Un Gobierno en funciones riega con 300 millones a los centros educativos

El Ministerio de Educación tiene previsto aprobar hoy tres acuerdos a los que ha tenido acceso este periódico para repartir casi 300 millones de euros para las comunidades autónomas. Las mayores cuantías van para un plan de modernización de la Formación Profesional (143,4 millones de euros) y para el impulso de nuevas plazas públicas en el primer ciclo de educación infantil, es decir, de 0 a 3 años, por 142,5 millones. Por último, se prevé la aprobación de un tercer acuerdo para la modernización de los centros educativos por 1,6 millones.

Los tres acuerdos se aprobarán con un gobierno que actualmente está en funciones. ¿Ello qué significa? Que de acuerdo a la ley de Gobierno las medidas que este puede tomar son limitadas ya que su capacidad ejecutiva al tratarse de un gobierno ‘de transición’ es menor. En concreto, el artículo 21 de la citada norma dice que «el Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas».

El acuerdo que se lleva al Consejo de Ministros por el que se fomenta la creación de plazas de titularidad pública, unas 60.000, según señala el documento, ha preocupado a la concertada. Si bien esta no tiene financiación en la etapa de 0-3 la medida no le viene nada bien al sector. «A la brutal bajada de natalidad se añade esta campaña de expansión de la enseñanza pública que no respeta el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, precisamente en el momento de acceso a una etapa educativa. Lo correcto sería destinar estos fondos a la creación de plazas "gratuitas" que permitan la elección de centro y la conciliación de la vida laboral y familiar», denuncian fuentes del sector.

Que las plazas de la etapa de infantil de 0-3 se vuelquen solo al sector público tiene su consonancia con lo estipulado en nueva ley educativa, la Lomloe, más conocida como ‘ley Celaá’. En concreto, con el muy polémico artículo 109. Este dice ahora que las administraciones educativas programarán la oferta educativa para garantizar plazas públicas suficientes especialmente en las zonas de nueva población (el añadido «suficientes» es el que ha escocido al sector). Y, además, añade en otro apartado que esas mismas administraciones «promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública».

La concertada entiende que todos los elementos están puestos al servicio de la pública en detrimento de la concertada que sufre una «asfixia», denuncian las mismas fuentes.

Por si esto fuera poco, hay otro problema sin resolver. ¿Cuál? La Lomloe establece que el primer ciclo de infantil tiene carácter educativo (no asistencial) y, por lo tanto, la regulación tanto del currículo como de los requisitos mínimos de los centros recae en el Ministerio de Educación por tratarse de normativa básica que marca el Estado. Pese a ello y después de tres años de aprobación de la ley educativa, «el ministerio sigue sin aprobar el decreto de requisitos mínimos para los centros privados, de tal manera que no existe una regulación común, sino que sigue dependiendo de las exigencias de cada comunidad».

El otro acuerdo que se lleva a Consejo de Ministros, destinado a la modernización de la FP sí tiene en cuenta a la concertada. En este caso se pretende la creación en el presente ejercicio económico de 76.479 plazas aunque el objetivo final «es crear, en un plazo de 3 años, 135.000». La misión del plan, dice el documento, es «crear un ecosistema de relanzamiento económico desde la apuesta por el capital humano y el talento, y garantizar una formación y cualificación profesional a toda la población, desde estudiantes de las enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo hasta la población activa».

La propuesta es «convertir la FP en una palanca para la reconstrucción mediante (...) el reconocimiento y acreditación de las competencias profesionales; la mejora de la accesibilidad a la FP y a los servicios de orientación profesional y la incorporación de la digitalización, la innovación y el emprendimiento en el sistema de FP».

Por último, el acuerdo de menor cuantía, de 1,6 millones, es para el programa ‘Código Escuela 4.0’ que busca fomentar las competencias digitales de profesores y alumnos. «Es necesario que el alumnado, como parte del proceso de desarrollo de su competencia digital, tenga la oportunidad (...) de iniciarse en la programación informática, mediante el uso de lenguajes de programación adaptados a su nivel madurativo. Esto implica, por lo tanto, una nueva alfabetización que le permitirá aproximarse y comprender la lógica interna del funcionamiento del medio digital en el que vive, que, ante la velocidad a la que se producen los cambios, serán habilidades imprescindibles para la ciudadanía en los próximos años», señala el documento.

Y agrega: «La posibilidad de acceder a lenguajes de programación adaptados y a dispositivos robóticos amigables para el alumnado de todas las edades y accesibles para el profesorado no especialista, facilita su integración en las aulas desde las primeras etapas educativas, potenciando el conocimiento y el interés por las disciplinas STEM de manera gradual y experiencial entre todo el alumnado, contribuyendo así a la disminución de la brecha de género en el ámbito digital».