El Defensor del Pueblo pide a los gobiernos más medios especializados para menores con problemas de salud mental

«Desde el Defensor del Pueblo se ha de hacer un llamamiento para que las administraciones sanitarias y sociales autonómicas competentes examinen en profundidad las capacidades de que disponen para atender los problemas emergentes y más graves de salud mental en la población infantojuvenil», recomienda el informe, que insiste en que «un adecuado tratamiento a tiempo se podría evitar el agravamiento de las patologías menos severas o la cronificación».

Falta de plazas en centros especializados y de profesionales y listas de espera eternas para acceder a ayudas o apoyo son quejas recibidas este último año por las familias... Entre los casos, un ejemplo: la «situación insostenible» de una madre desesperada que cuida sola de su hijo con discapacidad intelectual (trastorno del espectro autista) y trastorno grave de conducta con una discapacidad reconocida del 68 % y una situación de dependencia de grado II. «Se encontraba a la espera de que se le asignaran una plaza en un centro especializado adecuado a sus necesidades, desde hace más de dos años. Ella explicó en su queja que su hijo acudía a un centro de día, pero el manejo de la conducta en el domicilio resultaba muy difícil y expresaba su desesperación por la agresividad del menor cuando padece una crisis y por las amenazas de daño autolítico que verbaliza», relatan en el documento.

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El Informe hace además tres recomendaciones a las administraciones para intentar la revertir situación de desprotección de estos menores y sus familiares. En primer lugar, reclaman a las administraciones más profesionales y más recursos terapéuticos especializados para los menores para que «ante las primeras manifestaciones de problemas de salud mental, las familias puedan acudir con prontitud y con la suficiente frecuencia a las consultas, con plazos de atención garantizados, sin las prolongadas esperas que se dan en muchas áreas de salud en la actualidad».

Como complemento al punto anterior, el Defensor del Pueblo pide que los sistemas sociales de las administraciones dispongan de «una oferta asistencial suficiente para abordar los casos más complejos de problemas de salud mental y discapacidad en adolescentes y jóvenes, así como la patología dual y los trastornos de la conducta alimentaria, diseñando y acordando, si es preciso, una red de recursos específicos de referencia autonómica o estatal para la atención a la salud mental infantojuvenil multidisciplinar e intensiva». Por último, insisten a los gobiernos en que sigan «fortaleciendo la coordinación entre los servicios sanitarios y los de atención social en esta materia».