Los jóvenes que vieron arder su tierra sientan en el banquillo a 32 países: «Tenemos miedo al futuro»

Así lo defendieron este miércoles los seis abogados de estos jóvenes de entre 11 y 24 años delante de los jueces: la falta de rápidos recortes de emisiones de gases de efecto invernadero -que permitirían limitar el aumento de la temperatura global- vulnera su derecho a la vida y su derecho a la vida privada y familiar. Al otro lado del banquillo, 32 gobiernos europeos (los 27 estados miembros de la UE, así como Gran Bretaña, Suiza, Noruega, Rusia y Turquía) y sus 80 abogados. Es el caso climático más grande que ha llegado hasta la Gran Sala.

Los abogados buscan una decisión jurídicamente vinculante que obligue a los países a actuar. Porque si Mariana, la más pequeña de los demandantes, viviera hasta los 88 años, vería el año 2100. Y para entonces, los efectos del cambio climático en forma de olas de calor, de incendios descontrolados, de subida del nivel del mar o de lluvias torrenciales podrían ser devastadores si no se han recortado las emisiones.

«Mariana todavía se asusta cuando escucha un helicóptero porque le recuerda a los bomberos volando sobre los incendios forestales», cuenta Cláudia a ABC. Ella, sus dos hermanos Catarina y Martim, así como Mariana, viven en Leiria, una de las regiones más afectadas por aquellos devastadores incendios forestales de Portugal, que fueron los primeros de sexta generación de la Península Ibérica. Un fuego que se comportaba como nunca antes se había visto y que atrapó a decenas de personas en una carretera cuando trataban de huir. «Estábamos extremadamente preocupados por los incendios y afectados por el humo», recuerda Cláudia, que esos días no pudo ir a la escuela.

Los seis jóvenes aseguran que sufren alteraciones en los patrones de sueño, problemas respiratorios y alergias que se han visto agravados por la subida de las temperaturas. Además, dos señalan que el cambio climático está provocando fuertes tormentas y ponen en peligro sus casas, cercanas al mar. Por eso, el caso se centra en la creciente amenaza que el cambio climático representa para sus vidas y su bienestar físico y mental.

«Me aterroriza saber que las olas de calor récord que hemos soportado son solo el comienzo. Como queda tan poco tiempo para detener esto, debemos hacer todo lo posible para obligar a los gobiernos a protegernos adecuadamente. Por eso presento este caso», dijo Catarina Mota, otra de las jóvenes, en rueda de prensa. «Tengo miedo, porque no sé cómo será mi futuro».

Si ganan, los países tendrían que «acelerar sus esfuerzos para disminuir el cambio climático», aseguró ayer el abogado Gerry Liston, de Global Legal Action Network (GLAN).

Este caso climático se suma a otros dos previos que el pasado marzo llegaron a la Gran Sala del TEDH. Uno es una demanda presentada por las 'abuelas suizas' del clima contra su país, al considerar que sus vidas y su salud están amenazadas por las olas de calor causadas por el cambio climático. La otra demanda fue presentada por el exalcalde francés Damien Carême contra Francia, quien sostiene que el cambio climático es una violación de los derechos a la vida y al respeto de la vida privada y familiar. Queda por ver si la Gran Sala se pronunciará en los tres casos climáticos al mismo tiempo o no, pero todo apunta a que la decisión llegarán en 2024. Y las consecuencias podrían no ser cosa de niños.

«El tribunal tiene que decidir hasta qué punto hay un daño real y palpable en las víctimas para que se pueda declarar que se han vulnerado sus derechos», explica Rosa M. Fernández Egea, profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad Autónoma de Madrid. Esto no será fácil, aunque también podría considerar que ese daño no ha ocurrido aún, pero que es probable que exista en el futuro. «En materia de medio ambiente es lo deseable: prevenir. Pero en derechos humanos, suele ser a daño producido», explica. Por eso, esta experta cree que el litigio de las 'abuelas suizas' tiene más posibilidades de obtener una sentencia favorable.

En cualquier caso, la resolución del tribunal es un misterio para los expertos. «Estamos todos expectantes. En esto de la litigación climática ha habido casos muy exitosos, como Urgenda [el caso que condenó a Holanda en 2015 e inició la oleada de demandas], pero luego está el de España en el que el Supremo ni siquiera entra valorar el fondo», dice Fernández Egea. Puede pasar cualquier cosa.

Ana Barreira, directora fundadora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), tampoco tiene clara cuál será la resolución del tribunal de Estrasburgo. «No sabemos qué va a dirimir, cuál va a ser la sentencia, si favorable o en contra», pero apunta a que es necesario entender que la lucha contra el cambio climático es global. «Si Estados Unidos, China, India o Brasil no recortan sus emisiones de gases de efecto invernadero, entonces los derechos de las ancianas y de los niños van a seguir siendo vulnerados», puntualiza. Porque la UE contribuye a nivel mundial a un 8% de las emisiones y, además, muchos de los países demandados en el TEDH han aumentado sus objetivos climáticos desde que se planteó la demanda en 2020.

La UE, de hecho, tenía previsto entonces un recorte de emisiones del 40% para 2030. Ahora es del 55% y podría aumentarlo al 57%. Alemania lo ha elevado del 55% al 65%; mientras que Francia pasó del 40 al 50%. «Estamos en esta fase», explica Barreira.

Por ahora, hay otros siete casos en el TEDH paralizados a la espera de que se resuelvan los tres demandas que han llegado a la Gran Sala. De salir adelante el caso de los seis niños o el de las abuelas, el territorio europeo estaría ante un «precedente importantísimo», dice Fernández Egea.

Estos litigios que buscan situar en el plano de los derechos humanos la lucha contra el cambio climático se mueven en paralelo a iniciativas como la que obliga a la Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, a aclarar cuál es la responsabilidad legal y las obligaciones de los países en relación con el calentamiento global. También hay otras dos opiniones consultivas solicitadas al Tribunal Internacional del Derecho del Mar y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo ello podría impulsar las más de 2.000 causas en marcha en los tribunales de todo el mundo.

«Hay muchísimos casos abiertos. En cuanto uno de estos órganos se pronuncie, va a afectar al resto y, aunque es verdad que cada uno tiene su propia jurisprudencia y no tienen que seguir los mismo procedimientos, pero puede haber un efecto contagio», asegura Fernández Egea.

Sin embargo, existe un riesgo, señala Barreira: «El litigio climático es una buena herramienta, pero me preocupa que se empiece a abusar y pierda su fuerza». En el caso de que la Gran Sala del tribunal de Estrasburgo declarara que la inacción contra el cambio climático vulnera el derecho a la vida, vislumbra «muchísimas demandas en muchísimos países». Cláudia, por su parte, está expectante: «Hemos visto claro que los gobiernos intentan eludir su responsabilidad. Veamos qué tienen que decir los jueces».