El Defensor del Pueblo investigará el asesinato de la educadora social en el piso de menores de Badajoz
El Alto Comisionado de las Cortes Generales iniciará el trabajo de oficio para esclarecer la muerte de Belén Cortes y se reunirá con el Consejo General de Educadoras y Educadores Sociales para abordar la inseguridad y precariedad del sector
Los policías piden bajar la edad penal del menor pero los jueces niegan que sea «la solución mágica»
El brutal asesinato en Badajoz de la educadora social Belén Cortés, en un piso de cumplimiento de medidas judiciales para menores que han delinquido, en el que están implicados tres adolescentes de 14, 15 y 17 años, será objeto de una investigación de oficio ... por parte del Defensor del Pueblo, institución encabezada por Ángel Gabilondo.
La actuación se inicia dada la «situación de gravedad», según informan desde la oficina del Defensor del Pueblo, debido a que la víctima ya había denunciando agresiones y amenazas y no fue apartada de la supervisión de los menores a pesar de que tenían un perfil conflictivo y violento y uno de ellos era multirreincidente.
El Alto Comisionado de las Cortes Generales va a solicitar también información sobre este trágico suceso a la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, así como más datos para conocer la situación del sector. Mientras, la investigación judicial tras la muerte de Belén Cortés sigue su curso natural.
El Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) ha solicitado por su parte una reunión con Ángel Gabilondo y desde la institución ya confirman que la cita está prevista para la próxima semana. Desde el Defensor del Pueblo explican que servirá para abordar «las condiciones de su trabajo y la normativa autonómica y estatal vigente en materia de protección social, de derechos laborales y seguridad, y el papel de las administraciones al respecto».
Al hilo del trágico suceso, ABC publicó la semana pasada unas declaraciones de la presidenta del CGCEES, Lourdes Menacho Vega, donde denuncia la inseguridad de las trabajadoras de lo social y exige al Gobierno una normativa estatal para dignificar la profesión. «Es un sector feminizado, muy precarizado con salarios bajos y condiciones ampliamente mejorables. Los convenios laborales no prevén las situaciones que se viven en los centros», reprochó Menacho Vega en páginas de este diario.
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