromiso de investidura con sus socios más radicales. Cambio normativo, justificaban, para «que no se invisibilicen las contribuciones parlamentarias de las diputadas» y que dejaba en el aire, por ejemplo, el término diputados, que pedían cambiar por el de miembros de la cámara.

Era tan relevante el asunto que la iniciativa no tardó en ser llevada al pleno, que la admitió a trámite con los votos del bloque de investidura y pidió que su tramitación se hiciera con carácter de urgencia y en lectura única. Unas prisas que, siete meses después, contrastan con el frenazo que vive la norma, bloqueada por el propio Gobierno, temeroso ahora de que salga adelante por culpa de alguna de las enmiendas presentadas por el Partido Popular.

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En concreto, por una que podría acabar con el tapón legislativo que impide que las normas llegadas desde el Senado sean tramitadas en el Congreso, lo que abocaría al Ejecutivo a una serie de derrotas parlamentarias que aflorarían, aún más, su evidente fragilidad política.

Por eso, la reforma del lenguaje inclusivo, seña de identidad de los partidos de la izquierda, está parada a la espera del informe de la ponencia que Francina Armengol, presidenta del Congreso y de la Comisión de Reglamento, se niega a convocar desde el pasado mes de abril, cuando finalizó el plazo de enmiendas.

«Se seguirán los trámites cuando haya el consenso necesario para una modificación que afecta a la mayoría de los artículos del Reglamento. Los grupos parlamentarios pueden trabajar ese consenso, tal como han hecho estos meses atrás con otras leyes como la del Consejo General del Poder Judicial o la más reciente de la ELA», explican a ABC fuentes cercanas a la presidenta del Congreso, que tratan de justificar así que Armengol no haya constituido aún esa ponencia.

Técnicos de la cámara, consultados por este periódico, señalan que ese consenso al que se alude desde el entorno de la presidenta debe alcanzarse, precisamente, en las reuniones de la ponencia, cuya constitución es un asunto que solo compete al responsable de cada comisión, en este caso la propia Armengol.

De hecho, en su momento, la socialista no tuvo problemas en reunir a la ponencia para modificar el Reglamento que incluyó el uso de lenguas cooficiales en el pleno a pesar de que tampoco existía ese consenso que ahora sí reclama.

«Aquí estamos hablando de una reforma integral que afecta a la mayoría de los artículos, no a uno. No es comparable», justifican fuentes de la Presidencia, obviando que en este caso se trataría de retoques estéticos –adaptar los artículos al lenguaje inclusivo– y que en el albor de la legislatura se introdujo un elemento que obligó a modificar hasta los servicios de la cámara, contratando decenas de traductores y alterando el funcionamiento habitual de los debates.

Según fuentes del PP, la razón real a ese bloqueo va más allá de las que exponen las personas cercanas a Armengol, la desidia de los miembros de la cámara o de la hiperactividad de La Moncloa para apagar los incendios que se reproducen a su alrededor y hay que buscarla en las enmiendas que los grupos presentaron a la reforma del Reglamento.

Entre ellas, cuatro de los grupos proponentes –Sumar y PSOE– y varias del Partido Popular. En una de las impulsadas por el PP, concretamente la número 15, se propone modificar el artículo 125, que regula la tramitación de las proposiciones de ley llegadas desde el Senado. La reforma que piden los populares pide establecer plazos para evitar que la Mesa del Congreso pueda bloquear la tramitación de estar normas de la Cámara Alta 'sine die', como ocurre actualmente.

Una enmienda que no ven con malos ojos otros grupos del Congreso y que, de ser llevada a pleno, podría ser aprobada, acabando con el actual tapón legislativo del Gobierno, incapaz de articular mayorías para dar impulso a sus iniciativas y obligado a frenar las que llegan del Senado. Todo, con el objetivo de evitar que el Partido Popular saque adelante leyes de calado social que ya salieron de la Cámara Alta con apoyos del PNV o Junts, como la ley de ocupación o la que busca reducir el IVA de las peluquerías.

El propio Carles Puigdemont reconocía estos días que no descartaba mantener su oposición al Gobierno en futuras votaciones. «Nuestra vocación no es dar estabilidad ni desgastar a nadie. Nuestro objetivo es defender Cataluña y los intereses de los catalanes», señalaba.

Y en esos intereses se incluyen normas que Junts ya ha apoyado en el Senado y que esperan en el cajón de Armengol para ser debatidas en el Congreso de los Diputados. «Lo que está ocurriendo es un fraude en toda regla, porque va en contra del mandato que le ha otorgado el Pleno», señalan a ABC fuentes del PP en el Congreso, donde el Grupo Popular ya ha presentado un escrito de amparo y ha interpelado al ministro de Relaciones con las Cortes, entre otras iniciativas, para tratar de desbloquear el actual tapón legislativo con el que el Gobierno pretende mitigar sus derrotas parlamentarias.