España ratifica el tratado global para proteger las aguas internacionales

El acuerdo, adoptado en junio de 2023 por más de un centenar de países, establece un marco legal para todas las actividades en el océano y los mares en aguas de jurisdicción internacional, es decir, las que van más allá de las 200 millas náuticas desde la costa. Regula las actividades humanas en alta mar, permite su protección mediante la designación de áreas marinas protegidas y establece la distribución de beneficios provenientes de los recursos genéticos marinos. También contiene reglas para realizar evaluaciones de impacto ambiental antes de que se realicen actividades humanas en alta mar.

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Concretamente, el acuerdo tenía como objetivo declarar área protegida un 30% de la superficie de alta mar antes de 2030. Actualmente sólo está protegido alrededor del 1%. Y es fundamental porque estas aguas internacionales suponen hasta el 64% del océano.

«Hoy los océanos tienen enormes presiones», ha explicado la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen en un acto donde ha anunciado la ratificación. No solo es la contaminación. También está la acidificación por el aumento del dióxido de carbono, la sobrepesca o el reto de la minería submarina.

Sin embargo, para la entrada en vigor del tratado se necesita la ratificación de 60 países, tras haber logrado el visto bueno de sus respectivos parlamentos, algo que por ahora solo han ejecutado unos quince estados. «Necesitamos que todos los países se sumen y que entre en vigor lo antes posible«, ha apuntado Aagesen. La idea de la Unión Europea es lograr reunir esa cifra de cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano que se celebrará en Niza a principios de junio.

A nivel nacional, ya hay un 21% de la superficie marina bajo alguna figura de protección ambiental, ha explicado Aagesen. «Este año queremos llegar al 25% y al 30% en 2030».