Un documento del PSOE pide purgar a las feministas críticas con la ley Trans

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Érika Montañés

La nueva norma mantiene enfrentadas a dos facciones del partido desde hace más de dos años

Veteranas socialistas, de la llamada corriente clásica, tuvieron que formar sus propias plataformas civiles para denunciar en alto lo que estaba sucediendo. Ahora, un informe interno al que ha tenido acceso ABC y que se elevó a la Comisión Federal de Ética y Garantías en Ferraz pide expedientar (o expulsar del partido, en su caso) a estas militantes díscolas con la norma confeccionada por el Ministerio de Irene Montero. El documento pone nombres para que se las sancione en base a los requisitos de la Ley de Igualdad de Trato y quebrantar el Código Ético, así como que les conmine «a que cesen en sus actitudes hostiles contra el colectivo». Cita a Alicia Mirayes, Altamira González, Rocío León, Rosa Peris... y así hasta a 20 mujeres.

La voz más representativa de estas dirigentes era vicepresidenta del Gobierno. Carmen Calvo fue relegada de su cargo en el Ejecutivo de Sánchez 28 días después de que el Consejo de Ministros diese luz verde al proyecto de ley de Montero. Calvo también fue depurada hace un año como secretaria general de Igualdad en Ferraz y reemplazada por una diputada con un perfil menos controvertido, Andrea Fernández. En una reciente entrevista en ‘El Mundo’, la exvicepresidenta silenciada exhibió lo que ocurre hace meses, las fuertes presiones de unas contra otras; pero la contienda interna que genera la norma ha llegado al punto del absurdo.

En el documento se denuncian las declaraciones públicas realizadas por la exministra de Asuntos Sociales Matilde Fernández o la filósofa Amelia Valcárcel, presidenta de la asociación Femes (Feministas Socialistas), a quienes acusa de proponer medidas «con delirio y misoginia». Por eso, los denunciantes que no estampan su firma invitan a que el PSOE las censure porque sus palabras pueden ser constitutivas de «delitos de odio castigados por el Código Penal».

«Somos perfectamente conscientes de que se está intentando una clásica maniobra de entrismo en el partido», dice a ABC la catedrática Valcárcel, que ya no ostenta cargo orgánico en el PSOE. El entrismo es una táctica trotskista usada por grupos de la Cuarta Internacional para conseguir aliados que se radicalicen hacia posturas revolucionarias dentro de partidos reformistas.

También se reinterpretan en ese documento algunas manifestaciones de modo erróneo o «fantasma», como manifiesta a este periódico Ángeles Álvarez, porque se tacha una intervención suya en el Parlamento vasco de «transfóbica». Álvarez, a quien critican por «despreciar la verdad» cada vez que tuitea o habla, devuelve la pelota: «Nunca estuve en el País Vasco, ni de visita». «También les parece gravísimo que diga que una persona con genitalidad masculina no es lesbiana», repite la portavoz socialista de Igualdad que firmó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. «Lo digo y lo repetiré, porque es mi opinión».

Álvarez preside la plataforma Contra el Borrado de las Mujeres que ha trasladado a las fuerzas con representación en el Congreso (también se reunió con el PP) 24 enmiendas contra la ley Trans, cuya tramitación de urgencia se aprobó el pasado 8 de septiembre para que se convierta en ley «cuanto antes, antes de que finalice 2022», según la planificación de la ministra de Igualdad.

«Borrar a las mujeres» es el propósito de las normas del Ministerio morado, denuncian socialistas como Álvarez, vilipendiadas en el documento como «’terf’ o transexuales excluyentes» cuando arguyen que esa ley mina los derechos conquistados por las mujeres (en el deporte o la lucha contra la violencia de género, por ejemplo). Insisten en que no están dispuestas a perder parte de su legado feminista y hoy se manifestarán a las puertas del Congreso porque mañana empieza la tramitación de la norma. Según fuentes socialistas, el partido podría incorporar «enmiendas parciales» a dicha tramitación para modular en parte su adscripción a los postulados morados.

De acuerdo al mismo informe interno los partidarios de la ley Trans repasan cómo esas «militantes organizadas alimentan un discurso que sitúa al PSOE en una posición muy complicada frente a los colectivos LGTBI, que por primera vez se enfrentaron al partido, hasta entonces concebido como su ‘aliado natural’, por esta norma». Se refiere a que dos organizaciones, la Federación Estatal (FELGTB) y la Fundación Triángulo, conminaron a recuperar «el PSOE de Pedro Zerolo y no a uno que acoge al feminismo ‘terf’».

Para finalizar, se pide que se tomen acciones contra ellas porque -se explicita- esas mujeres están contraviniendo lo acordado en el Congreso socialista celebrado en Valencia en 2021, cuando pareció cerrarse esa herida y se estableció que la ley Trans «materializaría un compromiso histórico y programático también del PSOE». Pero la «hostilidad comenzó 24 horas después» del 40º Congreso Federal, cuando ese grupo de veteranas lamentaron que el PSOE se plegase a los postulados identitarios de género de Podemos.

La pregunta del millón es quién ha impulsado esta petición de purga porque el documento no está signado. Las acusadas de ser contrarias a la ley no señalan, pero fuentes consultadas apuntan a que «no hay duda de que se trata de Carla Antonelli y el secretario de Políticas LGTBI del PSOE», el waterpolista Víctor Gutiérrez como los máximos muñidores.