El Defensor del Pueblo ha atendido a 201 víctimas de abusos en el seno de la Iglesia desde julio

Es la primera vez que el Defensor del Pueblo hace públicos los datos sobre la investigación que le encargó el Congreso de los Diputados, a iniciativa del PSOE y PNV y con el respaldo de la mayor parte de la Cámara. Aunque la proposición no de ley fue aprobada el 10 de marzo, el equipo de trabajo no arrancó a funcionar hasta el 5 de julio, cuando Ángel Gabilondo reunió por primera vez a la comisión de expertos. Unos días antes había presentado en la Cámara Baja las líneas de trabajo.

A pesar de que los trabajos se han desarrollado en periodo de verano, el Defensor del Pueblo se ha mostrado «satisfecho con el ritmo de llegada de los testimonios y con la cantidad de víctimas que se han dirigido a nosotros». Gabilondo también ha explicado que «lo que realmente nos importa y preocupa, más que el número, es escuchar a las víctimas y hacerlo con respeto, con seriedad, con discreción y con confidencialidad. Las víctimas que decidan contactar con nosotros pueden contar con ello. Y, a partir de ahí, elaborar un informe con consideraciones, propuestas y sugerencias que será trasladado al Congreso».

Los cifras han sido trasladados a la Comisión Asesora, que este martes se ha reunido por segunda vez en la sede del Defensor de Pueblo. Los testimonios de las víctimas han sido recogidos por teléfono, por correo electrónico, por correo postal o a través de la página web del Defensor del Pueblo. De todas las víctimas, 67 han sido entrevistadas por los técnicos especializados de la UAV, contratados para este fin.

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A partir de los datos, la Comisión debe elaborar un informe que elevará al Congreso de los Diputados. Su tarea será «determinar hechos y responsabilidades, proponer procedimientos de reparación a las víctimas e impulsar medidas de prevención y protocolos de actuación para evitar que esto pueda volver a suceder», según informó al Congreso Ángel Gabilondo. No obstante, precisó que «no es un tribunal» ni se trata de llegar a elaborar una «sentencia». El plazo inicial para estos trabajos es de un año, aunque Gabilondo ya anunció que si era necesario y el Congreso lo consideraba oportuno, se podría prolongar.

De forma paralela, desde febrero, funciona también la auditoría encargada por la Conferencia Episcopal Española al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, que también ha constituido un equipo de trabajo. Según fuentes del despacho, hasta la fecha llevan registrados más de mil casos, entre los 506 facilitados por la propia Iglesia católica, medios de comunicación y los que se han puesto en contacto de forma directa.

De ellos, alrededor de un centenar, se trata de denuncias nuevas, de las que no se tenía constancia hasta el momento. Según fuentes del despacho, la mayoría de los casos se refieren a abusos cometidos en los años 70 y 80 del siglo XX. Aunque ambas comisiones mantienen una línea de comunicación, todavía no ha habido una transferencia de datos, por lo que es muy posible que parte de las 201 denuncias presentadas este martes por el Defensor del Pueblo, ya estén recogidas previamente.