La UE, dividida sobre cómo controlar los peligros de ChatGPT

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La compañía busca competir y superar el dominio de la desarrolladora de ChatGPT

El principal punto de fricción entre el Parlamento y el Consejo se encuentra, además de en lo que se refiere al uso de reconocimiento facial en espacios públicos con fines policiales, en cómo controlar la inteligencia artificial generativa, en boga desde hace un año debido al estruendoso éxito de esa máquina capaz de responder cualquier pregunta llamada ChatGPT.

Mientras Alemania, Italia y Francia abogan por permitir que las desarrolladoras se autorregulen mediante el uso de códigos de conducta, con el fin de no dañar la innovación y que las 'start up' europeas sean más competitivas a nivel internacional, el Parlamento apuesta por establecer un control más férreo de la tecnología. En concreto, se quiere obligar a las compañías a marcar claramente el contenido generado por IA, a diseñar un modelo para evitar la generación de contenido ilegal y publicar resúmenes de datos sujetos a derechos de autor empleados para su entrenamiento.

«No creo que la UE deje al trío opositor (Alemania, Francia e Italia) salirse con la suya, y tendrán que negociar cláusulas más finas y definidas para que los unicornios de estos países en IA avanzada no se queden en enanos», explica a ABC Inma Martínez-Rubio, asesora del Gobierno de España en materia de inteligencia artificial y presidenta del comité de expertos de la Asociación Global para la IA, una agencia dependiente del G-7.

En caso de que, finalmente, la UE se pliegue a los deseos de germanos, franceses e italianos, la situación de la IA generativa sería similar a nivel regulatorio al que se le ha dado en Estados Unidos. El objetivo, al final, no es otro que el de evitar que las tecnológicas occidentales pierdan fuelle respecto a China, otra gran potencia en el desarrollo de esta tecnología.

La secretaria de Estado de Digitalización española, Carme Artigas, es la principal responsable en este proceso de trílogo en el que los dos colegisladores europeos, el Consejo y el Parlamento, tratan de encajar sus distintas posiciones con la mediación de la Comisión que propuso esta ley en 2021. La legislación tiene un espíritu preventivo. Busca regular los usos de la tecnología, no la tecnología en sí, y trata de cerrar puertas para evitar que ésta pueda causar daño a las sociedades pero sí que pueda ayudar al desarrollo económico y la productividad, sobre todo en las pequeñas empresas, en función de su capacidad de causar daño.

Los debates giran precisamente en torno a la definición del alto riesgo y, por tanto, también de los dominios donde ese riesgo es mayor y aquellos donde el uso de la IA estará prohibido. La ley se ha estructurado para ello en dos campos, en la parte central, el artículo 5 define las áreas en las que el uso de la IA está prohibido salvo en casos en los que se invoquen claramente motivos de seguridad nacional, como por ejemplo la clasificación social automática de las personas o el uso indiscriminado del reconocimiento facial. La lista del Parlamento era más extensa que la del Consejo y por ello se ha aplicado una segunda lista no de prohibiciones sino de «riesgos» que no estarán en el articulado de la ley como los prohibidos, sino en un anexo que jurídicamente puede ser modificado por la Comisión Europea con un simple acto delegado, a medida que la evolución de la tecnología vaya cambiando el panorama.