Cuba ratifica en referéndum el matrimonio homosexual y la gestación subrogada

Aunque al cierre de esta edición no había concluido el recuento de papeletas en algunas zonas de tres provincias del país, el Consejo Electoral Nacional informó que los resultados preliminares anunciados eran «válidos e irreversibles» por el Sí al nuevo Código de las Familias en Cuba. Según los datos, el 66.87 % votó por el Sí, mientras que un 33.13 % lo hizo por el No.

De un total 8.447.467 electores en todo el país, solo ejercieron el derecho al voto el 74,01%; o sea, casi un 26% no acudió a las urnas: más de 2 millones de cubanos. Entre los que asistieron a las urnas y votaron No, y los que se abstuvieron, más el total de papeletas no válidas, se estima que un 53, 33% (4 millones y medio) del padrón electoral «rechazó el Código o no participó en el paso final asociado a su aprobación», considera el periodista independiente y cristiano Yoe Suárez.

Por tanto, esta es «la política estatal más impopular en seis décadas. En verdad ganaron el Yo No Voto y el Yo Voto No», aseguró Suárez. Por su parte, «Transparencia Electoral», una organización que promueve «elecciones íntegras y equitativas en las Américas», afirmó que se trata de la participación más baja en un referendo y en una elección desde 1959.

«Como en cada elección en Cuba, no hay controles cruzados ni auditorías independientes por lo que lo que anuncia el Consejo Electoral no es contrastable. En un contexto totalitario, con el Partido Comunista usando toda la estructura del Estado para promocionar la participación y el voto por la aprobación del Código de las Familias, que el 49% del padrón se abstuviera o votara en contra (confiando en datos oficiales) es un hito en la Isla», aseguró la organización. Asimismo, se trata de los resultados «más disputados en una elección» desde 1959. Para Suárez, «este resultado es una gran derrota para los impulsores del Código, y para el Gobierno; tristeza, cada vez está más solo».

Pese a toda la polémica que se ha generado en los últimos meses, fundamentalmente en redes sociales —pues los medios oficiales mostraban solo las versiones favorables—, el régimen cubano convirtió en ley el nuevo Código de las Familias, al publicarlo en la Gaceta Oficial.

Las visiones estuvieron divididas: quienes abogaban por el «matrimonio igualitario» defendían el Sí, mientras que gran parte de los sectores conservadores y de la oposición promovieron el No o la abstención como forma de deslegitimar un proceso como este en dictadura, así como para defender el derecho de los padres a determinar la educación de sus hijos. Precisamente, dos de los aspectos más rechazados fueron la sustitución del término «patria potestad» por el de «responsabilidad parental» lo cual representa una mayor intromisión del Estado en las familias.

Al ser aprobada la norma, se impone la «educación inclusiva» en las escuelas, algo que fue rechazado el pasado año por miles de familias. En un mes, mediante la campaña «A la escuela, pero sin ideología de género», los padres y tutores legales reunieron 140.000 firmas que presentaron, ante la resolución del ministerio de Educación que imponía el enfoque de género en las escuelas. Esto constituye un suceso sin precedentes en Cuba, nunca antes un proyecto de oposición había logrado similar respaldo, ni siquiera el Proyecto Varela, el cual logró reunir 11.200 firmas; y estas personas las reunieron de puño y letra, casa por casa, y sin siquiera tener acceso a los medios de comunicación.

Si los padres se opusieran ahora esta «educación inclusiva» podrían ser privados de la responsabilidad parental, pues estarían violando uno de los deberes establecidos en este Código (artículos 138 y 191). Se refuerza, además, la autoridad del Estado para privar —en este caso— de la responsabilidad parental a padres opositores políticos. En el artículo 191 se establece que pueden ser privados en casos en los que se observe una «conducta viciosa, corruptora o delictiva».

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Para el periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones, este Código evidencia que toda la actividad legislativa de la Asamblea Nacional desde 2019, se ha centrado en institucionalizar aún más el poder del Estado sobre toda la sociedad y las familias cubanas.