El Gobierno planta a Gabilondo en la presentación de su informe sobre abusos en la Iglesia

Faltaba también el ministro encargado de las relaciones con la Iglesia católica, Félix Bolaños –entró en el Hemiciclo para defender un decreto sobre la DANA cuando acababan las intervenciones de los portavoces y con Gabilondo ya en la tribuna de invitados– a pesar de que en julio acusaba la Iglesia de actuar de forma «unilateral» por no ceñirse a las recomendaciones del Defensor. Ni rastro, tampoco, de Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia.

Gabilondo ha comenzado sus palabras justificando el trabajo que le ha llevado a su institución cerca de tres años desde la necesidad de «dar una respuesta a la situación de sufrimiento y soledad que han vivido las víctimas». «Necesitábamos escuchar su palabra y su voz», ha explicado, para insistir en que tienen que «ser escuchadas, atendidas y correspondidas. Son el sentido primero, último y central de este informe, y ahora esperan una decisión última». «¡Qué no se postergue!», ha insistido Gabilondo a unos diputados más centrados mirar sus móviles, revisar fotos en el iPad o hablar con el vecino de escaño que en atender sus palabras.

En la práctica, los datos presentados por Gabilondo ya se conocían desde hace más de un año, cuando presentó el texto a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, e hizo público el informe. Aún así ha insistido tanto en el trabajo realizado por la unidad de víctimas creada por la institución como en la encuesta encargada a GAD3 sobre la prevalencia de los abusos en la sociedad española. En este sentido sí que ha añadido un matiz al señalar que «la encuesta ha tenido como objetivo elaborar un estudio histórico de prevalencia e impacto no referido sólo al ámbito religioso».

Así, ha recordado a los diputados que este estudio demoscópico señalaba que un 11,7% de los encuestados afirmaron que habían sido víctimas antes de su mayoría de edad y que un 3,36%, señalaron que ese abuso se dio en el ámbito familiar. La encuesta concluye también que el 0,6% de la muestra representativa de la población encuestada ha sido agredida sexualmente por un sacerdote o religioso católico, y que en un 1,13% la agresión se registró en el ámbito religioso, incluidas otras confesiones. Al introducir el matiz, Gabilondo ha parecido sugerir, aunque sin afirmarlo de forma explícita, que el problema de los abusos sexuales a menores va mucho más allá de los producidos en el ámbito de la Iglesia católica, la única institución que ha sido objeto de estudio en su informe.

En esa línea, Gabilondo también ha recordado que la encomienda que le encargó el Congreso «versa sobre los abusos en la Iglesia católica con el añadido del papel de los poderes públicos» y ha denunciado que «los poderes públicos no se han hecho cargo del problema hasta hace poco». «No han asumido su responsabilidad, de otro carácter al de la Iglesia católica, pero también es su responsabilidad».

Entre las recomendaciones, el Defensor del Pueblo ha reclamado «la coordinación y colaboración entre Iglesia y Estado para la implementación de las medidas». Entre ellas incluye la celebración de un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad. Otra de las medidas es la creación de un fondo estatal (con participación de Iglesia y Estado) para el pago de compensaciones a favor de las víctimas de agresión o abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia católica. «Considero imprescindible que, por el bien de las víctimas, Iglesia y Estado adopten compromisos conjuntos», ha afirmado Gabilondo.

Lejos de atender las recomendaciones del Defensor del Pueblo, las intervenciones de los portavoces parlamentarios han ido más en reforzar sus perennes argumentos frente a la Iglesia católica y a politizar la cuestión que en dar una respuesta desde el Congreso al problema de los abusos, el que supuestamente era el motivo de la convocatoria. Así, desde los grupos de izquierda han abogado en descargar toda la responsabilidad en la Iglesia e incluso incidir en los omnipresentes fantasmas del nacionalcatolicismo y franquismo, mientras que los conservadores han preferido recriminar al Gobierno que propiciara el informe sobre los problemas en la Iglesia mientras negaban las comisiones de investigación de los abusos a menores en los centros tutelados en comunidades entonces gobernadas por el PSOE, como Baleares y la Comunidad Valenciana.

«Ahora es el turno de la política», señaló el parlamentario socialista Herminio Rufino Sancho, quien recordó el plan de respuesta que presentó en abril el Gobierno para responder a los casos de abusos en la Iglesia, pero que eludió presentar medidas concretas para que fueran aprobadas por el Congreso. Por contra, señaló a la Iglesia a la que le reclamó que «es necesario que dé pasos». Un señalamiento a la institución eclesial en que también coincidió, desde Podemos, Ione Belarra, quien llevó el asunto a su terminología para afirmar que «no son víctimas de abuso, sino de violencia sexual».

Por su parte, Sumar, socios de Gobierno de Sánchez, anunciaron su intención de crear una comisión de trabajo para «concretar» las recomendaciones de Gabilondo, pero fiaron ese compromiso para «las próximas semanas», a la vez que hablaban de no «dilatar» más tiempo la situación. Eso sí, en contra del parecer del Defensor del Pueblo, han planteado que el fondo para la reparación esté «íntegramente financiado por la Iglesia», algo en lo que coinciden también con Bildu y Podemos.

Más conciliador se ha mostrado Josep Pagés, diputado de Junts, quien ha aplaudido las recomendación del informe de establecer una autoridad imparcial para decidir las indemnizaciones por los abusos, a la par que ha reseñado que el anterior presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, «no estuvo a la altura» en esta cuestión, mientras que «sí lo está Argüello», el actual presidente de los obispos españoles.

Gabilondo, que ha escuchado ya las intervenciones de los grupos desde la tribuna de invitados, había presentado antes unos datos actualizados recopilados por la unidad de víctimas, que en dos años de funcionamiento «ha atendido 738 solicitudes de entre las que 516 se han considerado testimonios válidos». De ellos, 144 se corresponden con nuevos relatos recogidos después de que se publicara el informe en octubre de 2023.

De estos datos, según Gabilondo, se ha concretado en 674 la cifra de víctimas de las que ha tenido conocimiento el Defensor del Pueblo a partir de su investigación. La mayoría de ellas (563, un 84,19 %) son hombres, frente a un 15,61% (110 en total) de mujeres. Unas cifras que coinciden con las aportadas por la Conferencia Episcopal en su informe «Para dar luz» y que corroboran que el fenómeno de los abusos a menores dentro de la Iglesia católica tiene un «carácter homosexual masculino», al contrario que cuando se aplica a toda la población, donde la mayoría de los abusadores son hombres, pero más del ochenta por ciento de las víctimas son niñas.

Los datos aportados por el Defensor del Pueblo también señalan que la mayoría de los afectados tenía entre 30 y 75 años en el momento de realizar la entrevista con la unidad de víctimas, y la franja más representativa es la de 50 a 65 años, con 189 casos (el 39% del total). Uno datos que, según Gabilondo, «resultan congruentes con la información recogida, y que sitúa la mayor parte de los casos de abusos en los años 60, 70 y, en menor medida los 80» del pasado siglo.