Dos colegios renuncian al concierto en Cataluña para poder seguir separando a sus alumnos por sexo

Están ubicados en la provincia de Barcelona, relacionados con la Prelatura del Opus Dei, y han tomado la decisión de «garantizar su proyecto educativo, aunque esto pueda implicar la pérdida de financiación pública». Retirar el concierto a los centros que separan por sexos era uno de los objetivos que se marcó ERC cuando desembarcó en la consejería de Educación en 2022. Con el republicano Josep Bargalló al frente del departamento, la Generalitat aprovechó la baza de la nueva ley estatal (Lomloe) para materializar su propósito: retirar el dinero público de estas escuelas. Aprovechando que vencía la renovación de los conciertos en la etapa de Secundaria, los centros relacionados con el Opus Dei con enseñanza diferenciada (un total de diez en Cataluña), tuvieron que elegir entre perder el concierto o seguir separando a alumnas y alumnos en sus clases. La mayoría optó por mantener la financiación pública. Solo la escuelas Viaró y Camp Joliu decidieron seguir con educación diferenciada. Ahora, La Vall y La Farga se desmarcan y deciden prescindir de la subvención y no renunciar a su este sistema pedagógico.

Fuera ya de Cataluña, los colegios concertados que separan a sus estudiantes por sexo también se han visto forzados a decidir entre renunciar al dinero público o apostar por el modelo diferenciado. Recordamos que las escuelas que separan a alumnos de alumnas suponen en torno a un 1% de la totalidad de centros educativos en España (existen unos 70). Según cifras de CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza), más o menos la mitad de los centros que diferencian por sexos son concertados. Sin embargo, esta proporción se va reduciendo y está condenada a desaparecer.

Existe la salvedad de la Comunidad de Madrid, que decidió ampliar la caducidad de los conciertos hasta 2027 y de Andalucía, donde estos centros son de titularidad privada. Pero no es la norma general. En comunidades como Baleares, Navarra, País Vasco, La Rioja, Comunidad Valenciana, Cantabria o Cataluña (salvo los centros que se han desmarcado en esta última) los colegios que separaban por sexos han tenido que reconvertirse en mixtos para poder seguir recibiendo financiación por parte del Estado.

En País Vasco, no obstante, está el caso del centro Gaztelueta (en Bilbao), que ha optado por un modelo híbrido en el que la Primaria es mixta y, en la Secundaria, niños y niñas van a aulas distintas.

Como ha podido saber este diario, los equipos directivos de los colegios diferenciados españoles se han decantado por plantear directamente a los padres si desean o no realizar un esfuerzo económico extra para mantener el modelo educativo. En el caso de los colegios catalanes La Vall y La Farga, según fuentes del sector, «esto supondrá aumentar la cuota en torno a 80 euros». También es curioso el caso del colegio diferenciado Aderiz, que ha nacido este año en Pamplona por iniciativa de un grupo de padres. Un centro privado, que es una ‘rara avis’ en nuestro país.

Después de la aprobación de la última ley estatal de educación, la conocida como Ley Celaá, se interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional. El TC de Conde Pumpido se pronunció a favor de la doctrina que sentaba la Lomloe y que establece que la Administración puede incentivar el modelo educativo que considere mejor, en este caso, la coeducación. Esto es, se avaló la constitucionalidad de la educación diferenciada, pero en ningún caso se afirmó que fuera inconstitucional impulsar la coeducación. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aprobó un decreto regional que retrasa los efectos de la sentencia del Constitucional que impide a la Administración dar dinero público a centros que diferencian niños de niñas.

Escuelas Católicas y CECE, las dos grandes agrupaciones de la concertada en España, coinciden en que en nuestro país existe «una fuerte ideologización de la educación» y el modelo que separa por sexos «representa para ciertos sectores una vuelta al franquismo». Sin embargo, este sistema es reivindicado por los demócratas en Estados Unidos y goza de buena prensa en numerosos países europeos, entre los que destacan Reino Unido e Irlanda. Santiago García, al frente de CECE, expresa que «en última instancia, los que pierden son aquellos padres que quieren para sus hijos un modelo de educación diferenciado, pero que no pueden permitirse pagar un colegio privado».