El Gobierno permitirá muertes selectivas de lobos

Más de diez meses después de la inclusión del lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (Lespre) que extendió la protección del lobo a todo el país y tras varios intentos previos, el Gobierno logró sacar adelante la estrategia que articula las normas para la convivencia con el cánido.

El texto, sin embargo, salió adelante con el rechazo de siete comunidades, entre ellas Castilla y León, Galicia y Cantabria, que contienen el 93% de la población del lobo en el país y que acusaron al Gobierno de «unilateralidad» al haber rechazado sus propuestas «de consenso». Del bloque de comunidades 'loberas' solo Asturias (PSOE) se descolgó del rechazo final, al considerar que podrá llevar a cabo controles poblacionales.

«Que quede claro que es una estrategia meramente de circunstancias y que hay que revisarla cuando tengamos un censo nacional que compare con los datos de hace ocho años», dijo ayer el titular de Ganadería de Cantabria, Guillermo Blanco.

Las comunidades más afectadas por la decisión lamentaron que la estrategia nace con el desconocimiento del estado de las poblaciones del lobo que, según defienden, han crecido desde el último censo, de 2012-2014.

La estrategia establece la aplicación de un régimen de excepciones que requerirá de una autorización administrativa. Esta solo se concederá si se cumplen tres condiciones: ocurrencia de daños graves sobre el ganado, ausencia de otra solución satisfactoria (como los métodos preventivos), y mantenimiento de la población en un estado de conservación favorable, según fuentes ministeriales. Transición Ecológica será quien recabará la información y la remitirá a la comunidad, encargada de la actuación.

«La comunidad ha pedido ese informe hace tres meses al Ministerio sin haberlo obtenido. La estrategia como documento orientativo no puede convertirse en un instrumento de desarrollo normativo pues genera más inseguridad jurídica de la ya existente», dijo Blanco.

También según la consejera gallega de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, el documento va «en contra de la población rural gallega», específicamente de la que se dedica a la ganadería extensiva, y no aporta la seguridad jurídica suficiente.

Curiosamente, la introducción de las «extracciones selectivas» tampoco ha gustado a organizaciones como Ecologistas en Acción, que aunque celebra que terminen los «cupos de lobos a matar», ve «innecesaria» la excepción. El grupo cree que «algunas comunidades» podrían basar «toda la gestión del lobo en estas excepciones».

Por último, y para indemnizaciones por daños al ganado y medidas de prevención para la ganadería extensiva, se destinarán 20 millones a repartir entre las autonomías.