La argucia de Unidas Podemos para tramitar la 'ley Trans' con prisas y con el mínimo debate

Según han manifestado, y se quejan fuera de los micrófonos los integrantes de los partidos más pequeños, muchos diputados se van a quedar sin voz en este debate. ¿La razón? No van a permitir «una discusión parlamentaria amplia, profunda y temática sobre el impacto de la 'ley Trans' en la infancia y los derechos de las mujeres afectados por el texto». «La Alianza CBM insta a los partidos políticos a realizar propuesta de avocación, que permita que el Pleno reclame la competencia que de forma torticera le ha sido robada por la Mesa del Congreso a instancias del Gobierno«, dicen sus portavoces. La motivación no sería otra que dejar aprobada la norma antes del fin de la legislatura.

Tal y como publicó ABC, el pasado 8 de septiembre, la Mesa del Congreso aprobó la tramitación por vía de urgencia de la norma confeccionada por el Ministerio de Igualdad y que tantas reticencias ha despertado en los dos últimos años. Esa tramitación supone que se cede también a la Comisión de Igualdad la competencia legislativa plena, lo que supone que «no podrán votar esa norma todos los partidos representados en la Cámara», explican fuentes parlamentarias.

Y asienten las feministas: «Esta maniobra del Gobierno se pliega a la estrategia planificada desde los movimientos transactivistas cuyas recomendaciones para promover el reconocimiento legal de género fueron dadas a conocer por el periodista parlamentario y ex editor político de 'The Daily Telegraph', James Kirkup«. «Esos manuales -continúan- aconsejan que se aseguren de que ni los medios ni el público en general sepan mucho sobre los cambios que pretenden hacer y que afectan a los niños».

La propuesta del Gobierno supone que se permitirá que los niños alteren legalmente su sexo, sin la aprobación de un adulto y sin la necesidad de ninguna condición justificada por expertos. Según las mismas portavoces, «la opacidad para evitar que el gran público conozca el impacto real de esas leyes en la sociedad es la principal de las recomendaciones de estos 'lobbys' internacionales».

La iniciativa española no solo se tramitará por vía de urgencia. Además, el Gobierno ha pedido que la Comisión de Igualdad tenga la competencia legislativa plena, regulada en el artículo 148 del Reglamento del Congreso. Cuando se delega la competencia legislativa plena a la Comisión, los debates «se reducen a la mínima expresión» aunque haya comparecencias y se hurta el debate en el Pleno del Congreso, así como la votación final en que puedan participar todas las formaciones políticas, ya que en las comisiones no están todos los representados en la Cámara. En la actual legislatura hay 23 formaciones políticas (incluidos no adscritos) y 10 grupos parlamentarios que son los que cuentan con cupo en las Comisiones del Congreso. Ambas son decisiones «discrecionales» que acortan los plazos de tramitación a la mitad, subrayan las mismas fuentes consultadas.

Portavoces de la Alianza CBM han manifestado que si el Ministerio de Igualdad y el Gobierno no quieren que se conozcan las razones que han llevado a otros países, como Suecia o Reino Unido, a dar marcha atrás en iniciativas similares, serán ellas las que lleven expertas a las puertas del Congreso. También animan a los miembros de la Cámara Baja «a exigir acceso a las informaciones detalladas de responsables del sistema de salud británico o sueco, para que expongan por qué han dado marcha atrás con la prescripción de bloqueadores a menores; o de la doctora Emma Hilton, que ha mostrado a través de estudios amplios y rigurosos la persistencia de las ventajas biológicas de los varones en el deporte aunque reduzcan sus niveles de testosterona«.

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También es imprescindible -arguyen- la presencia de profesorado que está denunciando el impacto de los protocolos educativos, que les obligan a «detectar» y evaluar los comportamientos no sexistas como comportamientos disfóricos, obligándoles a derivar a los niños y niñas a asociaciones transactivistas que alimentan entre los menores transiciones sin valoraciones profesionales cualificadas.