La Comunidad de Madrid se reunirá con el Gobierno por la ley Trans «para tratar de evitar un nuevo ataque contra Ayuso»

Ahora, el Gobierno de Sánchez ha enviado un requerimiento al de la Comunidad de Madrid para resolver «discrepancias» en torno a los cambios introducidos en la ley Trans, con el fin de «alcanzar un acuerdo que evite la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por parte del Estado». Así, el Ministerio de Política Territorial ha instado a la Comunidad de Madrid a iniciar negociaciones previas a través de la Comisión Bilateral, para rectificar algunas cuestiones que, a su juicio, chocan con la ley nacional. El plazo para estas negociaciones previas es de seis meses y si no hay acuerdo se interpondría un recurso de inconstitucionalidad.

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El Gobierno interpreta que la ley autonómica «patologiza la transexualidad y establece el tutelaje médico». También impone, a su juicio, que si el menor tiene alguna enfermedad, será imprescindible un informe médico favorable antes de iniciar el tratamiento hormonal. Otro punto de discrepancia que ve el Ejecutivo se refiere al derecho de utilización de espacios por parte de las personas trans, ya que la ley autonómica especifica: «Sin menoscabo de los derechos y la intimidad del resto de usuarios, especialmente mujeres, chicas o niñas». El Gobierno cree que choca con el artículo 14 de la Constitución, al «menoscabar el principio de igualdad». Incluso está convencido de que la ley autonómica no respeta la prohibición expresa de terapias de conversión, prevista en la norma nacional, al hablar de «asesoramiento psicológico».

El Ejecutivo añade otro punto de fricción, al considerar que la ley autonómica «niega a asociaciones, entidades y organizaciones representativas de los colectivos LGTBI la legitimación para presentarse como acusación o representar a víctimas en procesos penales o administrativos sancionadores», lo que, a su juicio, también es inconstitucional porque invade una competencia del Estado.

En la Comunidad de Madrid han recibido este requerimiento con escepticismo total, pero han aceptado reunirse con el Gobierno en la Comisión Bilateral de Cooperación, «para tratar de evitar un nuevo ataque contra las políticas de Ayuso», según fuentes de Sol. Desde la Comunidad defienden que la reforma de ambas leyes «sigue las recomendaciones de las sociedades médicas, de grupos feministas y de juristas». A partir de ahí, el Gobierno regional de Ayuso subraya que defenderá la legalidad y adecuación al marco constitucional de los textos aprobados en la Asamblea en el pleno de diciembre. Remarca, eso sí, que en el requerimiento del Ejecutivo de Sánchez no se cuestiona nada «sobre los cambios introducidos a propósito de la supresión de apartados como el de la inversión de la carga de la prueba o la discriminación por error».

Por el PSOE de Madrid, el diputado Santiago Rivero insistió en que las leyes autonómicas «vuelven a patologizar a las personas trans y les hacen pasar por exámenes, de los cuales ya están exentas por la ley nacional». «Desde el Grupo Socialista esperamos que Ayuso rectifique, para que el Gobierno no tenga que interponer ese recurso de inconstitucionalidad», avisó.