El fiscal del Vaticano pide una condena de 7 años y 3 meses contra el cardenal Angelo Becciu

El fiscal solicita que la condena incluya la «prohibición perpetua a Angelo Becciu de ejercer cargos públicos en la administración vaticana», una multa de 10.329 euros, que es la máxima para los delitos que se le imponen, y un resarcimiento de 14 millones de euros por los daños provocados. Ya el martes, el fiscal había anticipado sus conclusiones ante el tribunal. Entre los delitos que mencionó aparecen malversación, malversación agravada y abuso de oficio agravado.

Diddi asegura que las decisiones de Angelo Becciu han provocado pérdidas a las arcas de la Secretaría de Estado de entre 130 y 180 millones de euros. De ellos, 55 millones directamente como parte de la inversión en la compra de un edificio en Londres. Además, apunta a que se trató de operaciones «especulativas», que no se correspondían con las indicaciones de la normativa de la Santa Sede entonces vigente.

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En el rosario de acusaciones, el fiscal dice que Becciu ha intentado obstruir esta investigación sobre el uso de fondos reservados de la Secretaría de Estado, pues «nos llenó de documentos falsos». «Esta es su forma de actuar», subraya. También destaca que el cardenal presionó a uno de los testigos principales de la acusación para que modificara su versión de lo ocurrido; que usó los fondos para enviar «favores» en forma de donativos a parientes y amigos en Cerdeña (225 mil euros a su hermano); y el pago desproporcionado a una «autodefinida analista geopolítica» llamada Cecilia Marogna, a la que entregó un total de 575 mil euros para una supuesta mediación, «a pesar de que no tenía ninguna credibilidad». Tal cantidad fue destinada por Marogna a «cosméticos, restaurantes y vacaciones de lujo» y no a supuestas «actividades institucionales» ni «misión humanitaria».

Diddi reprocha además al purpurado el «comportamiento irreverente» ante la autoridad judicial, sus intentos de interferir en la investigación y su falta de cooperación con la fiscalía vaticana. También el haber registrado una conversación telefónica con el Papa.

«Soy inocente y no me cansaré de repetirlo», dijo el cardenal Angelo Becciu antes de conocer la solicitud de prisión que ha hecho el fiscal. «Y no sólo porque nunca robé un céntimo ni enriquecí a mis familiares, sino porque las minuciosas comprobaciones de los investigadores sobre nuestras cuentas bancarias así lo demostraron», añadió.

Según Becciu, el fiscal «no ha aportado ni una sola prueba para sostener sus acusaciones, se limitó a describirme de manera deformante, desfigurando mi figura como hombre y como sacerdote».

También los abogados del cardenal acusan al fiscal Alessandro Diddi de «fabricar un relato mediáticamente fuerte, pero sin lógica alguna». «El cardenal es inocente, y no se puede cambiar la realidad alzando la voz o usando calificativos ofensivos», añaden. Dicen que el fiscal «sostiene una tesis que no se apoya en las pruebas presentadas. El cardenal ha sido siempre un fiel servidor de la Iglesia y ha sufrido en silencio, defendiéndose en el proceso y participando activamente a las audiencias; mostrando buena fe y corrección», concluyen.

Por otro lado, el fiscal del Vaticano ha solicitado penas de cárcel para los otros 8 acusados en el proceso. Solicita una condena de 13 años y 3 meses al empleado del Vaticano Fabrizio Tirabassi y un resarcimiento de 99 millones de euros. También para el exsecretario de Angelo Becciu, monseñor Mauro Carlino, pide 5 años y 4 meses de cárcel y una indemnización de 15 millones de euros, además de la prohibición de ejercer cargos públicos en el Vaticano.

La entidad de los resarcimientos solicitados da una idea de las cantidades que según el fiscal fueron desviadas con las operaciones opacas realizadas con los fondos reservados de la Secretaría de Estado.

Para Cecilia Marogna, la «experta en geopolítica» contratada supuestamente para mediar en el secuestro de una religiosa retenida en Mali, solicita 4 años y 6 meses de cárcel y una compensación de 575 mil euros; para el expresidente del organismo de control de operaciones financieras irregulares en territorio Vaticano, René Bruelhart tres años y 8 meses de cárcel y un resarcimiento de 15 millones; y para el entonces director de este organismo, Tommaso di Ruzza, 4 años y 3 meses de cárcel y una indemnización de 15 millones de euros.

Solicita cárcel también para los cerebros e intermediarios de una inversión inmobiliaria en Londres con la que se saquearon los fondos reservados de la Secretaría de Estado. Pide 11 años y 5 meses de cárcel para Raffaele Mincione y un resarcimiento de 172 millones de euros; 9 años y 9 meses de cárcel para Enrico Crasso, y poco más de un millón de euros de compensación a través de sus empresas; y 7 años y 6 meses de cárcel y un resarcimiento de 71 millones para Gianluigi Torzi. Para el abogado de Torzi, Nicola Squillace, 6 años de cárcel, 1.266.000 euros de indemnización y la suspensión del ejercicio de la profesión.

A finales de septiembre, se retomarán las audiencias para que la defensa de los imputados conteste las acusaciones; y el Tribunal civil del Vaticano emitirá sentencia antes del 5 de diciembre. En sus manos está convertirse en el primer juez de este pequeño país que lleva a un cardenal a la cárcel.