Solo 106 causas siguen abiertas por las 34.638 muertes en residencias por Covid-19

Además de los 106 vigentes, otros 34 procedimientos judiciales fueron archivados. De todos ellos, 20 se incoaron por denuncia o querella del Ministerio Fiscal, que además recurrió 31 autos de archivo, de los que 19 fueron estimados, 4 desestimados y 8 pendientes de resolución, según ha informado la Fiscalía General del Estado tras la reunión.

Los familiares de los usuarios de la residencia, sin embargo, han salido del encuentro «decepcionados», tal como ha manifestado Paulino Campos, cofundador de la Plataforma estatal de organizaciones de familiares y usuarias de residencias. «Llegamos aquí insatisfechos y decepcionados y creo que hoy nos vamos con una situación similar», ha explicado tras la reunión. «Esperamos que haya un segundo oficio, que lo ha prometido, recabando de las correspondientes fiscalías territoriales, la audiencia a todas aquellas familias que no han visto sus derechos defendidos».

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Elena Calvo

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Se refiere así a la orden que dictó el pasado octubre la Fiscalía General por la que instaba a todos los fiscales que estuvieran instruyendo diligencias sobre muertes consecuencia del Covid-19 en las residencias a escuchar a los familiares de los fallecidos y darles la oportunidad de aportar pruebas.

Sin embargo, ha criticado por su parte María José Carcelén, portavoz de la plataforma de familiares, no han encontrado un «compromiso firme» por parte de García Ortiz de que aquellos procedimientos que se archivaron sin escuchar a los afectados se reabrirán. «Si no se produce esa reapertura, la inmensa mayoría de muertes se van a aquedar impunes, y eso es impensable en un Estado de Derecho del primer mundo. Si eso no se reabre y pagan los responsables estamos condenados a repetir los errores porque dejar morir a ancianos sale gratis, y no puede salir gratis», ha lamentado.

En algunos de los casos, ha apuntado Miguel Vázquez, presidente de Pladigmare (Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias) los familiares pueden solicitar a la fiscalía la reapertura de las causas, aunque no hay garantía de que eso suceda. Del mismo modo, se ha referido a los "protocolos de la vergüenza que impidieron derivar a hospitales" a los mayores y ha manifestado su incredulidad por que no se estén investigando esos casos concretos.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado explican que de no encontrarse responsabilidad penal en las causas abiertas se podría recurrir a la vía civil con, por ejemplo, indemnizaciones para los afectados, aunque insisten en que depende de cada caso.

María Jesús Valero, portavoz de Marea de Residencias, es una de las querellantes por estos fallecimientos. Durante la pandemia perdió a su padre, que vivía en una residencia para mayores. Lo primero que se ha preguntado al entrar a la reunión con el fiscal, ha afirmado, es por qué tenía que estar ella ahí. "La respuesta es porque no se está haciendo el trabajo de investigación correctamente", ha denunciado.

"He venido a sacar un compromiso serio, formal y de palabra que no he encontrado", ha lamentado Valero, que ha asegurado que aunque el encuentro ha sido correcto, esperaba "un compromiso firme" que no ha encontrado. Ha criticado además que meses después de la orden de la Fiscalía General la situación no haya cambiado: "Los fiscales siguen sin aparecer en el juzgado, siguen sin dejarnos declarar, no nos permiten defendernos, declarar ni presentar más documentación".

Precisamente, en el encuentro, los representantes de las distintas plataformas han entregado al fiscal general 209.000 firmas para reclamar que se lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre los fallecimientos en las residencias de mayores.

Según los datos del Imserso, desde que empezó la pandemia han muerto 34.638 mayores en las residencias españolas por el virus. De ellos, a 24.146 se les confirmó la enfermedad mediante una prueba, mientras que otros 10.492, aunque no se confirmó, fallecieron con síntomas compatibles con el coronavirus.