Una fundación apoyada con 12 millones por el Gobierno denuncia que la concertada «segrega y provoca desigualdad»

Lo curioso es que para sostener esta afirmación citan estudios que dicen que el supuesto problema es de ambas redes. Por ejemplo, citan a los informes de Síndic de Gregues (Defensor del Pueblo) de Cataluña «muestran cómo la contribución del sector concertado a la segregación del sistema educativo catalán es relativamente limitada. Por ejemplo, para el curso 2012-2013 (...) solo el 20,5 % de la segregación escolar del sistema educativo catalán se explica por las diferencias entre el sector concertado y el público, mientras que el 79,5% se explica por diferencias entre los centros de un mismo sector». Sin embargo, añaden que en un informe de 2016 el Síndic de Gregues «identifica una relación positiva entre el peso del sector privado, principalmente concertado, y el nivel de segregación escolar».

Otro estudio que citan señala que la «segregación escolar entre el alumnado de mayor y menor nivel socioeconómico es mucho mayor en el sector concertado que en el público. Sin embargo, la aportación del sector concertado a nivel de segregación de sistemas educativos de cada comunidad autónoma es más reducida que la del sector público, dado que los centros concertados matriculan a un porcentaje de alumnos significativamente menor».

El informe también señala que España es uno de los países de la OCDE con mayor peso de la educación concertada (30% del total de la matrícula en educación primaria y secundaria), un porcentaje que se eleva especialmente en la educación secundaria, en País Vasco, Navarra, Madrid y La Rioja, así como en las áreas urbanas de estas y otras comunidades

También acusan a la concertada de «seleccionar» a los alumnos que quieren que se matriculen en sus centros. Así, citan otro informe de 2003 que alerta de que a pesar de la existencia de un proceso centralizado de elección y la creación de las comisiones de escolarización, se producen «prácticas irregulares en los procesos de admisión» y que «las escuelas concertadas informan de un menor número de plazas de las que disponen realmente, priorizan solicitudes sin seguir los criterios establecidos, o informan a algunas familias de que no tienen plazas y les sugieren solicitarlas en otra escuela».

Otro apartado se dedica a la orientación religiosa de las escuelas privadas subvencionadas. Según el informe dicha orientación ha generado problemas «desde el punto de vista de la equidad». «En contextos de creciente diversidad religiosa y cultural, el predominio de los proveedores religiosos vinculados a unas pocas confesiones resulta cada vez más difícil de reconciliar con los principios de la cohesión social y un trato igualitario que las administraciones públicas deberían conceder a todos sus ciudadanos. Por un lado, la orientación religiosa de los centros educativos se puede traducir en dinámicas discriminatorias con respecto a los estudiantes de determinadas confesiones». Para este caso, se refieren de forma explícita a países como Irlanda o Inglaterra.

Lo que pide el informe es que se controle más el régimen de conciertos a través de las siguientes propuestas, entre otras:

La respuesta de la concertada no se ha hecho esperar. «El informe revela una forma de entender el sistema educativo y la libertad de enseñanza que no se corresponde con nuestra Constitución. No podemos aceptar las acusaciones veladas de que la concertada es «segregadora», dado que cumple su función social de escolarización con las mismas reglas de admisión que la pública», ha dicho Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas, la patronal más grande la concertada en nuestro país.

Por otro lado, Centeno critica la propuesta de centralizar los procesos de admisión del alumnado: «El derecho de admisión está íntimamente ligado al derecho de creación de centros reconocido en la Constitución. La administración establece unos criterios de preferencia y tiene que velar por su cumplimiento. No obstante, esto no puede conllevar que la administración se subrogue en los derechos del titular, dado que esto supondría convertir de facto los centros concertados en públicos«.

En cuanto a la acusación de que se selecciona al estudiantado, «lo rechazamos plenamente; los procesos de admisión se realizan a través de aplicaciones informáticas creadas y supervisadas por las consejerías de educación de cada comunidad».

Esta patronal, además, denuncia que no han sido invitada al evento donde se presentó el estudio, que ha tenido lugar este lunes en la Universidad Autónoma de Madrid. Sí acudieron, en cambio, otra patronal de la concertada como la Confederación Española de Centros de Enseñanza (Cece), o la Confederación de Padres de Alumnos (Cofapa).

El informe señala que la nueva ley educativa, Lomloe, «introduce algunas novedades en la regulación de los conciertos educativos, pero es necesario que estos cambios tengan una traducción en la regulación autonómica del sector concertado y que se enmarquen en una clara apuesta por una mayor corresponsabilización en la escolarización del alumnado más desfavorecido desde el punto de vista social y educativo«.

El estudio se hace eco de la creación de la plataforma Más Plurales, nacida exprofeso para mostrar su disconformidad con la ley por, entre otros aspectos, por eliminar la demanda social (oferta de plazas escolares en función de lo que piden las familias) de la normativa anterior. El estudio añade que «a las críticas por parte de las patronales y otras organizaciones de la escuela concertada hay que sumar también la resistencia de algunos de los principales partidos políticos de la oposición, con las principales fuerzas de la derecha presentando enmiendas a la totalidad«.